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La red de financiación yihadista conectada presuntamente al principal representante del islam en España, Ayman Adlbi, tejió una telaraña de tentáculos en Arabia Saudí. Las autoridades de Riad desmantelaron el año pasado una estructura secreta de transacciones en la que trabajaban siete personas. Tres de ellas eran españoles de origen sirio. El grupo pertenecía a la trama desarticulada en Madrid en 2019 por enviar fondos desde España a las milicias de Al Qaeda en Siria y de la que formó parte Adlbi, según un reciente informe confidencial de la Comisaría General de Información al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Las autoridades de Riad hallaron en el domicilio de los arrestados grandes sumas de dinero y justificantes de hawala, el sistema de transferencia de fondos entre particulares basado en la confianza que, en ocasiones, usan grupos terroristas, según los investigadores.
Los tres españoles implicados fueron capturados por el Departamento de Investigación del Terrorismo Saudí (GID) y acusados de financiación yihadista. Se encontraban en prisión el mes pasado y a la espera de que la justicia del país islámico decida si los envía a juicio bajo la ley de terrorismo saudí o los deja en libertad condicional. En el último año, funcionarios consulares españoles han asistido a estos detenidos en las prisiones de Riad y Yeda, según fuentes próximas a la investigación.
La información sobre la operación en Arabia Saudí forma parte de un informe policial fechado el pasado noviembre e integrado en las pesquisas por financiación yihadista que indaga el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional. El principal representante del islam en España, que fue arrestado y puesto en libertad en 2021, se sitúa en el epicentro de esta causa por ser uno de los principales investigados.
Pieza clave en la comunidad musulmana española, Adlbi, sirio de 78 años, compatibiliza la presidencia de la mayoritaria Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) ―federación que reúne a 900 asociaciones― con la jefatura de la Comisión Islámica (Cie), entidad que gestiona las actividades de los musulmanes con el Gobierno y las comunidades autónomas sobre mezquitas, cementerios y escuelas.
Entre los españoles detenidos en Arabia Saudí destaca T. Saleh, de 61 años. La Policía sostiene que actuó como hombre de “máxima confianza” del extesorero de Ucide Mohamad Hatem Rohaibani. Y que ambos conocían desde 2014 que Muhammed Ben Anis Alsaour, director de la ONG yihadista Al Bashaer, la tapadera usada por la red para ocultar las transferencias bajo una supuesta campaña de ayuda a huérfanos, participó en la puesta en marcha del Consejo Islámico Sirio. Y que, desde esta organización, emitió edictos para legitimar a grupos terroristas.
A través de sus cuentas bancarias, Saleh hacía llegar al responsable de la ONG yihadista el dinero recaudado en España por orden del extesorero de Ucide, según los agentes.
M. Elzaeim, otro español arrestado en el país saudí, desembolsó 3.240 euros al esquema de financiación yihadista. A sus 74 años, este ciudadano nacido en Alepo (Siria) se situó bajo el foco de la sospecha por preguntar al extesorero de Ucide sobre la evolución de Jaysh al Islam, una milicia que capta donaciones para instaurar un califato global regido por la sharía (ley islámica) y que opera en Turquía, Arabia Saudí y Siria. Jaysh al Islam forma parte, a su vez, del entramado de la ONG Al Bashaer que la trama usó para disfrazar el envío de dinero, según las indagaciones.
EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Ayman Adlbi y de los arrestados en el país islámico. El hermano de uno de ellos, un empresario de Onteniente (Valencia) que también figura como investigado, justifica así por teléfono su negativa: “Mi abogado no me deja hablar”.
Adhesión a la ‘yihad’ y errores de juventud
En paralelo a la operación en Arabia Saudí, las pesquisas han descubierto nuevas conexiones radicales de los investigados en España. El teléfono móvil de uno de ellos, que reside en Melilla y que no fue detenido, pero sí interrogado en marzo de 2021, contenía una carta manuscrita y firmada de dos páginas en la que reconocía haberse desplazado en los 80 a Afganistán para participar en la yihad durante la guerra contra las tropas rusas. La misiva, fechada en 1983, estaba remitida a un dirigente sirio de Hermanos Musulmanes que, tras un periplo por Jordania, Irak, Yemen y Turquía, ocupó puestos de responsabilidad en el Centro Árabe Oriental de Estudios Estratégicos y Civilizaciones en Londres.
El investigado, médico de profesión, narra en su texto que abandonó la lucha yihadista por causas ajenas a sus sentimientos. Y, preguntado por este diario, justifica así el contenido de la carta: “Desde que llegué a España, en 1984, abandoné todas esas tonterías. […] Fue una época que quiero olvidar. […] He trabajado para el Ministerio de Justicia”.
Los agentes de la Policía Nacional vigilaron de cerca una reunión entre este último investigado y el máximo representante del islam en España celebrada el 20 de agosto de 2020 en los acantilados de Aguadú de Melilla. El encuentro culminó con un selfi entre ambos. Los funcionarios suspendieron la vigilancia por temor a ser descubiertos.
El rastreo de las redes sociales y las comunicaciones del entorno del presidente de la Ucide arroja nuevas pistas sobre la finalidad de las transacciones. Así, el 10 de febrero de 2012, una persona muy próxima familiarmente a Adlbi escribió en Facebook que tenía un contacto para enviar fondos a Siria destinados a adquirir medicamentos y “armas” para las milicias de Zabadani (Siria).
Kalaje, el reincidente
La Policía ha acreditado también que el sirio G. Kalaje (que fue condenado a nueve años por financiar la yihad y generar créditos ficticios para dar cobertura contable a terroristas) contribuyó con 1.700 euros a la fraudulenta campaña de apadrinamiento de huérfanos en Siria.
G. Kalaje fue arrestado en 2019 en la primera fase de la operación que condujo dos años después a la detención del principal representante del islam en España. La iniciativa se saldó con la desarticulación de un grupo que hoy suma una treintena de personas. Y que integró una red con presencia en Bélgica, Italia y Turquía, que presuntamente levantó una estructura de envío de fondos a Siria a través de la hawala.
La dirección de la Ucide niega haber participado en una estructura de financiación yihadista y confía en el archivo de la causa de la Audiencia Nacional. Sostienen que desconocían que el dinero recaudado en España (300.000 euros entre 2013 y 2021) acabó nutriendo las arcas de las milicias sirias de Al Qaeda, tal y como sostienen las pesquisas.