Un llamado a hacer política y no “ceder” ante la corrupción. Un pedido a los jueces con tufillo a hipocresía. El ajuste y la creciente crisis social como telón de fondo.
“La política es una de las formas más altas de la caridad”. La cita le pertenece, según afirma Francisco, a Paulo VI, el pontífice que guió los destinos de la Iglesia a escala mundial en el período que siguió al Concilio Vaticano II, aquel que habilitó un giro discursivo a izquierda que llevaría a la radicalización política de amplias capas del mundo católico.
Marcelo Larraquy ilustra en Código Francisco (Sudamericana, 2016) las consecuencias de ese Concilio en América Latina y en la Argentina. El libro también pone en evidencia que, por aquellos años, el actual papa estaba muy lejos de permitir la participación de los jesuitas argentinos en cualquier actividad donde pudiera haber, aunque sea, un tenue aroma a política.
Ayer, en Roma, cuando cerraba la primera jornada del seminario convocado por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales sobre redes de trata y tráfico de personas, Francisco volvió a insistir con la idea de la participación en política. Afirmó que “la Iglesia está llamada a comprometerse. No cabe el adagio de la Ilustración, de que la Iglesia no deba meterse en política. La Iglesia debe meterse en la gran política”.
En este caso la política, claro está, tiene el tinte de la asistencia a las víctimas de esos delitos. Su mensaje a los magistrados fue que realicen su “labor esencial”, la de “restablecer la justicia sin la cual no hay orden ni paz social”. En ese marco, propuso implementar formas de compensación hacia las víctimas de esos delitos. La modalidad propuesta, aplicada en Italia, implica recuperar los bienes de traficantes “para ofrecerlos a la sociedad y, en concreto, para la reinserción de las víctimas”.
Las formas ante todo
Francisco llamó a los jueces a “que se defiendan de caer en la telaraña de corrupciones”. Extraño pedido. Nadie “obliga” a un juez a caer en la corrupción. El mensaje debe leerse en clave de mantener las formas y evitar los escándalos.
Pero, además, el discurso tiene el tufillo de la hipocresía. La casta judicial es parte esencial de garantizar el funcionamiento de redes de trata, tráfico de personas y otros negociados. La connivencia de fuerzas represivas, sectores de los políticos patronales y de la misma casta judicial es intrínseca a esos negociados.
Ayer por la tarde, el periodista Carlos Pagni señalaba que el discurso papal ofrece la aparente contradicción de un papa que ha sido definido como “populista” pero aparece propugnando una agenda institucionalista.
Francisco pidió a los jueces “sentirse y proclamarse libres de las presiones de los gobiernos, de las instituciones privadas y naturalmente de las estructuras de pecado”. El mensaje habilita, por lo menos en terreno argentino, a un papel independiente por parte de esa misma casta judicial. Es, a la vez, un relativo apoyo a determinados jueces como el mismo Lorenzetti o Sebastián Casanello, ambos bajo fuego de parte de la coalición oficialista, aunque a distintos niveles.
El mensaje papal tiene el tono de un aval a un mayor protagonismo de la casta judicial. Es también un llamado a hacer política como la hace el Vaticano, con gestos y un discurso cuya función es, esencialmente, la auto-legitimación.
En un escenario de crisis social creciente moldeado por el ajuste en curso, esa función se vuelve más que necesaria. El papa, a pesar de ser catalogado como populista, avala la reconstrucción de las instituciones que cumplen un rol en el marco del dominio del capital. Su mismo papel en la Iglesia, a nivel global, no hace más que confirmarlo.
