Una proposición de ley «impregnada de tutela de los grupos LGTB dándoles prerrogativas y control que a ningún otro colectivo se concede en ninguna otra ley»; expresa la Alianza Evangélica Española.
El proyecto de ley de Igualdad LGTBI presentado el pasado 4 de mayo en el Congreso ha superado los trámites iniciales de forma que continúa con el trámite parlamentario habitual.
La conocida como ley LGTBI -que se puede consultar en la web del Congreso– ha sido elaborada por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y cuenta con el respaldo del resto de grupos parlamentarios, excepto el PP, aunque por su parte el Gobierno no ha puesto ninguna pega a su tramitación parlamentaria.
La Alianza Evangélica Española ante la proposición de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de LGTBI” ha hecho público un Comunicado en el que define esta proposición de Ley como “impregnada de prejuicio e intolerancia” e “incapaz de distinguir entre respeto a las personas y derecho a la discrepancia”.
Además, expone, “limita la libertad de los padres para educar a sus hijos en valores, o el derecho a discrepar y a expresarlo públicamente. El texto está cargado de ideología y vacío de apoyo científico”.
Esta propuesta de ley, indican, promueve una sociedad impregnada de dogmatismo en base a un pensamiento único ajeno a la libertad y en la línea de la coerción, que responde más a un lobby con agenda propia que teniendo en cuenta la diversidad social.
Así, explica, se establece desde el principio que “el género es una categoría humana que puede estar en constante evolución y como tal tiene que ser percibida como una experiencia vital, un recorrido diverso en tiempos y forma”; siendo a juicio de la AEE “un dogma basado en la ideología, no en la evidencia científica, y desde los dogmas no se puede construir democracia ni progreso”. Sobre este tipo de postulados, añade, “se desarrolla todo un articulado que no da pie a la diferencia de pensamiento”.
Como consecuencia, “esta proposición de ley está impregnada de tutela por parte de los grupos de acción LGTB, a los que se otorgan prerrogativas y capacidades de control que a ningún otro colectivo se concede en ninguna otra ley” y ante esto, los protestantes que representa la AEE “se rebelan”.
El Comunicado expone que “los protestantes sabemos lo que es sufrir discriminación, pero jamás hemos utilizado el victimismo en provecho propio para reclamar privilegios por encima de los demás.
Los privilegios para un sector de la población son incompatibles con un sistema democrático”.
Algo que analizan citando algunos ejemplos que reproducimos literalmente.Impone la visibilización parcialista de este grupo; prevé la conformación de un Plan Interdepartamental específico y del Centro Nacional de la Memoria Histórica LGTBI. Convierte a los activistas LGTBI en juez y parte a través de su participación en la “Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual”.
Penaliza no sólo la transgresión de la ley, sino también la omisión de su cumplimiento proactivo. Establece el adoctrinamiento en los dogmas de la ideología de género en todos los niveles educativos. Define medidas particulares de apoyo al colectivo LGTBI en el ámbito laboral. Impone criterios específicos a los medios de comunicación, con sus correspondientes medidas coercitivas.
Prohíbe que un homosexual o transexual pueda retornar a la concordancia con su sexo biológico, estableciendo severas sanciones para los profesionales que le presten ayuda, aún con el consentimiento del interesado. Aborda el tratamiento hormonal cruzado de menores con una ligereza asombrosa, sin tener en cuenta lo que la ciencia médica dice al respecto, y contradice la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002, donde está claro que el menor no puede prestar consentimiento por sí mismo en situaciones equiparables a la señalada.
Impone la inversión de la carga de prueba, con lo que liquida la igualdad de todos ante la ley y crea inseguridad jurídica, un elemento fundamental del estado de derecho. Otorga un poder ilimitado al estado, en contra del pensamiento democrático occidental, al invadir áreas de competencia propias de la sociedad civil y de la familia. El régimen de sanciones propuesto nos parece exagerado; al mismo tiempo, es sangrante que lo que no se tolera contra los LGTBI se tolere, por ejemplo, contra los católicos, bajo la justificación de “libertad de expresión”.
La Proposición puede consultarse en este enlace: Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
