Las personas lesbianas, bisexuales, homosexuales y trans que forman una familia se enfrentan no solo a los nervios y temores de una nueva maternidad o paternidad, sino también a un escenario en el que las trabas legales y la discriminación juegan en su contra. El registro civil, el hospital o el colegio todavía están dirigidos a la familia tradicional, y que estos lugares presenten más o menos obstáculos para la crianza en familias diversas depende de bases legales y sociales muy poco asentadas.
Discriminación institucional desde mucho antes del parto
Carola es una mujer lesbiana que tiene un hijo de ocho años con su pareja. Ellas, al igual que Ana y Sandra, tuvieron que casarse para poder registrar a su bebé como el hijo de ambas. La Ley de Reproducción Asistida de 2006 establece esta imposición en el punto 7.3, al afirmar que «cuando la mujer estuviere casada con otra mujer, esta última podrá manifestar […] que consiente que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge». El proyecto de ley conocido como Ley Trans pretende acabar con esta obligación, aunque aún tiene que pasar por el largo periplo del trámite parlamentario.
Para Carola no fue solo necesario estar casada, sino que tuvo que presentarse en el Registro Civil con su pareja tras el parto para demostrar que su hijo era, de hecho, suyo. «Para registrar al bebé tuvimos que ir con la madre gestante recién parida y con el bebé recién nacido, cuando las parejas heterosexuales no tienen que hacerlo», recuerda.
El PP excluyó a las parejas de lesbianas y bisexuales de la reproducción asistida por la vía pública en 2013
La discriminación institucional, sin embargo, llega antes incluso de tener al bebé. Cuando Carola tuvo a su hijo, su pareja y ella tuvieron que pagar para optar a la reproducción asistida en una clínica privada. Ana y Sandra tuvieron a su bebé a través de la sanidad pública, pero esto no era posible antes de noviembre de 2021 en algunas comunidades autónomas. Una orden ministerial de carácter nacional, modificó entonces la cartera de servicios sanitarios para incluir a las mujeres sin pareja, parejas lesbianas y bisexuales y personas trans con capacidad de gestar entre quienes tienen el derecho a acceder a la reproducción asistida en la sanidad pública.
Este tratamiento —con la excepción del acceso para personas trans gestantes— había estado ya vigente en la legislación española desde 2006 hasta 2013. Este último año, la entonces ministra de Sanidad del Partido Popular, Ana Mato, anunció que se excluirían a las mujeres solteras y a las parejas de lesbianas y bisexuales de los servicios públicos. Las palabras de Mato fueron: «La falta de varón no es un problema médico». Si bien algunas comunidades autónomas mantuvieron la prestación en su cartera de servicios, otras no. La orden ministerial viene ahora para asegurar que este servicio es accesible en todo el territorio nacional.
«Nosotras hemos sufrido violencia en la infancia»
Los derechos de las familias queer (aquellas que no cumplen con la heterosexualidad) no se conquistan y se reconocen de forma inmediata y sus efectos no siempre son permanentes, sino que dependen del color político del partido que gobierne. El colectivo LGTBIQ mantiene una lucha permanente para evitar ser una vez más la cabeza de turco de las políticas de ultraderecha, algo que se ha podido ver estos últimos años con el auge de Vox y su entrada en las instituciones. «Partidos fascistas intentan imponer un mal llamado pin parental para que en las escuelas no se hable de diversidad, y da bastante miedo que la realidad de mi hije no se contemple en su centro escolar«, lamenta Ana.
La discriminación no solo se queda en las instituciones, sino que va a la par de la sociedad, en la que permean discursos de odio que no solo afectan a los adultos, sino también a las infancias. Las madres y padres del colectivo LGTBIQ afrontan desde que sus criaturas son bebés el temor de que su entorno les increpe por tener una familia en los márgenes de la cisheteronorma . Ana reconoce que ha pensado en la posibilidad de que su bebé tenga quesufrir la discriminación como ella la vivió en su niñez por ser lesbiana: «Tengo miedo porque nosotras mismas en nuestras infancias y adolescencias hemos sido víctimas de violencia».
Las personas trans gestantes, obligadas a abrirse camino
Rubén es un padre trans que tuvo a su bebé de forma biológica, quedándose embarazado mediante reproducción asistida. Antes de poder acceder a los métodos reproductivos por la vía pública, tuvo que someterse a un comité de ética que debía decidir si podía disfrutar de un tratamiento que, por ley, le pertenecía. «Lo que me encontré al llegar a la consulta fueron cinco personas esperándome porque, según me dijeron, mi caso tenía que pasar por un comité de ética», explica. A Rubén no le dijeron cuándo se tomaría la decisión, pero cinco meses después pudo acceder al tratamiento. «Están experimentando con nosotres«, señala.
«En el registro me inscribieron como madre, y me dijeron que lo hacían porque el sistema informático no recogía otra opción», denuncia Rubén. La Comunidad de Madrid recoge en la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación la obligación de «adoptar todas las medidas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que […] se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género«. El testimonio de este padre, sin embargo, deja ver que las administraciones madrileñas no cumplen la legislación.
Rubén exige un cambio legal para las personas trans
A pesar de la transfobia que ha sufrido, Rubén se muestra positivo, y afirma que se quiere centrar en la crianza de su «hije». Él, como Ana y Sandra, lleva a cabo una crianza sin género, y quiere educar a su criatura para que conozca el mayor número de realidades. «En mi entorno hay mucha diversidad y mi hije lo va a vivir desde el primer momento«, explica.
Rubén afirma que para acabar con la discriminación, primero se necesita un cambio legal. «Las personas trans necesitamos aparecer en las leyes, que se nos allane el camino», exige. Ana, Sandra y Carola también reconocen la importancia de que las leyes protejan sus derechos, y quieren que sus criaturas crezcan en espacios diversos, donde no se cuestione su realidad y puedan crecer libremente. «Nos jugamos la vida«, recuerda Sandra.
