La Comision Europea defiende que son «víctimas», mientras el Gobierno español nunca les ha concedido ese reconocimiento
Les recomienda denunciar su indefensión ante el Tribunal de Estrasburgo, ya que en España el 95% de las demandas son archivadas
Los hechos no están amparados por la Directiva europea contra el tráfico de seres humanos porque sucedieron antes de que España la firmara, en 2013
La Comisión Europea ha reconocido que los afectados por los casos de bebés robados son «claras víctimas de crímenes contra los Derechos Humanos». Las personas perjudicadas por esta trama, que comenzó durante el franquismo y se extendió hasta bien entrada la Transición, se han tenido que marchar a Bruselas para escuchar esas palabras. Llevan años solicitando al Gobierno español ese reconocimiento sin que les hayan concedido la condición de «víctima».
Según explica Enrique Vila, letrado y presidente de la asociación Sos Raíces, este reconocimiento solo lo puede otorgar el Estado y puede acarrear alguna «gratificación» a los miembros del colectivo, como indemnizaciones y acceso a la justicia gratuita. Sin embargo las asociaciones afectadas por esta trama denuncian «la indiferencia del Estado español» ante su situación.
Por eso acudieron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para solicitar la mediación de las instituciones comunitarias. En la queja suscrita por numerosas asociaciones se planteaban varias propuestas, entre ellas que las víctimas tengan acceso a los registros que contengan datos sobre sus familiares biológicos.
El presidente de la Federación Coordinadora X-24, Francisco González de Tena, explica que no cuentan con «procedimientos legales y administrativos» para acceder a la documentación de hospitales y clínicas en las que se produjeron los robos. También han solicitado la intermediación para acceder a la documentación que poseen el Vaticano y la Conferencia Episcopal. «Hasta ahora todos esos escritos son considerados privados y no nos dejan acceder». «Esto provoca que haya muchos seres humanos que están andando por la calle con una identidad alterada», aclara.
El Gobierno desoye las recomendaciones de la ONU
La ONU ya se pronunció en septiembre del año pasado sobre esta situación en un análisis que realizaron sobre las víctimas del franquismo. En una recomendación planteada por uno de sus relatores, Pablo de Greiff, sugería al Gobierno de Mariano Rajoy que los afectados por los robos de recién nacidos pudiesen acceder « a archivos y fondos documentales oficiales y no oficiales«. «Después de que se presentasen las conclusiones, el Gobierno tenía 90 días para cumplir con esas exigencias y a día de hoy siguen sin implementarlas», explica Tena.
La Comisión Europea, a través de su portavoz Christel Mercadé , ha reconocido que durante las investigaciones de estos casos se han podido dar «irregularidades» e « infracciones en materia de Derechos Humanos», aunque ha añadido que este organismo no puede intervenir porque los hechos no están amparados por laDirectiva europea contra el tráfico de seres humanos. España firmó esa normativa en 2013. Los hechos sucedieron antes por lo que no están amparados por la ley europea. Por eso han apuntado que es el Gobierno quien debe actuar e investigar estos hechos.
Eso sí, han aconsejado a los afectados que denuncien su situación ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeo de Estrasburgo si consideran que la justicia española no les ha apoyado, ya que los portavoces de las asociaciones plantean que el 95% de las denuncias presentadas en tribunales españoles por este colectivo han sido archivadas.
Según explica Tena, por ahora no tienen pensado recurrir de forma colectiva a Estrasburgo. Por su parte, Vila añade que este Tribunal es el único organismo que podría obligar al Estado español a investigar estos casos y ya hay seis afectados, que a nivel individual, han solicitado ante la Corte europea la reapertura de sus expedientes. «Si ese tribunal les da la razón, sentará jurisprudencia en nuestro país».
«No hay medios para investigar los casos denunciados»
Los portavoces de las asociaciones que ratificaron la queja en Bruselas el 17 de septiembre han señalado que la justicia española no cuenta con medios para investigar estos casos. Protestan porque son ellos los que tienen que hacer frente al coste de los análisis de ADN. Vila añade que las investigaciones realizadas por las fiscalías provinciales ha sido «superfluas». «Como ni el fiscal investiga, ni hay justicia gratuita para los afectados, la mayoría de los afectados se están conformando con el archivo de la Fiscalía», apunta.
Otra de las propuestas planteadas consiste en la creación de un banco de datos de ADN controlado por las víctimas. Actualmente, no existe una cifra oficial que registre el número de «bebés robados» desde el franquismo. Las estimaciones realizadas por las asociaciones son dispares. Según el p residente de la FederaciónCoordinadora X-24, 300.000 recién nacidos fueron sustraídos. Por su parte, Vila reduce esta cifra al 60%, 180.000 afectados, ya que considera que no todas estas adopciones son fruto del robo de bebés.
Según ha informado Izquierda Unida, partido que invitó a las asociaciones a presentar una solicitud ante el Parlamento Europeo, la Comisión de Peticiones enviará una carta a las autoridades españolas «solicitando información y exigiendo que las familias tengan acceso a los archivos y se pongan los recursos necesarios para investigarlo».
