30 propuestas para acabar con la confesionalidad encubierta del Estado
Se seculariza la sociedad española a pasos agigantados, pero las instituciones del Estado no se mueven de una confesionalidad encubierta, ni se hacen leyes para refrenar los privilegios de la jerarquía católica. Desde estas constataciones, Europa Laica ha presentado a los partidos políticos, la noche pasada, una batería de propuestas que pide se tengan en cuenta en los programas de las próximas elecciones municipales y autonómicas. “Proponemos debatir esas medidas para que se comprometan con la sociedad española a establecer, de una vez por todas, la laicidad del Estado. En materia religiosa, la sociedad se acerca a la media europea, mientras que los poderes públicos y una mayoría de los políticos siguen anclados en una confesionalidad más cercana al nacionalcatolicismo que a los procesos democráticos laicos que una mayoría de la sociedad demanda”, dijo Francisco Delgado, presidente de la organización, ante el centenar de personas convocadas en la sede del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid (CAUM).
La primera reunión se ha realizado en la sede del PSOE con su secretario de Acción Política y Ciudadanía, Patxi López. El documento, de 3.400 palabras, se titula ‘Por un estado laico: compromiso electoral’, y contiene 30 medidas genéricas y 143 específicas para los ayuntamientos. Puede consultarse completo en los cuatro idiomas oficiales del Estado español, en el enlace https://laicismo.org/detalle.php?pk=37830&tp=ds. Esta es “la finalidad de la medidas”, en palabras de Juanjo Pico, del área de Comunicación de Europa Laica: Garantizar la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa o ideología particular, asegurando así la neutralidad ideológica de las administraciones públicas; Eliminar cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato económico y fiscal para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con el fin de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la Ley y la separación de los ámbitos público y privado, y Asegurar una Educación laica, como derecho universal, igual e integrador, dentro de un proyecto común de ciudadanía
Entre las modificaciones legislativas, incluida una reforma de la Constitución de 1978, Europa Laica propone la anulación de los llamados Acuerdos firmados en Roma, en 1976 y 1979, entre España y el Estado vaticano, en realidad un concordato clásico en toda regla; la supresión de todo tipo de financiación pública de la iglesia católica y de otras confesiones, incluidas las exenciones fiscales, y sacar la religión confesional del sistema educativo y eliminar la financiación pública de los centros de Enseñanza con ideario propio.
También se proponen medidas sobre cuestiones simbólicas para garantizar la neutralidad ideológica de las administraciones públicas, como que “ninguna autoridad pública o funcionario podrá participar en actos de carácter confesional, en calidad de tal; eliminar “cualquier tipo de simbología religiosa en los actos oficiales, así como en lugares y edificios de titularidad pública y en aquéllos que tengan tal condición, aunque sean gestionados por actores privados o estén sometidos al derecho privado”, y suprimir “cualesquiera honores civiles u homenajes públicos (condecoraciones, votos o nombramientos civiles) a imágenes, advocaciones, santos o símbolos religiosos”.
Europa Laica reclama también la “adecuación de los reglamentos de honores y protocolo de las Administraciones públicas, así como de los entes públicos, del ejército y fuerzas del orden y de las universidades a la no confesionalidad del Estado establecida en la Constitución; la “eliminación de las capillas de cualquier lugar público dependiente de la Administración central o periférica, ya sea escolar o universitario, sanitario, servicios sociales, centro penitenciario, juzgados, cuarteles militares o de las fuerzas de orden público, embajadas y consulados”; la “supresión de la figura de los capellanes funcionarios católicos y, en su caso, de otros representantes religiosos de los ejércitos, hospitales y cárceles, así como del arzobispado castrense”, y también la “supresión de la emisión de culto o ritos de carácter religioso a través de la televisión, radio o cualesquiera medios de comunicación de titularidad pública”.
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