Constituye un retroceso para el país en términos de lucha contra la corrupción.
Históricamente, la religión ha tenido un papel importante en la historia política de Guatemala, unas veces más, otras veces menos. En el caso de la Iglesia católica, esta fue determinante durante la Colonia y ha estado muy cercana a la mayoría de los gobiernos que se han sucedido durante el periodo republicano. Recordemos algunos momentos trascendentales en donde los arzobispos se involucraron de lleno en temas sumamente complejos, como la Contrarrevolución de 1954, cuando el arzobispo Mariano Rosell y Arellano se alió a la extrema derecha, a los militares y a los grupos de poder: enviando mensajes en contra del comunismo, incluso desde el púlpito; declarando comandante del ejército liberacionista al Cristo de Esquipulas, famoso entre la feligresía católica, y, sobre todo, guardando sepulcral silencio cuando a partir de aquellos eventos estalló la violencia política y social. En tiempos más recientes, el entonces arzobispo Quezada Toruño, cuando se discutió en el Congreso una legislación a favor de la planificación familiar y otros derechos, llegó a comparar una pastilla anticonceptiva con una bala, para desincentivar su aprobación.
Por otro lado, desde la década de 1990, las iglesias protestantes empezaron a tomar mucha fuerza, al punto de que se considera que, a la fecha, la mitad de la población profesa la religión evangélica. Una de las características más importantes de estas iglesias es que muchas de ellas han logrado acumular grandes fortunas y tienen presencia en casi todo el territorio nacional, supliendo muchas veces al Estado en cuanto a presencia y liderazgo entre sus fieles. Lo anterior ha llevado a sus dirigentes a participar activamente en puestos dentro del Ejecutivo, en el Congreso de la República y en otros espacios importantes de poder político, muchos de ellos salpicados de corrupción, impunidad y demás males que subsisten en esta endeble democracia. Durante los últimos dos gobiernos, incluyendo al presente, las organizaciones religiosas han crecido tan exponencialmente que los políticos y funcionarios han encontrado en ellas un nicho perfecto para llevar a cabo sus fechorías y, posteriormente, justificarlas o esconderlas. Por supuesto, en este entramado, los líderes de dichas iglesias y de otras organizaciones religiosas fundamentalistas también han aprovechado esta cobertura política para alcanzar sus fines, personales o institucionales.
De tal cuenta, esta “alianza” entre políticos y dirigentes religiosos ha propiciado una serie de acciones para beneficiarse mutuamente, es decir de ambos lados, logrando convencer a mucha gente de que apoyarlos es estar del lado “correcto de la historia”. Como se indicó, algunas de estas acciones no solo responden a los intereses institucionales de los partidos o las iglesias, sino que también propician enriquecimiento ilícito, impunidad, recortes de derechos y hasta mecanismos de lavado de dinero.
Durante la legislatura pasada, por ejemplo, una bancada de derecha extrema, muy cercana a iglesias protestantes, pretendió aprobar una ley para recortar derechos humanos a las mujeres y personas LGBTIQ, hasta el punto de criminalizar ciertas conductas que no se adecuaban a su forma de ver la vida. Otro ejemplo de esta imbricada influencia entre iglesias y poder se dio cuando el Congreso de la República paró discutiendo por más de dos horas si era “permisible” en el país la entrada de un grupo de rock sueco, bajo la consigna, en la cual participaron “ilustres abogados”, de que sus canciones y estilos eran contrarios a los “valores cristianos de la población”.
En el presente gobierno, dos acciones llaman poderosamente la atención en términos del objetivo de privilegiar iglesias y creencias religiosas. La primera es la política de la protección de la vida y familia, una política sin pies ni cabeza, que busca minimizar derechos previamente establecidos, con tal de imponer una forma de vida basada en los preceptos religiosos de una denominación determinada. Y el ejemplo más cercano es la reciente y disparatada iniciativa de ley para la libertad de religión y conciencia, que desde donde se le vea es inconstitucional e inconvencional. Dicha iniciativa considera a las iglesias no católicas como entidades superiores a la institucionalidad pública, al punto de que aspiran a que no se les pueda fiscalizar e investigar penalmente en relación con los bienes que obtienen y manejan, entre otras muchas cosas más. Debe quedar absolutamente claro que esta iniciativa claramente va a fomentar y proteger acciones que podrían considerarse de lavado de dinero y otros ilícitos penales de semejante envergadura, lo cual constituye un retroceso para el país en términos de lucha contra la corrupción.
Para finalizar, es importante hacer un llamado a la ciudadanía para revisar y ser críticos y críticas sobre el actuar de las iglesias, sus discursos, sus dirigencias, sus relaciones con el poder político y medios de comunicación, así como con el papel activo que en este momento están jugando dentro de esta sociedad tan necesitada de transparencia y democracia.
