Las organizaciones católicas no dejan de presionar para que la nueva ley educativa mantenga o aumente sus privilegios (pagados con el dinero de todos), su escuela adoctrinadora, sin respeto a la libertad de conciencia de los menores, imponiendo sus creencias y su moral desde la infancia. Todo ello coordinado con los propietarios de los centros, que así mantienen su negocio, y con los obispos, que así pretenden asegurarse su clientela. Esta noticia es otro ejemplo más de esa embestida.
La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), la Organización Mundial de Antiguos de la Educación Católica (OMAEC) y la Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAEC) han denunciado ante el Parlamento Europeo el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (también denominada ‘ley Celaá’), que actualmente se encuentra en trámite parlamentario.
Las organizaciones denuncian que la reforma educativa vulnera derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución tales como la libertad de educación, de elección y creación de centros y la libertad religiosa, así como los derechos de los alumnos con necesidades especiales o algún grado de discapacidad.
«La vulneración de todos estos derechos y libertades fundamentales generan una discriminación real y efectiva entre las familias, que afectan directamente a: la gratuidad de la enseñanza obligatoria; la libre elección de las familias; la inversión y los recursos educativos; la discriminación de las familias; y la falta de una atención adecuada a los alumnos con necesidades especiales», explican.
Asimismo, denuncian que la nueva ley se ha hecho «sin tener en cuenta las directivas aprobadas por el Parlamento Europeo de Estrasburgo hace dos años, concretamente en la directiva sobre ‘Actualización de la Educación en la Unión Europea’.
A ello se suma la falta de consenso entre el Ministerio y la comunidad educativa, a la que «se ha tenido al margen y fraccionada», en su opinión.
Según las organizaciones católicas, se trata así de un esfuerzo «baldío», pues para ellas, «una nueva ley educativa que nace, una vez más, sin consenso, será de corta duración y con consecuencias negativas para el sistema educativo a medio y largo plazo». «Además, no cuenta con referencias a la nueva situación educativa que se generará en la etapa post-covid19, donde las nuevas tecnologías tendrán un papel primordial y esencial en la impartición de la educación», comentan.
Y concluyen asegurando que esta nueva ley, en caso de aprobarse, «generará, sin duda alguna, más división, enfrentamiento y discriminación entre las familias y sus hijos».
