El Parlamento de Grecia ha legalizado el matrimonio y la adopción de niños para homosexuales, un asunto que divide a la sociedad griega y al propio partido conservador, en el Gobierno. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 2013 a Grecia por violar los derechos humanos al negarse a incluir a parejas del mismo sexo en acuerdos de convivencia.
Desde 2015 las parejas homosexuales en Grecia tenían el derecho a contraer uniones civiles, gracias a una ley que fue presentada ese año por el entonces primer ministro, Alexis Tsipras, del partido Syriza.
Con Grecia, son ya 17 los países de la Unión Europea donde es legal el matrimonio homosexual. Los Estados que reconocen legalmente y celebran matrimonios entre personas del mismo sexo son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia.
Antes que Grecia, fue Estonia. En 2023 se convirtió en el primer país de Europa del Este y la primera república exsoviética en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Parlamento estonio aprobó la ley que legaliza el matrimonio homosexual y que ha entrado en vigor este 2024.
Países de la UE con matrimonio homosexual
(por orden cronológico de adopción de la medida)
- Países Bajos (2001)
- Bélgica (2003)
- España (2005)
- Suecia (2009)
- Portugal (2010)
- Dinamarca (2012)
- Francia (2013)
- Croacia (2014)
- Irlanda (2015)
- Luxemburgo (2015)
- Alemania (2017)
- Finlandia (2017)
- Malta (2017)
- Austria (2019)
- Eslovenia (2022)
- Estonia (2024)
- Grecia (2024)
Dónde no es legal el matrimonio homosexual
En suma, hay aún diez países de la UE donde el matrimonio con una persona del mismo sexo no es legal. Es lo que confirmó en 2021 la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que diez Estados miembro se negaban a reconocer a las parejas del mismo sexo como padres/madres.
De hecho, aún existen Estados cuya constitución define el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer. Son los casos de Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia.
Hay también situaciones más o menos intermedias. Doce países de la UE reconocen legalmente alguna forma de unión civil. Es lo que ocurre en Croacia, Chipre, Hungría, Italia, Liechtenstein y República Checa.
Italia, Chipre y Polonia se han planteado una regularización de las parejas de igual sexo, pero de momento nada se ha materializado. En todos los casos, tras el freno a la medida está la presión de la Iglesia y una opinión pública más o menos dividida. Los polacos tienen reconocida la convivencia privada y consentida de dos personas, pero siempre es con sus derechos limitados.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) exige el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en la UE y el derecho de residencia a los cónyuges de ciudadanos europeos. Eso obliga a Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía. Este último no lo ha implementado pese a que su Tribunal Constitucional ordenó en 2018 que el Estado otorgara derechos de residencia a los cónyuges del mismo sexo de ciudadanos de la UE.
¿Imponerlo desde Bruselas?
La UE ha estado tentada en más de una ocasión con la idea de «imponer» el matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los países miembros. Ya en 2003 la Comisión Anual de Libertades del Parlamento Europeo presentó un informe en el que se pretendía instar a los países miembros a reconocer a las parejas homosexuales los mismos derechos de las heterosexuales. El texto fue rechazado, pero la Eurocámara aconsejó la inclusión en su agenda política el debate sobre los matrimonios homosexuales.
El debate se reprodujo tiempo después porque había que garantizar el derecho a la libertad de movimiento de los miembros de la familia de sus ciudadanos. La Directiva 2004/38/CE requiere que los países que legalizaron uniones de personas del mismo sexo reconozcan las parejas de los demás con el fin de proteger la libertad de movimiento. De hecho, el Europarlamento ha aprobado un informe que pide el reconocimiento mutuo.
De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, los empleados que mantienen una pareja civil registrada con una persona del mismo sexo deben recibir los mismos beneficios que se otorgan a sus colegas al contraer matrimonio, cuando esta institución civil no es posible para parejas del mismo sexo. El TJUE estableció este principio legal en 2008.
Cónyuge es neutral en cuanto al género
En 2010, el activista LGBT rumano Adrian Coman y su pareja se casaron en Bélgica. Cuando intentaron mudarse a Rumanía, las autoridades locales rehusaron reconocer su matrimonio. El caso llegó al TJUE.
En 2018, sus magistrados fallaron a favor de Coman, afirmando que el término spouse («cónyuge») en la directiva 2004/38/CE es neutral en cuanto al género y, por tanto, los Estados miembro están obligados a reconocer los derechos de residencia en la UE para las parejas de ciudadanos europeos. Sin embargo, el Alto Tribunal confirmó que es competencia de los Estados miembro autorizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus ordenamientos jurídicos.
En septiembre de 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condenaba el incumplimiento de la resolución por parte de algunos Estados miembro y llamaba a la Comisión Europea para que garantizara el respeto de los derechos de los cónyuges del mismo sexo. Ese mismo año, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara informó que diez Estados miembro se negaban a reconocer a las parejas del mismo sexo como padres/madres conjuntos de sus hijos.
