Los alcaldes pueden emplear un discurso religioso, pero no significa que las municipalidades tengan una religión oficial. El Estado es laico.
Ningún artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala hace referencia a una religión oficial en el país. Lo que “da por sentado” que el Estado es laico. Sin embargo, hay alcaldes que se promocionan a través de un discurso religioso. Y en algunos casos destinan fondos públicos a este tipo de actividades.
¿Es correcto dedicar recursos para actos religiosos? ¿Qué implicaciones tiene? A estas preguntas responde un episodio de Verificado con David Pineda, presidente y fundador de Humanistas Guatemala. Organización que promueve la separación del Estado y la religión.
¿Cómo debería ser la relación entre los alcaldes y la religión que profesan?
Todo inicia por el respeto al Estado laico. Esto quiere decir, no manipular a los vecinos a través de los sentimientos religiosos. La política tiene que ser un tema aparte. Estado laico no significa Estado ateo. Lo que se busca es un país inclusivo para que todas las creencias se respeten.
La religión es un ámbito personal, por lo tanto, un alcalde no debería promoverla a través de la municipalidad, o incluso, partido político, como sucede en tiempo de elecciones. La laicidad garantiza la representatividad de los sectores religiosos que conviven en un municipio, incluidos los no creyentes.
En el país existe una religiosidad maya ¿cómo debería abordarla un alcalde?
Una religión de mayorías o minorías no debería ser relevante para la política y la administración pública. El derecho a la creencia religiosa es individual, por lo tanto, es indiferente el tipo que profese la persona, puede ser mormón, Testigo de Jehová o islamista. O en este caso, religiosidad maya. El alcalde debe gobernar para todos.
El jefe edil al inclinarse por un grupo religioso aísla a los demás, una actitud incorrecta para el bien común. El alcalde para eso fue electo.
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Hay alcaldes como Neto Bran, de Mixco, que públicamente se vinculan a las procesiones católicas y Juan Carlos Pellecer, de San Juan Sacatepéquez, a los cultos evangélicos. ¿Cómo analiza estas dos circunstancias?
Tenemos dos casos específicos y mediáticos. Ambos son preocupantes si emplean recursos públicos para las actividades religiosas, de ser así, es una violación total al Estado laico que tiene Guatemala. Y no debería darse. En la actualidad, los personajes influyen en la percepción de los vecinos. No los ven como autoridades, sino como religiosos.
Las municipalidades sí pueden dar permisos para este tipo de actividades. No es malo. Sin embargo, deben tener igualdad para todas las religiones. La “oficialización” de una actividad religiosa es el problema, pues favorece a un grupo sobre los demás.
¿Cómo hacer que prevalezca el Estado laico en las municipalidades?
Tiene que intervenir el legislativo a través de leyes que regulen la relación entre Estado y religión. El sistema de justicia debe preocuparse por esto. Incluso, debería intervenir la Contraloría General de Cuentas (CGC) para fiscalizar los recursos públicos que se destinen a las actividades religiosas. Es una malversación de fondos.
El estado laico no está explícitamente en la constitución, para la Corte de Constitucionalidad ha dicho que Guatemala es un país sin religión oficial. El detalle: no existe regulación al respecto. Al final, es un tema que afecta los sentimientos de las personas, ya que pueden sentirse discriminados o excluidos del gobierno municipal.
¿Cómo les afecta la religiosidad de un alcalde a los ciudadanos?
Los vecinos pueden sentirse excluidos, de tal forma, que tendrán la sensación de que el gobierno municipal no está para ellos, sino para otros. Gobierno para minorías poderosas que cuentan con el apoyo del alcalde.
Actitud que empobrece la democracia, pues socava la participación civil de todos los grupos sociales que existen, incluidos los religiosos.
