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A nuestro juicio, la solución debe ser radical: la publificación de la red privada-concertada para que la escuela pública vasca sea laica, intercultural, interclasista siempre teniendo como idioma vehicular el euskara.
Este sábado 5 de noviembre participaremos en la manifestación a favor de la escuela pública vasca que se celebrará en Bilbao. Nos sumaremos a la convocatoria para mostrar nuestro rechazo ante un anteproyecto de ley vasca de educación que protege el negocio de la educación privada, a pesar de que las normas, tratados y leyes que rigen nuestro maltrecho estado de bienestar entienden que el acceso a una enseñanza pública y gratuita es un derecho.
Un derecho básico y universal que, si se dan las condiciones objetivas para ejercerlo, cohesiona la sociedad porque asegura el principio de igualdad de oportunidades. Estar en contra, esto es, fomentar a través de una ley que más de la mitad de los centros educativos vascos sean privado-concertado es, en la práctica, apostar por una sociedad que niega que la educación sea el mejor instrumento para compensar las desigualdades de partida del alumnado.
Además, esta ley se anuncia en un momento especialmente delicado: se están agrandando las desigualdades sociales, la pandemia ha agudizado el individualismo y el conflicto en Ucrania se ha traducido en una devaluación brutal de los sueldos. Está en el aire eso de “sálvese quien pueda”.
Más de la mitad de la población elige no mezclarse con población gitana y migrante, todo ello con subvenciones de dinero público otorgadas con el fin de garantizar la financiación gratuita también en los centros privado-concertados
A esto hay que sumarle algo propio del ADN de la sociedad vasca: creerse con el derecho a elegir centro escolar para las criaturas, algunos en nombre de sus creencias religiosas, otros en defensa del idioma y la cultura vasca y, los que forman parte de la élite, simplemente para preservar sus privilegios de clase. Así las cosas, más de la mitad de la población vasca elige no mezclarse con población gitana y migrante, todo ello con subvenciones de dinero público otorgadas con el fin de garantizar la financiación gratuita también en los centros privado-concertados, hecho que jamás ha ocurrido en la CAV.
Mientras tanto, desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco se quiere impulsar un Pacto contra la segregación escolar en 2023 para corregir la desequilibrada distribución-concentración en determinados centros de alumnado empobrecido. A nuestro juicio, la solución debe ser radical: la publificación de la red privada-concertada para que la escuela pública vasca sea laica, intercultural, interclasista siempre teniendo como idioma vehicular el euskara. ¿A qué están esperando las fuerzas de izquierda para defender la educación pública desde los cero años hasta la universidad?