En el actual sexenio las cosas en materia de Estado laico no han ido por buen camino. Así lo demuestra la cantidad de atropellos al carácter laico del Estado por parte de varios servidores públicos de todos los partidos políticos.
Han sido tantas y tan graves las violaciones a la laicidad del Estado mexicano, que la organización República Laica demandó ante la Secretaría de Gobernación a varios funcionarios públicos. A continuación, la lista parcial de los servidores públicos demandados por conductas violatorias de los artículos 40 y 130 de la Constitución, en los que se establecen los principios de laicidad y separación del Estado y las iglesias:
Aparte de la alcaldesa de Monterrey, en esa lista figura el presidente Enrique Peña Nieto; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y el Estado de México, César Duarte, Javier Duarte de Ochoa, y Eruviel Ávila, respectivamente (Vera, 2013).
Después de esta demanda, a la que Gobernación parece haber dado carpetazo, han continuado las embestidas a las leyes en materia de Estado laico y libertad religiosa. La violación más notoria fue la del actual gobernador de Guanajuato, quien consagró su estado al Sagrado Corazón de Jesús, mostrando absoluto desprecio a nuestra Carta Magna. Aquí el acto de consagración del estado de Guanajuato por parte de este servidor público:
Le entrego a Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos en este Estado (…) Le pido a Dios que nos ayude a cambiar todo lo que no sea de Él. Yo, Miguel Márquez Márquez, como gobernador del estado de Guanajuato, declaro este juramento delante de Dios, del pueblo y de María Santísima. Amén (Álvarez, 2017).
Por la gravedad de esta violación a la ley, los medios de comunicación y diversos funcionarios criticaron duramente al mandatario guanajuatense, y pidieron la intervención de la Secretaría de Gobernación, una instancia cuya tibieza ha permitido la impunidad de la mayoría de estos atentados contra la laicidad.
Sobre el proceder de Miguel Márquez, esto dijo Beatriz Manrique, coordinadora de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
En una interpretación estricta hay una violación al artículo 130 constitucional y a la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, en donde habla de que las “autoridades no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público” (Álvarez, 2017).
A esta lista podríamos añadir a funcionarios que participan en procesiones religiosas, que destinan dinero público para obras religiosas, que introducen imágenes religiosas en espacios públicos, que construyen monumentos religiosos en espacios públicos, injerencia de clérigos católicos en temas de política electoral, asistencia de autoridades con carácter oficial a actos religiosos de culto público, etcétera.
Mi preocupación es que el desprecio a la ley y al Estado laico nos lleve a un futuro en que veamos a las autoridades de Gobierno realizando acciones de ecumenismo religioso, y que esta situación vaya a generar peores casos de discriminación religiosa que los que se han dado en las últimas décadas. Me preocupa, asimismo, que esas violaciones vayan a poner en riesgo las conquistas liberales que fueron logradas con sudor y sangre en el tiempo de Benito Juárez y los hombres de la Reforma. Me refiero, evidentemente, a la separación del Estado y las Iglesias, a la educación laica y a la libertad de culto, entre otras.
Los mexicanos necesitamos saber por qué razón el Poder Legislativo sigue sin crear la ley reglamentaria del artículo 40 constitucional, lo que permitiría que funcionarios públicos y clérigos transgresores del Estado laico sean debidamente sancionados.
Armando Maya Castro
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