El control de este Centro, adscrito a la UGR, lo ejerce el Arzobispado de Granada, y la UGR se limita a darle carta blanca, sin ejercer la debida supervisión y control que exigen el convenio con la Universidad, el Reglamento de régimen interno del Centro y el decreto de la Junta de Andalucía que regula la adscripción de centros docentes a las Universidades públicas andaluzas. Esta insuficiencia de control ha supuesto que se consientan graves deficiencias de organización académica (en especial, al comienzo del curso) y laborales (la Iglesia ya ha sido condenada en alguna ocasión por despido improcedente por causas ideológicas, y ahora está pendiente de otro juicio), además de la consabida promoción eclesial, en un centro de formación de profesores, de ideas y comportamientos poco compatibles con un régimen democrático, como la homofobia.
Asimismo, denunciamos que el Ayuntamiento de Granada otorgue un trato de favor a la Iglesia, propietaria del Centro, al permitir la invasión de un vial público para uso y disfrute privado, con el perjuicio causado a la ciudadanía en general (que tiene derecho al uso de ese vial) y, de modo muy particular, a los vecinos directamente afectados.
