En nombre de la seguridad interior, el Consejo de Estado ha validado la ampliación de los registros policiales, que podrán incluir datos sobre la afiliación sindical, las convicciones religiosas y políticas o los problemas de salud de las personas investigadas
Las “opiniones políticas”, las “convicciones filosóficas y religiosas”, así como la “afiliación sindical” y los “datos de salud” podrán, en nombre de la seguridad pública y la seguridad del Estado, ser registrados en los ficheros de la policía y la gendarmería francesas. A pesar de las críticas de sindicatos y asociaciones que consideran la medida como un ataque desproporcionado contra la libertad religiosa, sindical, de opinión y de conciencia, el Consejo de Estado dio luz verde el 5 de enero a estos polémicos registros.
Prevenir los actos de violencia o de terrorismo es, según el ministro del Interior, Gérald Darmanin, el objetivo de la medida. Para ello, el Gobierno aprobó, el pasado 4 de diciembre, tres decretos que modifican el código de seguridad interior. El primero enmienda el fichero de Investigaciones Administrativas de Seguridad Pública, utilizado para reclutar a funcionarios en puestos sensibles de la administración. El segundo modifica el registro destinado a la prevención de ataques contra la seguridad pública y el tercero reforma el archivo de gestión de información y prevención de dichas amenazas.
Si bien estos ficheros ya existían, hasta ahora solo podían registrar las “actividades” de las personas investigadas. Gracias a la aprobación del Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa, las fuerzas del orden podrán recopilar fotos y comentarios a través de las redes sociales e, incluso, los problemas psicológicos o psiquiátricos, la orientación sexual y las actividades deportivas de sus objetivos e incluirlos en sus bases de datos.
“Una verdadera forma de coerción”
“Nos dirigimos hacia una sociedad cada vez más autoritaria al estilo del ‘Big Brother’, donde hay un creciente desequilibrio entre las libertades y la seguridad”, denunció el diputado Éric Coquerel, miembro de la formación de izquierdas Francia Insumisa, tras conocer la decisión del Consejo de Estado.
Sindicatos y asociaciones de defensa de las libertades comparten el análisis, insistiendo sobre el riesgo democrático y social de este registro generalizado de la población. “La decisión del Consejo de Estado es, sencillamente, mala y preocupante, ya que esta institución es el único contrapoder ‘vis-à-vis’ de la policía -estima Arthur Messaud, jurista y miembro de la asociación La Quadrature du Net en defensa de las libertades fundamentales en internet-. Estamos frente a un aumento de la recopilación de datos personales y, además, del número de personas afectadas […] Más allá de la vigilancia masiva, los nuevos ficheros pueden desembocar en un acoso de militantes y manifestantes […] en una verdadera forma de coerción”.
Tales críticas llegan en un momento delicado para Macron y su Gobierno. Abanderados del proyecto de ley de Seguridad Global -destinado, entre otros objetivos, a proteger la imagen de las fuerzas del orden-, la deriva autoritaria de sus políticas se traduce ya en un importante rechazo popular.
