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Golpe a las ayudas de Zaragoza a la concertada: la Justicia las anula por olvidar a la pública

Las ayudas a alumnos de la escuela concertada ascienden a 2,3 millones de euros desde 2021, cuando fueron concedidas por Azcón

Sentencia favorable para los recursos presentados por PSOE, ZeC, IU, Podemos y sindicatos contra las ayudas a la escuela concertada que el Ayuntamiento de Zaragoza lleva otorgando desde 2021, cuando fueron aprobadas por el gobierno de Azcón. Estas ayudas, que ascienden a 2,3 millones de euros hasta 2023, suponían un apoyo para financiar actividades extraescolares y material formativo para alumnos de la escuela concertada, con un importe máximo por alumno de hasta 600 euros. Los partidos de izquierda celebran el fallo del tribunal, y dicen “haberse hecho justicia para todas las familias de la escuela pública que no podían acceder a estas ayudas”.

Desde el PSOE, la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha recordado el recurso presentado por su grupo municipal en junio de 2021 contra el un acuerdo del Patronato de Bibliotecas por unos pliegos de ayudas con valor de 500.000 euros para alumnos de la escuela concertada. Las ayudas estaban dirigidas a actividades extraescolares como deportivas o culturales.

Ya en el debate que hubo después, el partido socialista calificó estas ayudas de “discriminatorias contra la escuela pública” y pese a presentar una enmienda para cambiar las bases, tanto el Patronato de Bibliotecas como el entonces gobierno de Azcón en el consistorio zaragozano desoyeron su propuesta, la cual, según la portavoz del PSOE, “intentaba equilibrar las ayudas para que los alumnos tengan los mismos derechos, ya sean de la pública o de la privada, puesto que ambas reciben fondos públicos”.

El grupo municipal de Zaragoza en Común también denunció la “doble discriminación” que suponían estas ayudas a la educación privada-concertada. Por un lado, discriminación en el acceso a estas, ya que únicamente pueden solicitarlas familias de la escuela privada-concertada, quedando excluidas las familias de la escuela pública. Y por otro lado, dicen desde ZeC, la discriminación relacionada con los baremos de acceso a las mismas, que son mucho más exigentes en el caso de la educación pública.

FALLO DEL TRIBUNAL EN FAVOR DEL RECURSO DE LA IZQUIERDA

De esta manera y según lo que estaba establecido hasta el fallo de la sentencia, una familia vulnerable de cuatro miembros que acuda a la educación privada-concertada y solicite estas ayudas para una actividad extraescolar o la compra de material escolar no puede superar los 1.977 euros mensuales de ingresos.

En cambio, una familia vulnerable de cuatro miembros que lleve a sus hijos a un colegio público no puede acceder a esta convocatoria y solo puede solicitar una ayuda de urgencia municipal para estos conceptos siempre y cuando no supere los 1.318 euros mensuales. Además, para acceder a la ayuda esta tiene que venir acompañada de un informe de servicios sociales, algo que no ocurre en el caso de las subvenciones de la privada-concertada.

En una rueda de prensa en la que han estado presentes ZeC, Podemos, IU, CCOO, CGT, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de la Escuela Pública de Aragón (Fapar) también han celebrado la decisión del juzgado, haciendo un llamamiento al gobierno de Natalia Chueca para que “la convocatoria de las próximas subvenciones de este año 2024, rectifique ya las bases para que las familias de la escuela pública puedan recibir también estas ayudas”, ha señalado Nieves Burón, de Fapar, que también ha lamentado que estas familias no hayan podido recibir la ayuda desde 2021.

AYUDAS A LA CONCERTADA QUE AUMENTARON CON LA LLEGADA DE CHUECA

La llegada de Chueca al Ayuntamiento supuso elevar las ayudas en 300.000 euros, pasando hasta los 800.000 euros para el curso 2023-24. La convocatoria tenía por objeto financiar actividades extraescolares y material formativo del alumnado de segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria y especial. Es decir, cada alumno solicitante de la ayudo pasó a poder recibir como máximo de 500 a 600 euros. En el curso 2022-23, estas ayudas llegaron a 1.081 estudiantes de los 59 centros concertados de la ciudad, en todos los distritos. “Debido a que había familias que se quedaban fuera en esta tercera edición, las hemos incrementado en 300.000 euros”, reconoció Chueca en su momento.

Cada ayuda tenía un importe mínimo de 150 euros y se admitía la solicitud simultánea de ayudas para alumnos pertenecientes a la misma familia por actividades que realicen cada uno de ellos. Entre las actividades se incluían deportes, actividades culturales, de tecnologías de la información, de refuerzo educativo, desarrollo formativo, intelectual o social o bien para conciliar la vida laboral y personal de las familias.

Los 59 colegios concertados de Zaragoza, distribuidos en los quince distritos urbanos y en varios barrios rurales, suman más de 40.000 escolares, lo que supone un 44% del alumnado de toda la ciudad.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN LAMENTA LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL

La concejal del PP en el Ayuntamiento, Paloma Espinosa, ha lamentado la decisión de los tribunales y ha señalado “ser un día triste para muchas familias zaragozanas que pueden confirmar como el Partido Socialista, líder en la desigualdad, acaba con las ayudas para familias vulnerables de la escuela concertada”.

Asimismo, desde el Partido Popular se preguntan si “Lola Ranera y sus socios de la ultraizquierda creen que los niños de la concertada van solo al colegio en Mercedes”, ha expresado la concejal Paloma Espinosa, alegando que “su sectarismo ha dejado sin ayudas al 44% de los menores escolarizados en Aragón”.

También han matizado que las ayudas se concibieron “no para la escuela concertada, sino para las familias de esta, que tuvieran problemas económicos y se encontraran en situaciones de vulnerabilidad y exclusión”, ha sentenciado Paloma Espinosa. Aún así, dicen que el Partido Popular respetan a la Justicia, “a diferencia de la izquierda, quien solo buscar amnistiarse a sí misma para seguir en el poder a costa de los ciudadanos y ahora los servicios jurídicos”.

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