El Presidente boliviano Evo Morales celebrará sus 12 años de gobierno. Pero lo hará en medio de un clima de fuerte agitación, debido al rechazo mayoritario de la población a su deseo de postular a su tercera reelección en 2019, según lo manifestado en el resultado del referéndum de 2016. En un intento por amainar ese clima adverso, el mandatario decidió ayer derogar el nuevo Código Penal que ha causado la protestas de varios sectores del país y que tenían previsto movilizarse hoy, con motivo del informe anual de su gestión ante el Legislativo.
“Decidí abrogar todo el Código del Sistema Penal”, indicó Morales durante una entrevista a medios estatales en La Paz bajo el argumento de “evitar que la derecha use el código para una conspiración política”. El mandatario formalizará la decisión mediante una carta dirigida al Legislativo para que se consideren los artículos observados por algunos sectores sociales.
En los primeros días de este año, el Ejecutivo pidió al Legislativo anular dos artículos que ocasionaron, en primera instancia, el paro de los profesionales en salud y el inicio de protestas de los transportistas. Luego, Morales anunció la “suspensión” de la aplicación de la norma para que durante un año se evaluara la redacción de los artículos cuestionados.
Con todo, el gobierno se ha visto enfrentado a una huelga de un mes y medio de los médicos, además de fuertes críticas de los profesores, transportistas, sindicalistas, la Iglesia Católica y evangélica, y sectores de la sociedad civil, que consideran que el código criminaliza su labor incluso con penas de cárcel por temas como la mala práctica profesional.
El malestar también hizo eco entre los parlamentarios y un grupo liderado por la senadora opositora, Carmen Eva Gonzales, quien inició una huelga de hambre como forma de expresar su apoyo a la abrogación del Código Penal. En Cochabamba, el diputado de oposición Enrique Siles se crucificó en la plaza principal para pedir la anulación del nuevo código.
La Iglesia Católica también había manifestado su rechazo, diciendo que la norma criminaliza el derecho a la protesta ciudadana, despenaliza el microtráfico de droga, pone en entredicho la libertad de expresión, introduce control en las redes sociales, atenta contra la libertad religiosa y deroga artículos contra las ganancias ilícitas y daños lesivos contra el Estado.
El polémico texto presentaba artículos que también son cuestionados por el Colegio de Abogados de Bolivia. La institución incluso denunció que, pese a solicitarlo, no fue considerada por las autoridades de gobierno o del Poder Legislativo para revisar los alcances del nuevo texto.
Esas protestas, además de oponerse a la ley penal, se manifestaron contra la habilitación de Morales para las futuras elecciones previstas para el 2019. Pese al resultado adverso del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le negó la posibilidad de ser candidato para futuros comicios, Morales logró su habilitación gracias a un fallo del Tribunal Constitucional emitido en diciembre pasado.
Así, explica a La Tercera Carlos Morales, editor del diario cruceño El Deber, la decisión de Morales de derogar el Código Penal “termina siendo un evento político de alta complejidad y de alto impacto, porque señala y muestra la debilidad del gobierno en un contexto en que aparece con altísimos niveles de rechazo por parte de la población”.
“Los movimientos sociales han señalado ahora que no basta con la abrogación de del Código Penal, sino que apuestan a que el Presidente se baje de esta repostulación a la presidencia”, comentó Morales.
En esa línea, el ex candidato presidencial y jefe de la opositora Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, instó a la ciudadanía a “hacer respetar el No del 21-F”, según escribió ayer en Twitter.
Para el politólogo Jorge Lazarte , “el gobierno está acosado y tuvo que retroceder en más de una ocasión, rompiendo con sus propios hábitos”. “Ya no es el poder de sus primeros años. Está en un proceso de declinación, quizá irreversible”, señala a La Tercera.
En una muestra de la debilidad del gobierno, ayer una encuesta publicada por el diario El Deber de Santa Cruz estableció que “siete de cada 10 encuestados consideran que Morales no debe ser candidato en 2019 y una cifra similar está en contra del fallo” del Tribunal Constitucional. Según el sondeo, Morales recaba “un respaldo del 34%, 24 puntos menos de los que tenía en enero de 2017”. Otro sondeo del diario Página Siete mostró que un 66% piensa que el oficialismo no respetará los resultados de las elecciones de 2019 si el Presidente pierde.
