La organización Human Rights Watch ha urgido este miércoles al Gobierno de Sri Lanka ha retirar “de inmediato” una orden que permite hasta dos años de detención sin juicio por causar “falta de armonía religiosa, racial o comunitaria”, una legislación que amenaza a las minorías.
Según la organización el Reglamento de Prevención del Terrorismo, en el que se enmarca esta orden, emitido el 9 de marzo amplía “la draconiana y abusiva Ley de Prevención del Terrorismo” y permitirá al Gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa “atacar más fácilmente a las minorías religiosas y raciales, en violación de sus derechos básicos”.
Este nuevo reglamento permite a las autoridades, en términos generales, detener y “rehabilitar” a cualquier persona que “mediante palabras habladas o destinadas a ser leídas o mediante signos o representaciones visibles” provoque la comisión de violencia o “falta de armonía religiosa, racial o comunitaria o sentimientos de mala voluntad” u hostilidad entre “diferentes comunidades o grupos raciales o religiosos”.
En lugar de ser juzgado, el sospechoso se enfrenta a la detención en un “centro de reintegración” hasta durante un año, una pena que puede ser ampliada por otro año por el ministro de Defensa, cargo que actualmente está ostentado por el presidente Rajapaksa.
“El Gobierno de Sri Lanka ha agregado una nueva arma a su arsenal de leyes abusivas, poniendo a las minorías religiosas y raciales en mayor riesgo de tortura y detención prolongada sin juicio “, ha precisado el director de Human Rights Watch para el sur de Asia, Meenakshi Ganguly.
La Administración de Rajapaksa, continúa HRW, ha utilizado la Ley de Prevención del Terrorismo y otras leyes para “atacar a miembros de comunidades minoritarias, especialmente musulmanes y tamiles, sin tomar ninguna medida contra quienes incitan a la violencia y la discriminación contra grupos minoritarios”. También se ha atacado a la relativamente pequeña comunidad cristiana de Sri Lanka.
Entre los detenidos actualmente en virtud de la ley se encuentran Hejaaz Hizbullah , un abogado musulmán de Derechos Humanos que ha estado detenido desde el 14 de abril de 2020, y Ahnaf Jazeem, poeta musulmán que se encuentra detenido desde el 16 de mayo de 2020 por un libro de versos que promueve la paz y la tolerancia.
En lugar de “abordar las preocupaciones de la ONU mediante la derogación de la notoria Ley de Prevención del Terrorismo, la Administración de Rajapaksa la está adoptando con fuerza”, ha incidido Ganguly.
El director para el sur de Asia de HRW hace referencia a las recientes preocupaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ante las “señales claras de alerta temprana de violaciones futuras”.
De hecho, el consejo estaría estudiando adoptar una resolución que fortaleciera el monitoreo del “deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Sri Lanka” y crearía un mecanismo para recopilar y analizar pruebas de violaciones para su uso en futuros procesamientos.
Otra de las polémicas que ha sacudido Sri Lanka en las pasadas semanas ha sido la intención de prohibir el velo islámico, con el pretexto de que esta prohibición está justificada por motivos de “seguridad nacional”, así como de cerrar más de 1.000 escuelas islámicas del país, acciones que supondrían “una grave violación de derecho a la libertad religiosa”, recuerda la ONG.
