Las asociaciones de afectados critican que solo se ha indemnizado a 40 de los 216.000 casos detectados entre 1950 y 2020
Las asociaciones de víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica francesa critican la lentitud en el tratamiento de los expedientes y en el pago de las indemnizaciones. Un año después de que un informe independiente revelara la magnitud de los abusos sexuales apenas se ha compensado a un centenar de personas y hay más de mil casos que ni siquiera han sido estudiados.
El asesoramiento a las víctimas y la estipulación de las indemnizaciones corre a cargo de la Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (INIRR) y la Comisión Reconocimiento y Reparación (CRR). La primera institución se encarga de las víctimas menores de abusos sexuales cometidos por un miembro del clero en una diócesis o por personal laico en un colegio o un movimiento católico, mientras que la segunda trata los que tienen como agresores a integrantes de congregaciones religiosas. En ambos casos el objetivo es «aportar una reparación cuando la Justicia no puede intervenir debido a la prescripción del delito o cuando ésta ya ha dictaminado», según la web de la INIRR.
Cuando una víctima contacta con esta instancia se designa a una persona que se encarga de gestionar su informe y contactar con el obispo del lugar donde se cometieron los hechos para confirmar su «presunción de verosimilitud». Luego la INIRR toma de forma colegiada una decisión. En caso de que decida otorgar una indemnización, será el Fondo de Solidaridad y de Lucha contra las Agresiones Sexuales a Menores (Fondo Selam) el encargado de pagar.
De 8.000 y 60.000 euros
Hasta ahora se han abierto 1.004 expedientes, pero el Fondo Selam, financiado por las diócesis, solo ha pagado 25 de las 45 indemnizaciones acordadas. Las congregaciones religiosas, por su parte, han recibido 500 solicitudes y han abonado 15 de las 22 indemnizaciones aprobadas. Los montantes por persona oscilan entre 8.000 y 60.000 euros.
Además de la lentitud del proceso, las asociaciones de víctimas censuran la falta de formación de los encargados de los dosieres y que las líneas de atención telefónica están siempre saturadas porque se abren al público durante pocas horas. La INIRR se ha comprometido a contratar más personal para agilizar el proceso.
«El tratamiento y el acompañamiento (de las víctimas) es totalmente disfuncional», se queja Olivier Savignac, fundador de la organización Parler et Revivre (Hablar y Revivir) y víctima de abusos sexuales por parte de un cura cuando era adolescente. «Aquellos que han presentado su solicitud en agosto recibirán la indemnización en 2024», explica por teléfono. Savignac considera que «este retraso es imperdonable». «Es gente que ha sufrido enormemente y no puede esperar dieciocho meses más. La mayoría son mayores, con medias de edad de entre 65 y 75 años», cuenta.
La Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia publicó en octubre de 2021 un informe que conmocionó al país al revelar que 216.000 menores fueron víctimas de tocamientos, agresiones sexuales o violaciones por parte de sacerdotes o religiosos católicos entre 1950 y 2020. Este número podría elevarse hasta los 330.000 si se tienen en cuenta los abusos cometidos por laicos que trabajaron en colegios católicos, catequesis o movimientos juveniles, según el informe Sauvé, que lleva el nombre de Jean-Marc Sauvé, presidente de la comisión.
