El grupo de parlamentarios no adscritos expulsados de Adelante Andalucía el año pasado ha presentado en la Cámara autonómica «una solicitud a la Junta de Andalucía para que, de forma lo más inmediata posible», se les «traslade el registro de inmatriculaciones inmobiliarias» llevadas a cabo «desde la ley hipotecaria de 1946 hasta nuestros días», para conocer las practicadas «por la jerarquía católica» en la comunidad autónoma.
El grupo de parlamentarios no adscritos expulsados de Adelante Andalucía el año pasado ha presentado en la Cámara autonómica «una solicitud a la Junta de Andalucía para que, de forma lo más inmediata posible», se les «traslade el registro de inmatriculaciones inmobiliarias» llevadas a cabo «desde la ley hipotecaria de 1946 hasta nuestros días», para conocer las practicadas «por la jerarquía católica» en la comunidad autónoma.
Así lo ha anunciado este miércoles la diputada Ángela Aguilera en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha defendido que «es fundamental ese registro» después de que el Gobierno de la nación publicara el de las «inmatriculaciones inmobiliarias que se han realizado en el Estado».
Ha apuntado la «sospecha» de que «al menos 4.222» de las inmatriculaciones realizadas «por la jerarquía católica» en España «corresponden a Andalucía», así como que esas «no son todas» de las efectuadas por la Iglesia, sino que hay «muchas más».
Ángela Aguilera ha aseverado que la Junta, «en su deber estatutario y constitucional, debe investigar y custodiar nuestro patrimonio público», y a los diputados expulsados de Adelante les parece «necesario que, al igual que han hecho otras administraciones como la Comunidad Valenciana, exija a la Dirección General del Censo, del Colegio de Registradores, del Catastro, para que podamos tener toda la información de esos bienes inmatriculados».
Ha insistido en que es «un patrimonio público de los andaluces que ha podido ser usurpado de manera irregular amparado en una ley franquista, cuando no en una amnistía del PP o en la inoperancia del PSOE», y por parte de estos parlamentarios se exige a la Junta que «lo antes posible haga las gestiones oportunas ante el Catastro para conocer los posibles bienes usurpados por la jerarquía católica».
CRÍTICAS A LA JUNTA
Por otro lado, Aguilera ha aludido al informe de la Cuenta General de 2019 elaborado por la Cámara de Cuentas que, según ha sostenido, «tira por tierra el discurso triunfalista del PP respecto a su gestión», y «clarifica» también que «estamos en la antesala de un gobierno que niega la violencia machista, es negacionista respecto al cambio climático planteando una ‘Revolución verde’ que es mentira», y cuyos planteamientos están «claramente» orientados a «un proceso de privatización de servicios públicos en Andalucía».
También se ha referido al Plan de eficacia, eficiencia y racionalización para 2021 aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno, sobre el que ha comentado que «todas las alarmas se han encendido» tras su aprobación, así como que «la extrema derecha está deseosa de acabar con Canal Sur», un «ente público que debe ser un referente incuestionable para toda la comunidad andaluza», según ha aseverado.
ESTADO DE ALARMA
Finalmente, se ha referido al anuncio realizado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de que no tiene intención de pedir la prórroga más allá del 9 de mayo del estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-19.
Aguilera ha apuntado que, «desgraciadamente», Sánchez está «pensando más en la política que en la gestión de la pandemia», y su pretensión sobre el estado de alarma «genera un déficit en la cogobernanza» con las comunidades autónomas y también «cierto desasosiego en la sociedad», que está «alertada» ante una posible «cuarta ola» de la pandemia.
La diputada no adscrita ha lamentado que «se está pensando más en la política fría, en campañas electorales, que en las grandes necesidades que tiene el pueblo», y ha tachado de «absolutamente lamentable la actitud partidista, partidaria y parcial» que, a su juicio, protagoniza el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), que «hace el ridículo si critica la ampliación del estado de alarma hace unos días y ahora se enfrenta» al Ejecutivo por lo contrario.
Aguilera ha enmarcado esa crítica de la Junta en la «posición de confrontación» con el Gobierno que viene ejerciendo el Ejecutivo andaluz «de las derechas», y ha pedido «una reflexión, porque la sociedad andaluza no está para estos juegos de pelotas entre unos y otros, sino que necesita políticos centrados en la necesidad de defendernos y gestionar esta pandemia mucho más allá de las peleas partidarias y partidistas que generan desafección de la política», según ha concluido.
