Mientras se recorta en sanidad, la Administración se gasta más de 2.500 millones de las antiguas pesetas al año en capellanes.
En Granada hay 10 capellanes, un capellán a media jornada y dos personas idóneas que ejercen sus funciones en los hospitales públicos de Granada. Un costo derivado del Acuerdo firmado por el Gobierno y la iglesia católica en 1985 y desarrollado en un Convenio con el INSALUD en 1986 (Puede leerse en Convenio sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios
Granada Laica no sólo ha denunciado el coste que esto supone para la Administración Sanitaria, más de 225.000 euros anuales (más de 37 millones de las antiguas pesetas al año), sino la intromisión que a veces realizan ante los pacientes, lleando en algunos casos a realizar rituales con enfermos terminales sin contar con ninguna autorización para ello por parte de la familia. Siguen pensando que "nada malo tiene darle la extremaunción a un enfermo antes de su muerte, o en el mismo momento de morir". Su estatus como personal del hospital les permite conocer la situación médica de los pacientes. Estas situaciones son habituales en las UCI, unidades de cuidados intensivos.
Nos consta que en algunos casos hay personal médico que tampoco respeta la libertad de conciencia de los pacientes o sus familiares y cuando son interrogados por la situación de los mismos, llegan a decir "sólo dios lo sabe", "está en manos de dios" y cosas similares.
Si la situación de Granada se extrapola al conjunto de Andalucía, el costo de la Consejería de Salud – Servicio Andaluz de Salud en capellanes se sitúa en unos dos millones de euros. Y en unos 15 millones para el conjunto del Estado. Mientras la sanidad ve como se recorta, como se establece el repago en la farmacia, pero no hay recortes para mantener una actividad confesional que nada tiene que ver con la sanidad.
Una muestra más de los privilegios nacional-católicos que sigue manteniendo la iglesia católica y que últimamente se están extendiendo a algunos capellanes evangélicos.
La asistencia religiosa de pacientes católicos o de cualquier otra confesión no tiene que suponer un gravamen para el conjunto de la ciudadanía. Este tipo de asistencia religiosa al enfermo y/o su familia es una cuestión privada que debe abordarse entre la confesión religiosa correspondiente y los demandantes del servicio. La Administración Pública sólo debe facilitar, en las condiciones sanitarias adecuadas, el acceso a quienes así lo demanden. Lo que no tiene ningún sentido es que el Estado mantenga estos capellanes, como si de funcionarios del Estado se tratara en el ejercicio de una función pública.
En la imagen el amplio espacio hospitalario utilizado como capilla, otro privilegio eclesiástico.
En la imagen la capilla del Hospital General de Granada
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