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Huir a España para evitar que una hija sufra mutilación genital femenina

Tras ser sometida a la ablación con ocho años y obligada a casarse con 15, Isatu decidió migrar a España con su hija desde Sierra Leona, donde han recibido protección por razones de género.

En tiempos de guerra acudir a una fiesta no es lo más habitual. Pero cuando el conflicto se prolonga durante más de una década como ocurrió en Sierra Leona (1991-2002), cualquier situación cotidiana como compartir momentos con familiares y amigos hace más llevadera la tragedia. Por eso para Isatu, que entonces tenía ocho años, no fue extraño que su abuela la llevara a una fiesta. Lo que nunca imaginó es que se convirtiera en el momento más aterrador de su vida.

“Llegamos a un pueblo, había muchas más niñas y mucha comida, incluso carne, y nos decían que comiéramos bien. Después, ya de madrugada, nos llevaron a un cuarto muy grande y nos cogieron una por una. Me taparon los ojos, me agarraron con fuerza los brazos y las piernas y me quitaron la ropa rápidamente”, cuanta esta superviviente de mutilación genital femenina.

“Ahí fue cuando noté que me cortaban, pero no podía moverme, ni siquiera gritar porque tenía la boca tapada. Sentí como un cuchillo. Me cortaron el clítoris y los labios menores y después me cosieron”, detalla Isatu, quien aún recuerda cómo le castañeaban los dientes tanto por el miedo como por el intenso frío en esa noche de diciembre de 1995. “Hacían ‘ti, ti, ti”, explica. Pese al terrible dolor, nadie la consoló. En ese mismo cuarto murieron dos niñas.

Al igual que Isatu, alrededor de 200 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido ablación, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Se trata de una práctica que comprende la escisión total o parcial de los órganos genitales femeninos o los lesiona por motivos no médicos. Puede producir desde hemorragias graves y problemas urinarios a infecciones y complicaciones en el parto, entre otros problemas. En otras ocasiones la ablación genital conlleva la muerte.

Boko Mohammed, una “mutiladora profesional”, sostiene la cuchilla que ha utilizado durante años para practicar la ablación en su comunidad. Ya no la utilizará nunca más porque ha dedicido abandonar la práctica. | Foto: Unicef.

El dolor posterior

Isatu tardó muchos años en huir de Sierra Leona. Después de ser mutilada a los ocho años, con 15 la obligaron a casarse con un hombre mucho más mayor con quien tuvo dos hijos: primero una niña y luego un niño. “Ni siquiera sé qué edad tenía exactamente, una mujer allí no pregunta esas cosas”, relata. Cada vez que mantenía sexo con él, el dolor que le provocaban las lesiones de la mutilación “era insoportable y siempre tenía miedo”, recuerda. “Mi vagina estaba prácticamente cerrada, y hasta que te acostumbras, la penetración es muy dolorosa”.

Ella quería estudiar y acudía a clase. Fue al instituto y a la Universidad, donde llegó a cursar los dos primeros años de Enfermería en Freetown, pero cada vez que volvía de clase su marido la golpeaba. No estaba de acuerdo con que estudiara y mucho menos con que pudiera estar acompañada de otros hombres. Un día se llevaron a su hija, cuando apenas tenía dos años de edad. También intentaron mutilarla aunque, cuenta, “solo pudieron quitarle una pequeña parte, no estaba bien hecho”. Le advirtieron que, cuando la niña creciera, lo volverían a repetir. “Ahí supe que me tendría que ir, no iba a permitir que se lo hicieran”.

El viaje a España

Tras la muerte de su marido en 2015, a Isatu la quisieron casar con su cuñado, pero no estaba dispuesta a hacerlo. Logró vender dos terrenos que tenían y con ese dinero decidió escapar. No sabía dónde ir, pero tenía claro que debía abandonar Sierra Leona. “Escapé porque no iba a permitir que a mi hija la mutilaran del todo ni su matrimonio forzado. No quería que pasase por lo mismo que yo”.

En el camino alguien le recomendó poner rumbo a España, pero el viaje duró dos largos años cargados de toda clase de obstáculos y abusos. Primero llegó a Guinea Conakry para después pasar por Malí, Argelia y Marruecos. Isatu fue violada en varias ocasiones, una de ellas frente a sus hijos, aunque por suerte, dice, no le robaron el dinero que llevaba. Lo guardó en el pañal de su hijo porque de haberlo guardado en la vagina, asegura, lo habrían encontrado.

