La ordenanza municipal que impide abrir centros de culto en edificios de viviendas es criticada por las confesiones minoritarias, que se plantean formar un frente común para denunciar la norma.
La decisión del Ayuntamiento de Bilbao de prohibir la apertura de lugares de culto en edificios de viviendas ha generado malestar entre las "religiones minoritarias", que interpretan la medida como discriminatoria y, por lo tanto, se plantean denunciarla ante los tribunales.
Así lo ha expresado Juan Muela, del Consejo Evangélico del País Vasco. “No tenemos ninguna duda de que vamos a ir a los tribunales, sólo falta aclarar en qué condiciones”, afirma convencido de que esta es la solución que tienen que afrontar, ya sea formando un frente común con otras confesiones, o con el apoyo de la Federación evangélica (Ferede) que ya mostró en diciembre su voluntad de cubrir esta causa.
El Observatorio del Pluralismo Religioso, dependiente del Ministerio de Justicia, ha expresado también su preocupación. “Esta es la primera ciudad que modifica su Plan General y puede crear un precedente”, afirma Rita Gomes, técnico de la entidad, que opina que los Ayuntamientos “deben ponderar para evitar actitudes discriminatorias”. En esta ocasión, “se busca una aplicación preventiva del orden público”, la única limitación que por ley puede ponerse a la libertad religiosa. “Tratan de anticiparse a un supuesto conflicto cuando hay estudios que dicen lo contrario, que donde hay centros de culto mejora la seguridad ciudadana”.
Ya en diciembre, las minorías religiosas dieron una respuesta común ante una restricción que “limita de forma grave y desproporcionada un derecho fundamental”. Comunidades islámicas, evangélicas, mormonas y ortodoxas firmaron el mismo escrito de protesta, que también respaldó la Compañía de Jesús.
Ahora planean utilizar esos contactos para ir un paso más allá. “Estamos pendientes de un nuevo encuentro”, dice Juan Muela. “Hay que palpar el ambiente, ver si hay ganas de luchar. Ojalá vayamos juntos, porque nos une un derecho fundamental que vemos amenazado. Nos han tratado a todos igual de mal”, insiste.
APROBADO EN SOLITARIO POR EL PNV
La medida para prohibir la instalación de centros de culto en las viviendas provocará un desplazamiento casi obligatorio de los centros religiosos a las afueras de la ciudad.
El pleno municipal aprobó la medida el pasado 25 de septiembre, con la abstención del PP y el rechazo de PSE y Bildu. Desde el PNV, Ibon Areso, responsable de urbanismo, ha defendido que el objetivo de esta modificación es “tratar de restringir las molestias que se pueda ocasionar a los vecinos” y ha rechazado la petición popular de crear una ordenanza específica para este tipo de recintos.
El PP, por su parte, esperaba una sanción más específica, considerando el “aumento generalizado” en las solicitudes para abrir centros de culto en la villa, y ha criticado al PNV por “dilatar los plazos” en este asunto, según dijo la portavoz Cristina Ruiz.
El portavoz socialista Antonio Gil (PSE) ha considerado que con la iniciativa del equipo de gobierno “se intenta poner puertas al campo”, y ha señalado que con esta medida “se cambia la imagen de buenos anfitriones que tenemos los bilbaínos”.
Para la edil de Bildu, Ana Etxarte, la medida supone una “vulneración de derechos”, advirtiendo que la medida “acabará en los tribunales”. Se está “restringiendo los derechos de las personas que tienen una religión diferente a la católica”, ha señalado. Por último, ha advertido que el gobierno municipal “será recordado por convertir a Bilbao en la ciudad con una de las regulaciones más excluyentes y discriminatorias”.
DISCRIMINACIÓN
El Ayuntamiento insiste en que “no se crean guetos ni se manda a nadie al extrarradio” porque en el centro de la ciudad “hay muchos edificios terciarios, equipamentales y productivos” susceptibles de albergar oratorios, siempre que los promotores puedan pagar la compra o alquiler de los locales.
La prohibición de instalarse en bloques de viviendas se ha extendido posteriormente a pubs y discotecas, lo que la comunidad evangélica interpreta como un signo de mala conciencia. “Nos meten a todos en el mismo cajón, en la categoría de las actividades molestas, y eso nos parece un insulto”, se queja Juan Muela. “Creemos que no es un problema urbanístico sino de xenofobia, miedo al extraño, y por intereses electoralistas han dado la razón a unas quejas vecinales no suficientemente fundadas”.
