Cuelgamuros, el IBI o la pederastia, claves para una nueva etapa
El nuevo titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez, figura clave para entender el diálogo del Gobierno con las instituciones religiosas
En la pasada legislatura, Bolaños llegó a acuerdos con las distintas confesiones y ‘arrancó’ a la Iglesia católica el pago del ICIO. La polémica de las inmatriculaciones lastraron una confianza que, ahora, con Cobo en Madrid, se espera recuperar
La ley de Memoria Democrática y el futuro de los benedictinos del Valle será la primera piedra de toque en unas relaciones que, desde Moncloa, se quiere sean más tranquilas que en años anteriores
El Gobierno conoce las divisiones internas en el seno del episcopado, y espera que no se repitan las concentraciones, con obispos en la calle, que sufrió Zapatero durante su primera legislatura
En los últimos meses, Félix Bolaños ha viajado, en varias ocasiones, a Roma. La última de ellas, a la toma de posesión de José Cobo como cardenal de la Iglesia católica, aunque antes ya había acompañado a la delegación española en otros consistorios e, incluso, en el funeral de Benedicto XVI, donde pudo departir con el Papa Francisco. En junio de 2022, el ministro fue el encargado de invitar, por parte del Gobierno, a Bergoglio a España.
En aquel encuentro, Bolaños destacó que «además de la calidez que emana el pontífice, nos inspiran los mismos valores: el diálogo, la solidaridad y el valor de ayudar a quienes tienen más dificultades y están en peor situación en el mundo. Esos valores del papa Francisco inspiran también la labor del Gobierno de España».
«Nuestra voluntad es trabajar siempre con diálogo para resolver los asuntos que son de interés común y que ya hemos demostrado con la resolución de algunos asuntos en fechas recientes. La interlocución con monseñor Omella y los grupos de trabajo es continua. Apostamos por ese trabajo y por buscar soluciones compartidas» señaló entonces el ministro al Pontífice.
Año y medio después, Félix Bolaños es el ‘hombre’ del Gobierno en las relaciones con las confesiones religiosas, ya que a su condición de ministro de la Presidencia (que ya en la pasada legislatura se había arrogado las competencias de, entre otras instituciones, la Fundación Pluralismo y Convivencia), se suman ahora las de Justicia, tradicional cartera encargada de los acuerdos entre el Estado y las religiones.
Bolaños, que durante la pasada legislatura ya selló varios acuerdos con religiones minoritarias, y arrancó a la Iglesia católica la segunda modificación de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 (la renuncia al ICIO), tiene entre sus objetivos encauzar unas relaciones serenas y prudentes con la Conferencia Episcopal, sea cual sea el resultado de las elecciones a la presidencia de la Casa de la Iglesia que se producirá en marzo.
A día de hoy, una mayoría episcopal se decanta por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, mientras que cada vez son más los que piden al cardenal de Madrid, José Cobo, que dé un paso hacia adelante y lidere, desde la cúpula, el necesario cambio generacional y de estilo en la Iglesia española. Sin descartar una tercera vía que, ahora mismo, vendría del sur de España.
No lo tendrá fácil el nuevo ‘superministro’ de Sánchez.
¿Cuáles serán los principales retos respecto a la Iglesia?
1.- Encauzar la Ley de Memoria Democrática y, especialmente, el futuro de los benedictinos en el Valle de Cuelgamuros. La cuestión podría parecer baladí, pero genera mucha desconfianza entre distintos sectores, tanto en el PSOE como en la Iglesia. Sin embargo, existe un canal de relación intenso entre Presidencia y el Arzobispado de Madrid, responsable último de todo lo que suceda en la Abadía. Frente a lo que sugieren de tanto en tanto algunos grupos ultracatólicos, no se derribará la cruz ni se desacralizará la basílica, pero sí habrá que encontrar una solución a la presencia de los benedictinos (y, especialmente, de Santiago Cantera) en el recinto, que como la Iglesia ha recordado hace pocas fechas, depende de Patrimonio Nacional. Tanto Bolaños como Cobo (que, por cierto, coincidieron en la época en la que el hoy arzobispo era párroco en Campamento) confían en una solución dialogada, que no sea boicoteada por los grupos más a la derecha de la Conferencia Episcopal.
2.- Que la Iglesia no se convierta en la ‘oposición’ a Sánchez, como ya sucediera durante la primera legislatura de Zapatero, en la que vimos a decenas de obispos participando en manifestaciones contra el matrimonio igualitario y Educación para la Ciudadanía. No lo tendrá fácil, pues ya son unos cuantos los obispos que han cargado contra la ley de Amnistía, llegando a sugerir que detrás de los acuerdos de investidura se da poco menos que un golpe de Estado en la práctica. En este sentido, la labor de Omella y Cobo, tanto en Roma como en España, está intentando calmar los ánimos y esperar acontecimientos.
3.- La crisis de los abusos. Que puede convertirse en el gran punto de fricción entre Iglesia y Gobierno en esta legislatura. No hay que olvidar que, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez se comprometió a instar a la Iglesia católica a «reconocer y reparar a todas las víctimas del clero«. Hoy mismo, durante la enterga del informe a CONFER, Ángel Gabilondo ha destacado que “las víctimas son el sentido de nuestra labor y son nuestra orilla. Nos hemos puesto en la orilla de las víctimas”. El Defensor del Pueblo ha informado que el siguiente paso es presentar este Informe al Congreso de los Diputados. “Habrá un debate en el Pleno del Congreso y de ahí decidirán los parlamentarios los pasos a seguir”.
4.- ¿Pagará la Iglesia el IBI? Es otro de los temas que podrían abrirse, o cerrarse (al igual que sucediera con las inmatriculaciones) en función de las coyunturas político-eclesiásticas, aunque lo cierto es que, hoy por hoy, la Iglesia católica se rige, a efectos fiscales, por la Ley de Fundaciones, y está exenta de este impuesto en todas las actividades relacionadas directamente con su función social y de culto. También es cierto que, con la ley en la mano, cualquier Ayuntamiento podría exigir el pago del IBI a una institución religiosa por negocios que no estuvieran relacionados estrictamente con sus funciones.