En Marruecos permaneció un año y medio, trabajó en lo que pudo y muchas noches dormía en el bosque con sus hijos. El dinero se había terminado. Un día le avisaron de que cruzarían a España en patera, pero solo lo logró el grupo en el que iba su hija, por lo que ella y su hijo pequeño continuaron más tiempo en Marruecos. Se habían separado e Isatu estaba desesperada. “Pensaba que mi hija se había muerto”, dice entre lágrimas al recordarlo.

Tiempo después, lograron ponerse en contacto y, al cabo de un tiempo, Isatu y su hijo también llegaron a España. Era 2019. “Entré sin zapatos porque me los tuve que quitar al subir a la patera”.

Isatu tiene ahora 34 años y vive en Sevilla junto a sus hijos, acogida en un alojamiento de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a través del programa estatal de protección internacional. El año pasado fue reconocida con el estatuto de refugiada. “Mi vida ha mejorado mucho, es tranquila, y estoy muy agradecida”, asegura. Ahora trabaja en la cocina de un hotel y confía en poder ahorrar algo e ir construyendo un futuro mejor. Su próximo reto es volver a la universidad.

Motivo de persecución por género

Entre las causas que justifican el asilo en España se encuentra la persecución por motivos de género, y dentro de esta, figuran tanto la Mutilación Genital Femenina (MGF) como el matrimonio forzado. “Que el género sea un motivo de reconocimiento de la protección internacional ha sido fruto de una lucha que hemos llevado a cabo durante años entidades como CEAR. Afortunadamente, en este momento es una situación que cuenta con un reconocimiento amplio”, explica a elDiario.es Lourdes Navarro, responsable jurídica de CEAR en Sevilla.

Según datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, los principales motivos de persecución por los que se reconoció el estatuto de refugiado en España en 2020 son las opiniones políticas (33%), el género (31%), la orientación sexual/identidad de género (16%) y la pertenencia a grupo social determinado (13%). Es decir, casi la mitad de las solicitudes resueltas, un 47%, ha sido por motivos de género.

Las sobrevivientes de la mutilación genital que han llegado hasta CEAR en los últimos años proceden fundamentalmente de Costa de Marfil, Guinea Conakry, Sierra Leona y Guinea Bissau. Sin embargo, esta práctica se produce en muchos más lugares.

Según la ONU, se concentra en cerca de 30 países de África y de Oriente Medio y Asia meridional y persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.

En 2019 el Gobierno de Sierra Leona, que tenía una de las mayores tasas de ablación del mundo, prohibió la mutilación genital femenina en el marco de unas medidas contra las ceremonias de iniciación por parte de sociedades secretas.

Es una norma que Isatu celebra, pero considera difícil que se cumpla en todo el país, pues en determinadas zonas rurales la presión de la familia y los vecinos es muy fuerte y aún consideran esta práctica como una fiesta. En ese sentido, la ONG Plan Internacional destaca la importancia de trabajar en todos los ámbitos de actuación, “desde las niñas, que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a las mujeres y las familias, pero también los líderes comunitarios y religiosos, el profesorado y los gobiernos”, indica a elDiario.es Alba Cuadra, experta en género en emergencias de esta organización.

La existencia de leyes como la de Sierra Leona es, dice, “un logro enorme, pero también es necesario seguir trabajando en prevención e información para generar concienciación”, porque el factor común en esta “práctica terrible es el machismo y el patriarcado”.

Más dificultades con la pandemia

Con motivo del Dia Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra este 6 de febrero, Plan Internacional advierte de que la pandemia ha aumentado el riesgo de que niñas y mujeres en todo el mundo sean sometidas a esta práctica. Se estima que 70 millones de niñas y mujeres podrían sufrir mutilación genital, dos millones más de lo que estimaba antes del coronavirus.

La COVID-19 ha colapsado los sistemas de salud de todo el mudo y ha obligado al cierre de escuelas, lo cual ha tenido un impacto devastador en la tasa de ablación. “Las escuelas han estado cerradas durante mucho tiempo y ese era un espacio seguro y de protección para las niñas, lugares donde se pueden identificar y prevenir estos casos. También influye que los servicios sanitarios estuvieran saturados por casos de COVID, porque los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres han quedado los últimos en la fila”, explica Cuadra. Cuando hay escasez de recursos en las familias, los matrimonios forzados infantiles también aumentan “y para casarte en muchas comunidades existe la creencia de que tienes que estar mutilada”, añade la experta.

Aunque la ONU ha fijado el objetivo de erradicar la mutilación genital femenina en 2030, solo se ha comprometido el 11% de la financiación de la ayuda al desarrollo necesaria para ello, por eso las ONG inciden en que hay que priorizar recursos para poder asegurar a mujeres y niñas una vida libre de violencia en todo el mundo.

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