El proyecto del gobierno de reforma educativa que se acaba de presentar para su trámite parlamentario es, desgraciadamente, un proyecto que no va a cambiar demasiado el sistema educativo. En realidad, un sistema educativo no se reforma per se por ninguna ley ya que son muchos los factores que influye en la evolución del mismo. Pero nuestro sistema educativo es mediocre, segrega socialmente y no promueve la igualdad de las personas. Revertir esa situación es luchar hoy contra corriente y el gobierno ha preferido hacer lo que los gobiernos vienen haciendo desde décadas: mantener un sistema cada año más segregado socialmente. Ha sido Emilio Lledó quien lo ha advertido desde diversas tribunas: “El permitir que el poder económico pueda determinar la calidad de la enseñanza o, lo que es más sarcástico, que el Estado subvencione con dinero público ciertos intereses ideológicos de un buena parte de colegios más o menos elitistas parece, en principio, no solo una aberración pedagógica sino una clamorosa injusticia (…) El principio esencial del sueño igualitario es la educación. Su más equitativo y generoso instrumento es la educación pública, con la pedagogía de la justicia y la solidaridad. El mal más terrible que puede instalarse en la consciencia democrática es, por el contario, el cultivo solapado e hipócrita de la diferencia y la desigualdad”. Así de claro lo ha dicho, pero nadie quiere escuchar a los filósofos. Nuestro modelo educativo reproduce la segregación social existente distribuyendo a los niños y niñas, no en función de sus capacidades y necesidades, sino de su pertenencia a tal o cual nivel social y para ello utiliza un sistema público y otro privado, financiado públicamente. Esa es la realidad. Y todo esto se hace en nombre de la libertad de enseñanza y de la libertad religiosa. De ahí proviene, en gran medida, el desorden y el desasosiego escolar. La educación privada en sus no universitarios supone el 33% de los alumnos escolarizados cuando la media Europa no alcanza el 10%, es decir, España es el segundo país europeo donde la enseñanza privada es más fuerte. En algunas áreas metropolitanas, como Madrid o Barcelona, estas cifran superan el 50%. Una ley que no aborde el problema de los centros privados concertados y la fragmentación en dos sistemas de la financiación pública no avanzará demasiado. Detrás de los centros concertados, desgraciadamente, existen muchos intereses ya que la educación no sólo es un servicio público, también es un negocio con claras implicaciones ideológicas. Es curioso que casi ningún partido político ponga sobre el tapete la escuela laica. La escuela laica es más que sacar la religión de los colegios públicos: es tener en máxima consideración social la enseñanza primaria y secundaria y considerar la escuela como el elemento central para la emancipación de las personas. La financiación pública de una escuela católica, en aras de la libertad religiosa o del fomento de la libertad de empresa, erosiona nuestro sistema público educativo y refuerza la desigualdad social e incluso regional.
La libertad de educación es hoy la barricada tras la que se protegen todos los enemigos de la igualdad. Esa idea de que la educación debe basarse en las convicciones ideológicas y religiosas de los padres es una barbaridad. Es justamente lo contrario: la instrucción pública debe emancipar a las personas de sus vinculaciones ideológicas o religiosas para aprehender una visión universalista de la realidad. Los maestros, según uno de los padres de la instrucción moderna, Condorcet, deben ser “los funcionarios de lo universal”. Igual de aberrante es una escuela católica, que una escuela comunista o una escuela mormona. Todo esto lo sabe todo el mundo, pero opera, en la realidad, como justificación de la segregación social. España es uno de los países donde la desigualdad social ha crecido mas y en ello no ha sido ajeno el sistema educativo creado en las últimas décadas.
Pero comentemos el asunto de la asignatura de la religión: al final, el proyecto de ley lo deja sin valor curricular, pero sigue incrustada en el sistema educativo y de oferta obligatoria en todos los centros. Actualmente existen más de 18.000 catequistas de religión católica en el sistema educativo por los cuales pagamos 700 millones de euros (o eso son nuestras estimaciones ya que el gobierno no se digna a proporcionar unos datos oficiales). También existe un numero infinitamente menor de catequistas evangélicos e islámicos. En el año 2018, el 21 de febrero, se aprobó en el Congreso una proposición no de ley en la cual, el PSOE, Unidas Podemos y otros grupos, instaban al gobierno del PP a denunciar los acuerdos en materia de educación con la Santa Sede de 1979 y a sacar la religión confesional del ámbito escolar. Pues bien, lo que se exigía al gobierno del PP, ahora que se está en el gobierno no se lo aplica uno a si mismo. El PSOE y Unidos Podemos se comportan, en este asunto, como verdaderos mentirosos que engañan a los ciudadanos cuando están en la oposición y después hacen otra cosa en el gobierno. Ya ha dicho la Vicepresidenta primera que el Gobierno no tiene interés en denunciar esa reliquia del franquismo que son los Acuerdos con la Santa Sede. Ya veremos: no piense la Vicepresidenta que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Los ciudadanos y mucho menos los activistas sociales nos debemos acostumbrar a estas mentiras. Una cosa es un apoyo critico al gobierno y otra no exigir lo que exigíamos. Lo mismo ha pasado con el decreto de publicidad del juego donde ha tenido que ser FACUA quien ha puesto los puntos sobre las íes a un extrañísimo proyecto de decreto que solo favorece al status quo de los empresarios depredadores de ese sucio negocio. En este caso es incompresible que los activistas de Izquierda Unida hayan tragado por semejante incumplimiento, no ya de su programa electoral sino del acuerdo moderado del gobierno PSOE-Unidas Podemos.
Si la tramitación parlamentaria no lo remedia, la legión de 18.000 catequistas católicos, ahora de la mano de unos cientos imanes y pastores evangélicos, seguirán a sus anchas por las escuelas de España; habrá cierta respuesta del catolicismo, habrá cierta confrontación ruidosa para que el proyecto sea aún más moderado pero la patronal católica y la iglesia católica saben que la ministra Celaa y su equipo se han portado ya que no tocan lo esencial de su influencia en el sistema educativo. Ahora sabemos a qué se refirió Pedro Sánchez cuando dijo que se iba a formar un gobierno progresista moderado: ¡Y bien moderado!
Antonio Gómez Movellán. Presidente de Europa Laica
