Padres de alumnos de escuelas públicas se están organizando para formar un observatorio desde el cual supervisarán si se cumple el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena que la materia de religión se dicte fuera del horario escolar. Además, buscan monitorear situaciones de discriminación hacia niños y niñas de familias que no comparten la fe católica.
«En la escuela Alberdi, por ejemplo, les pidieron el cuaderno de religión a los chicos, como cualquier otro año. Luego se excusaron y dijeron que fue un error. Hay que hacer un seguimiento sobre cómo se implementa el fallo de la Corte», manifestó Fernando Climent, padre de un niño que asiste a una primaria estatal.
Climent es uno de los que impulsa la creación de un observatorio para supervisar que en las escuelas se cumpla la resolución de la Justicia, que también implica que se dejen de realizar prácticas católicas, como rezar, en el horario obligatorio para todos los alumnos.
«Hay muchos temas y situaciones por revisar y no puede ser el Ministerio de Educación el órgano del contralor», señaló Climent.
El padre consideró que habrá que esperar a abril o mayo para evaluar si realmente se implementa de manera adecuada lo que dispuso la Justicia.
Consideró que uno de los principales desafíos será hacer un seguimiento sobre lo que ocurre en las escuelas del interior.
Plurigrados
El Ministerio de Educación dispuso que se deben conformar grupos de diez chicos interesados en asistir a clases de religión antes o después del horario de clase para que se designe un docente y un espacio.
Por ahora, en las escuelas se está relevando cuántos alumnos se inscriben para cursar en horario extracurricular y luego se organizarán las comisiones.
Una de las posibilidades es agrupar a los chicos con la modalidad de plurigrado, es decir juntando a alumnos de diferentes edades en un mismo taller de religión.
Por el momento, desde el Ministerio de Educación no se informó cuántos niños se van anotando para hacer la materia.
A principios de marzo, el Arzobispado de Salta llamó a una conferencia de prensa en la que pidió a los padres que quieran que sus hijos estudien religión que hagan el pedido antes las autoridades de la escuela.
Desde la Iglesia de Salta se impulsó esta demanda a las familias luego de saber que se necesitan al menos diez interesados para abrir un espacio extracurricular y sostenerlo.
El expediente
La causa judicial para demandar educación laica se inició en 2010, cuando un grupo de familias de Salta en conjunto con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un recurso de amparo colectivo para que la religión dejara de ser una asignatura obligatoria en las escuelas públicas.
Desde el Ministerio de Educación se argumentaba que la materia era optativa, pero las familias consideraban que generaba situaciones de discriminación porque el programa era exclusivamente católico y los chicos que no querían estar en la clase debían permanecer afuera del grado y se aislaban de sus compañeros.
La Corte Suprema consideró, en diciembre de 2017, que en el sistema educativo local existían «patrones sistemáticos de trato desigualitario» hacia grupos minoritarios y hacia los no creyentes.
El alto tribunal ordenó que la materia dejara de dictarse en horario de clase. Luego del fallo se modificó la ley de educación provincial y se estableció que la asignatura sería un contenido opcional fuera del programa obligatorio de las primarias.
