El Gobierno chino redobló la represión y la censura en 2021 y utilizó su política de ‘tolerancia cero’ contra la covid para fortalecer aún más su autoridad, destaca hoy el informe anual de la ONG Human Rights Watch, que denuncia también la “destrucción” de las libertades civiles en Hong Kong.
“El Gobierno redobló la represión en 2021 y utilizó su política de ‘tolerancia cero’ contra la covid para fortalecer su autoridad, imponiendo medidas muy duras en nombre de la salud pública”, indica la organización con sede en Nueva York.
En concreto, HRW cita detenciones de ciudadanos tras criticar al régimen comunista por sus políticas para contener la pandemia, con más de 600 arrestos por “alterar el orden público” y “buscar pelea y provocar altercados”.
La ONG también denuncia “tácticas abusivas” de las autoridades locales para forzar a ciudadanos a vacunarse contra la covid con el objetivo de engordar las estadísticas de inoculados.
Asimismo, muestra su preocupación por la ciudadana Zhang Zhan, condenada a cuatro años de prisión por difundir información sobre la situación en Wuhan tras el estallido de la pandemia, y que en 2021 enfermó gravemente al comenzar una huelga de hambre.
Otro “reportero ciudadano” que también informó sobre los primeros compases de la pandemia, Fang Bin, continúa en paradero desconocido tras haber sido detenido en abril de 2020, recoge HRW.
En 2021, señala la ONG, el Partido Comunista Chino (PCCh) “extendió el castigo a los activistas”, entre ellos quienes tratan de defender los derechos humanos, abogados laboralistas y periodistas.
También revelan una mayor censura y la desinformación propagada a través de las redes hasta el punto de que “Internet está ahora dominado por voces progubernamentales que denuncian ante las autoridades a aquellas personas que expresen puntos de vista que no sean considerados lo suficientemente nacionalistas”.
Un creciente número de personas recibió castigos por criticar al Ejército en Internet, según HRW, al tiempo que continuó una intensa campaña para “promover los valores socialistas” que provocó el ostracismo virtual de decenas de famosos o la aprobación de directrices para que el sector audiovisual no muestre hombres “afeminados”.
La ONG acusa a Pekín de impulsar una agenda conservadora, con menos espacio para el colectivo LGBT -con decenas de cuentas en redes sociales censuradas- o para que las mujeres puedan defender sus derechos, asuntos que han pasado a ser todavía más “sensibles”.
HONG KONG Y XINJIANG, FOCO DE LAS CRÍTICAS
Respecto a Hong Kong, la ONG denuncia que las autoridades locales y centrales tomaron medidas “agresivas” para “destruir” las libertades civiles.
Entre ellas, “arrestos arbitrarios de activistas prodemocráticos” a los que acusó de subversión, citando más de 150 personas que fueron detenidas por violar alguno de los supuestos de la Ley de Seguridad que Pekín impuso en 2020 para la ex colonia británica.
“Hong Kong tenía instituciones semi-democráticas y ahora son meros aprobadores de lo que se decida en Pekín. Docenas de organizaciones de la sociedad civil tuvieron que disolverse en 2021. También atacaron la libertad de prensa”, asevera el informe, que destaca igualmente la censura en los ámbitos cultural y educativo.
En la región de Xinjiang -de mayoría étnica uigur-, la ONG reitera que las autoridades chinas cometieron prácticas tales como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas, vigilancia masiva, separación de familias, retornos forzosos a China, trabajos forzados, violencia sexual y violaciones de los derechos reproductivos.
Según la ONG, todo esto supone “un crimen contra la humanidad”.
Pekín ha negado siempre todas las acusaciones, si bien HRW critica que las autoridades han tratado de limitar aún más el acceso a la región durante el último año de pandemia.
HRW también critica la situación en el Tíbet, donde indica que se ha restringido gravemente el derecho a la libertad religiosa, y que se ha detenido a tibetanos a los que se acusa de “socavar la unidad nacional”.
Asimismo, el informe reprocha la falta de transparencia o el impacto medioambiental de la iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda, así como la ausencia de políticas efectivas para que el país cumpla con los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global.
Se denuncia igualmente la “diplomacia de rehenes” llevada a cabo con el arresto de los ciudadanos canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor, finalmente liberados de China al mismo tiempo que la directora financiera de Huawei, Meng Wuanzhou, regresaba al país asiático tras su detenciuón en Canadá a petición de Estados Unidos, que reclamaba su extradición.
Por último, la asertiva política exterior de China, dice HRW, hizo que haya aumentado considerablemente “la percepción negativa del país” en 2021, y advierte de que sus inversiones puedan estar provocando trampas de deuda en los países en desarrollo.
