Ofensa a los sentimientos religiosos, enaltecimiento del terrorismo, delitos de odio… El Código Penal marca límites a la libertad de expresión y el Gobierno plantea nuevos, como la apología del franquismo. Tres filósofos analizan los riesgos de querer blindarse para ser inmunes a las críticas.
Amelia Valcárcel, Santiago Alba y Javier Gomá reflexionan en declaraciones a Efe sobre la persecución penal de las opiniones en un contexto en el que los tribunales siguen abriendo causas lindantes con ese derecho fundamental; y cerrándolas, como muestran la absolución a Willy Toledo de un delito contra los sentimientos religiosos o la anulación de la condena a Cesar Strawberry por enaltecimiento.
VALCÁRCEL: COMBATIR OPINIONES CON OPINIONES MEJORES, NO CON CÁRCEL
«El problema está en establecer la frontera. En alguna parte del alma humana hay sembrado un arbusto muy espinoso de intolerancia que buscará cualquier pretexto para que no puedas criticar lo suyo, bajo la idea de que es un delito de odio. Y eso es intolerable», afirma Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política.
Siempre habrá gente que diga cosas «contrarias al espíritu recto de la convivencia, cosas que saben que son mentira, cosas contrarias al sentido común. ¿Cuál es la propuesta? ¿Ampliar las cárceles?», se pregunta.
Ella apuesta por «la buena filosofía», por Cesare Beccaria, que ya en el siglo XVIII defendió no legislar aquello que es privado, como el adulterio o el aborto. Los límites penales a la libertad de expresión, a las figuras de opinión, continúa, deberían ser «tan cortos como los dedos de una mano y estar perfectamente señalados», tarea que reconoce harto difícil.
«Una sociedad abierta tiene que tolerar el libre concurso de las opiniones. ¿Por qué? Porque suponemos que sabe defender las buenas. ¿Cómo? Enfrentando a las opiniones otras opiniones mejores y más sólidas, no enfrentando al que las tiene a la cárcel», concluye.
Para Valcárcel, consejera del Consejo de Estado, «la libertad de expresión tiene que frenar las pretensiones de blindarse a la crítica por parte de cualquier colectivo».
ALBA: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS DEMÁS GARANTIZA LA MÍA
Con esta idea coincide el filósofo Santiago Alba, que alerta de que «cada vez más la lógica de los grupos, las minorías y los individuos consiste en exigir que el Código Penal los defienda de la libertad de expresión de los demás».
«Pero la libertad de expresión es sencillamente eso: la libertad de expresión de los demás, que es la que garantiza la mía. Y -al contrario- si coarto la libertad de expresión de los demás coarto la mía», recalca este ensayista y escritor, defensor de eliminar los «delitos de opinión» y derogar la denominada «ley mordaza».
Penalizar la exaltación del franquismo, a su juicio, «no es sólo legitimar la penalización de las ‘ofensas’ religiosas, de los tuits agresivos o de los raps antisistema; es dar pie a que un gobierno de distinto signo acabe persiguiendo la opción política que represento por izquierdista o comunista o nacionalista».
Su propuesta: no perseguir penalmente la apología del franquismo, sino impulsar políticas educativas que «lo penalicen social y culturalmente», dar pasos para que el odio, como el mal gusto, sea desactivado en la escuela y en los medios de comunicación, no en los tribunales.
«Ni la intención del ofensor ni la sensibilidad del ofendido pueden coartar la libertad de expresión», prosigue Alba.
A su juicio, el odio no se puede perseguir -«está ahí, bullicioso y venenoso en nuestras redes; acantonado en nuestras vidas»-, como tampoco pueden ser ilegalizados partidos como Vox.
Alba deposita la responsabilidad de luchar contra el discurso de odio en los políticos, pero sobre todo en los medios de comunicación «que realmente crean en la democracia».
«El destino de la democracia, ni para bien ni para mal, puede depender del sesgo más o menos democrático de nuestros jueces (…) Las denuncias, incluso seguidas de absolución, coartan ya la libertad de expresión», alerta.
GOMÁ: EL EQUILIBRIO CON EL DERECHO AL HONOR Y LA INTIMIDAD
«Los españoles tienen derecho, conforme a la Constitución, a sentir odio y también a decir disparates sobre el holocausto o sobre el franquismo, porque la Constitución no obliga a amar ni a ser juicioso en las opiniones o creencias. Aquí la libertad de expresión debe seguir prevaleciendo», coincide Javier Gomá, director de la Fundación Juan March.
Sin embargo, este filósofo subraya la necesidad de contrapesos. La Constitución se aprobó sólo tres años después de la muerte de Francisco Franco y, tras una dictadura que reprimía la libertad de expresión, la carta magna no sólo consagró esa libertad, sino que declaró que el pluralismo es un principio estructural del nuevo Estado.
Con esos mimbres el Tribunal Constitucional «hizo prevalecer la libertad de expresión sobre el resto de los derechos fundamentales», pero ha llegado el momento de buscar un equilibrio, continúa Gomá con la mirada puesta en el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.
«Debe admitir unos límites no restrictivos, sino normales, cuando choca con otro derecho igualmente fundamental. No hay razón para que el primer derecho se imponga mayoritariamente sobre el segundo, como ha ocurrido hasta ahora», destaca este jurista.
Defiende así el derecho de la persona a «ser, sentirse y ser reconocido como ciudadano decente». «Sería una señal de democracia madura, emancipada del legado franquista, si reconociéramos esos límites a la libertad de expresión», agrega.
El problema, señala Valcárcel en este contexto, es siempre la prudencia.
«Todos sabemos de qué se trata, el problema es cómo se hace. ¿Fabricando un delito de opinión o de odio que se estira y se encoge cuando lo deseamos? No se puede hacer; lo único que consigues es que colectivos que tienen que estar sujetos a crítica, como cualquiera, se quieren hacer invulnerables a ella, impidiendo cualquier opinión que no les convenga. Y eso atenta directamente contra los fundamentos de la democracia», concluye.
