La intervención de hasta diez agentes reaviva el debate sobre los límites de las ordenanzas municipales y la libertad religiosa en espacios públicos
Lo que parecía una tranquila jornada de playa en la localidad francesa de Carry-le-Rouet, cerca de Marsella (Francia), terminó en un tenso enfrentamiento entre bañistas, agentes municipales y gendarmes. El 2 de julio, una joven de 18 años fue instada a salir del agua por llevar un burkini, prenda de baño que cubre el cuerpo entero y que utilizan muchas mujeres musulmanas por motivos religiosos.
La historia la ha relatado su hermano gemelo, Islan, al medio France 3. La joven, según explica, prefiere no hablar del tema: “Llegamos, mi hermana va a bañarse, dos policías municipales utilizan un silbato y dicen que no puede nadar. Les preguntamos por qué, y responden que no tiene derecho a vestirse así, que su ropa no es aceptable”, cuenta. La madre, al ver a su hija angustiada, le indicó que se metiera igualmente en el agua: “Mi madre le hace señas para que se bañe de todas formas porque no se encuentra bien”.
Más de diez agentes en la playa y amenaza de multa
Los dos primeros agentes municipales que intervinieron pidieron refuerzos, y poco después ya eran cuatro policías locales. La presencia policial atrajo la atención de los veraneantes. Algunos intentaron calmar los ánimos; otros se posicionaron del lado de los agentes, recordando que el burkini está prohibido en esta playa por una ordenanza municipal aprobada en junio. Islan solicitó ver la normativa por escrito, pero, según relata, no le mostraron nada.
La situación se tensó aún más con la llegada de cinco gendarmes. Ante la posibilidad de recibir una multa si no abandonaban la playa, el grupo decidió marcharse. Otra mujer, también bañándose con burkini y ajena al grupo, optó por hacer lo mismo para evitar problemas. “Yo, en ese momento, estaba muy nervioso, pero ahora ya no me preocupa. Mi hermana, en cambio, lo está pasando mal. Ya no se atreve a salir, a comunicarse con la gente, evita hablar del tema, no quiere volver a bañarse”, relata el joven.
Una norma que invoca la física, pero apunta a la religión
El reglamento municipal, aprobado el 19 de junio de este año, establece en su artículo 8 la prohibición de “toda prenda de baño que cubra totalmente el cuerpo, los brazos, las piernas y la cabeza y que no permita una flotabilidad positiva, conforme a la diferencia entre la fuerza de empuje de Arquímedes y el peso real de la persona”. Es decir, el argumento oficial se basa en razones de seguridad en el agua, aunque el debate público gira en torno al componente religioso del burkini.
En Francia, la discusión sobre esta prenda lleva años dividiendo opiniones. Para algunos, es una manifestación de libertad religiosa; para otros, un símbolo que va en contra de los valores laicos del país. Desde 2016, varias ciudades han aprobado ordenanzas similares, casi siempre en periodo estival, y a menudo se convierten en focos de controversia nacional.
El Consejo de Estado, máxima autoridad administrativa del país, ha tenido que pronunciarse en varias ocasiones. En julio de 2023, suspendió la ordenanza municipal de Mandelieu-la-Napoule por considerar que atentaba de forma “grave e ilegal” contra la libertad de conciencia, la libertad personal y el derecho a circular libremente. En cambio, en junio de 2022, falló en sentido opuesto, dando la razón al Gobierno francés y prohibiendo el uso del burkini en las piscinas municipales de Grenoble, aunque el propio reglamento local lo autorizaba. El Consejo de Estado entendió que esa excepción vulneraba el principio de neutralidad del servicio público.
La Liga de los Derechos Humanos denuncia una estrategia deliberada
Organizaciones como la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) denuncian que estas ordenanzas locales se aprueban cada año, sobre todo en municipios del litoral mediterráneo, a pesar de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Marion Ogier, abogada y miembro del comité nacional de la LDH, lo explicaba así en un pódcast de la organización en septiembre de 2024: “A pesar de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es extremadamente clara, cada año asistimos a varios episodios en los que los alcaldes prohíben el uso del burkini por motivos totalmente ilegales, pero mantienen la prohibición a sabiendas de ello”.
Ogier insiste en que los alcaldes no pueden legislar por afinidad ideológica, sino basándose en criterios objetivos: “Cuando los alcaldes prohíben ciertos comportamientos en aplicación de su poder de policía administrativa, debe ser únicamente en función de normas racionales, objetivas. Las ideas, las opiniones no pueden prevalecer sobre el derecho”.
La prenda, que para unas representa modestia y fe, y para otros un desafío al modelo laico francés, sigue siendo objeto de batallas jurídicas, políticas y sociales cada verano. En Carry-le-Rouet, el simple acto de meterse en el mar se ha convertido, una vez más, en un terreno de disputa.
