La Confederación Intersindical Galega, mayoritaria en la comunidad, alerta de que el número de docentes será inferior en el 2022 al que había cuando el presidente de la Xunta llegó al poder hace doce años.
Galicia contará el curso que viene con 868 docentes menos en la enseñanza pública mientras la Xunta sigue incrementando el gasto en la educación concertada. Así lo asegura un informe de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato mayoritario en la comunidad, que ha analizado el impacto de los presupuestos aprobados por el PP para el año que viene.
La Xunta relaciona la bajada con el previsible final de las medidas sanitarias adoptadas contra la covid-19 y asegura que la enseñanza pública tiene este curso, el 2021-2022, “más profesores que antes de la pandemia” pese a que hay “6.000 alumnos menos”, y que Galicia ofrece, junto a Extremadura, “la mejor ratio alumnos/profesor” del Estado. Pero no explica por qué los presupuestos de educación contemplan para el curso 2022-2023 un recorte de casi 900 docentes cuando el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que la educación es un “pilar fundamental” de su acción de Gobierno.
Los datos desmienten la afirmación del presidente. Para el curso que viene el peso de la inversión en educación sobre el total de gasto de la Xunta no llegará al 21% en el 2022 cuando, según el informe de la CIG, superaba el 26% antes de la llegada de Feijóo.
El estudio de la central sindical -que además de globalmente mayoritaria en Galicia también lo es en su sector educativo -, indica que en el curso 2021-2022 habrá menos profesorado en la comunidad que cuando Feijóo accedió al Gobierno autonómico en el 2009: entonces eran 30.439 profesores y el año que viene serán 30.424.
La Xunta, de nuevo, se defiende de las críticas alegando que el año que viene convocará 3.000 “nuevas” plazas de profesores. Pero el sindicato desvela que la cifra es engañosa porque tal convocatoria no hará más que cubrir las jubilaciones de estos últimos años y que el número de docentes, por tanto, no se verá realmente incrementado.
“Se miren por donde se miren, los presupuestos presentados por el departamento de Román Rodríguez [conselleiro de Cultura, Educación e Universidades] muestran una realidad que ya es una constante a lo largo de los gobiernos de Feijóo”, asegura Xesús Bermello, secretario federal de Enseñanza del sindicato, quien desgrana las consecuencias de la estrategia del PP: “Pérdida de relevancia de las cuentas de Educación con respecto a las cuentas generales del Gobierno gallego, reducción del profesorado en la enseñanza pública, despreocupación por la lengua gallega y mayor transferencia de recursos a la enseñanza concertada”.
Con respecto a este punto, el estudio de la CIG se ha retrotraído a los presupuestos de la era de Manuel Fraga para calibrar el impacto de los recortes de Feijóo en la educación pública en favor del gasto derivado de los convenios suscritos con entidades educativas privadas. Si el gasto total de la Consellería creció por debajo del 75% en los últimos veinte años, en la educación concertada se icrementó un 98%. En educación infantil concertada, el aumento supera el 188%.
Si se recurre a los datos de los últimos ejercicios, se observa que esa tendencia sigue manteniéndose: de los 307,5 millones de euros destinados a la educación concertada en los presupuestos del 2020, los del 2022 aseguran 333,4 millones. Un aumento del 8,5% en apenas tres cursos.
Esa estrategia de desmontar el sistema público para derivar la gestión de la educación en el negocio privado se advierte también, según la CIG, en lo relativo al fomento de la lengua gallega, cuya inversión cae un 23% mientras aumentan por encima del 30% los fondos que se destinan a pagar campañas de normalización lingüística ejecutadas por empresas privadas, y un 11% las cantidades destinadas a colegios privados.
“El dinero destinado a los centros educativos públicos es el que sale peor parado en el apartado de normalización, que sigue estando entre los más despreciados por la Xunta justo cuando todos los informes indican una situación de emergencia lingüística, por la pérdida de alumnado gallego parlante y por el mantenimiento de una política involucionista en la defensa de nuestro idioma”, denuncia Bermello.
