El 25 de julio de 2015, un año más y desde la mitad de siglo XVII, políticos y clero, con la monarquía como palio, en una simbiosis ancestral entre religión y Estado, basado en unas leyendas turbulentas, además de imposibles, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, ha implorado -en la ofrenda al apóstol Santiago- por la unidad de España, por la democracia constitucional, también ha aprovechado para “pedir” al santo por “todos” los españoles.
En el mismo acto, el presidente de la Xunta, en un feo y torpe gesto ha criticado públicamente al alcalde compostelano, Martiño Noriega, que en una actitud constitucional y laica plausible no ha participado en la ceremonia religiosa, ni ha representado al rey en la misma.
El señor Feijóo, muy solmene él, como todos los políticos, de las diferentes formaciones, que le acompañaban en este anual fasto católico no han caído en la cuenta (o sí) de dos graves errores, por un lado que -año tras año- se vulnera la Constitución española:Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Precisamente los políticos más adictos a estos boatos religiosos, incluida la jefatura del Estado, son los que más “reclaman”, estos días, el cumplimiento estricto de la ley y de la Constitución, ¡claro! para lo que les interesa. ¿Y para cuando la laicidad de las instituciones, principio claramente constitucional?
Y por otro lado cada año imploran (?) insistentemente al “santo” por todos los españoles… cuando deberían saber que en España conviven ciudadanos y ciudadanas de muy diversas convicciones y creencias y que, en todo caso, sería el clérigo de turno (no corresponde a un político en función de su cargo) si le viene en gana, pedir por los católicos, a los únicos que puede interesarles tal festividad religiosa o tales creencias.
Apelar a la tradición. Y, además, en este caso: ¡¡qué tradición!! como hacen habitualmente muchos políticos de casi todo pelaje y color, no es sino para seguir privilegiando a la religión católica y a su clero, en este caso en el marco simbólico del poder que ello representa.
En el camino hacia el Estado laico, gestos, pero también hechos son fundamentales.
Los gestos en política están muy bien, son fundamentales y generan un estado de opinión favorable para posteriormente poder modificar de una forma democrática, pacífica y colaborativa la actual situación de confesionalidad católica del Estado.
Por eso los gestos civiles y laicos, como el del alcalde compostelano antes mencionado y de tantos otros de los nuevos ayuntamientos son muy importantes. Pero -también- hacen falta hechos que ahonden en los problemas, tratando de dar soluciones democráticas a cuestiones que históricamente han generado privilegios hacia grupos y colectivos, en este caso a la Iglesia católica en particular.
En el marco de la laicidad de las instituciones, de la separación del Estado de la religión, del fomento y defensa radical de la libertad de conciencia, están muy bien los pequeños gestos que se están observando en algunos ayuntamientos. Y, estamos casi convencidos, de que van a servir para abrir el camino hacia la construcción del Estado laico, del Estado de Derecho, de una democracia más real y participativa, en donde todos los colectivos se sientan cómodos, en donde todas las convicciones sean tratadas por igual, en donde los privilegios sean desterrados. En donde, por fin, se inicie la Transición en esta materia, camino de un nuevo Régimen y forma de gobernar.
Sería conveniente que estos gestos iniciales que se están desarrollando en muchos municipios, no sólo se mantengan, sino que continúen en el tiempo. Son en el ámbito local donde, posiblemente, hay que comenzar esa Transición, por ello quizá se pueda desarrollar una red desde el ámbito del municipalismo que haga de espoleta de los poderes legislativos y ejecutivos, también en el ámbito judicial.
Ya que es urgente una reforma de la Constitución (artículos 16 y 27); la anulación/denuncia urgente de los Acuerdos concordatarios del Estado español con la Santa Sede de 1979 y del Concordato franquista de 1953; sustituir la actual “ley de libertad religiosa de 1980” por una de “libertad de conciencia”, acorde con la realidad secularizada de la actual sociedad española; la eliminación de la multimillonaria financiación de la Iglesia católica y de los privilegios fiscales que mantienen; que la usurpación de bienes públicos que han hecho desde 1946, sean devueltos al ámbito público o a sus verdaderos propietarios y que el Sistema educativo sea universal, único y laico, sacando la religión de la escuela y que el Estado deje de financiar centros dogmáticos de enseñanza.
Hay que estar muy pendientes de los programas electorales de todas las formaciones políticas y coaliciones que se formen, tanto para las elecciones generales, como para las elecciones catalanas. Para ver si ello tiene continuidad, desde donde se pueden tomar medidas de mayor calado legal.
Los próximos meses serán vitales para ver si estamos en la buena dirección o seguimos anclados en hechos ancestrales como el que se produce anualmente el 25 de julio y tantos otros.
La política a lo suyo y la religión en lo suyo. Deben ser ámbitos que no se deben mezclar. Y los poderes públicos, todos, deberían de ser valedores de ello, por bien de la Democracia.
