Secularismo, religión y pluralismo. La sociedad europea es cada vez más secular y menos practicante –el 55% de los jóvenes adultos europeos se considera «sin religión», según datos de la Encuesta Social Europea 2014/16–, y pese a la importante presencia histórica del cristianismo se ha promulgado durante las últimas décadas la separación Iglesia-Estado, dejando a hacer a las religiones en el ámbito privado. Sin embargo, en los últimos años las jurisdicciones de los países europeos están promulgando más y más leyes para controlar, reducir o incluso prohibir determinadas prácticas religiosas. Y el objetivo de estas leyes es, principalmente, el islam.
Europa es, precisamente, la zona geográfica donde más han crecido las restricciones religiosas organizadas por los Estados, según un análisis de la encuestadora Pew Research publicado el pasado julio. Si en 2007 la tasa de limitaciones de los gobiernos europeos sobre las distintas religiones era de 1,5 frente al 2,3 de la media global sobre un máximo de diez, en 2017 (los últimos datos que reflejan) había crecido hasta 3,0 frente al 3,4 de la media global. El doble en diez años.
Es decir, las restricciones sobre la religión impuestas por los gobiernos han crecido, pero en Europa de manera especialmente rápida y brusca, tanto porque partían de una base sin apenas restricciones y más aún tratándose de un continente que promulga el respeto total y a la libertad de culto y la tolerancia religiosa.
La mayoría de las restricciones se centran en prácticas asociadas con la religión musulmana. En 2012, varios concejos locales moldavos prohibieron rezos musulmanes en público. En Colonia (Alemania), una corte regional declaró la circuncisión (práctica asociada tanto con el islam como con el judaísmo) como «agresión» si no se hacía por motivos médicos. Tras enconadas protestas, el Gobierno federal tuvo que aprobar una legislación aceptando la circuncisión, en la que se corta parte del prepucio de los niños, en casos de motivación religiosa.
Este 1 de septiembre entrará en vigor la prohibición de sacrificar animales sin antes haberlos dejado inconscientes en la región belga de Valonia, como ya se hizo a principios de año en la de Flandes. Esta prohibición afecta directamente al conocido como ‘rito halal’ para el sacrificio de animales para el consumo humano en el islam, en el que se degüella al animal todavía consciente (aunque la pierde en apenas unos segundos por la hipoxia cerebral) y se le deja desangrándose durante horas. Sin rito halal, los practicantes musulmanes no podrían consumir carne. No son los únicos: en los ritos ‘kosher’ judíos también se requiere obligatoriamente que el animal esté consciente en un rito similar pero efectuado por practicantes judíos.
Bélgica no es el único país europeo donde se prohíben de facto los ritos halal y kosher de sacrificio: países como Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Eslovenia obligan a que se aplique algún sistema que deje inconsciente al animal antes de ser pasado por el cuchillo, mientras que Países Bajos, Suiza, Liechtenstein y Alemania permiten ciertas excepciones, aunque limitadas.
Aunque la justificación de los legisladores belgas es la protección de los derechos de los animales, algunas voces tanto dentro como fuera del país señalan presunta islamofobia por la aprobación de la medida, además de un ejemplo del creciente sentimiento antiinmigrante y antimusulmán de los nacionalistas flamencos que ha terminado de marcar la agenda general en el país.
La prohibición fue motivada «más por la estigmatización de ciertos grupos» que por las preocupaciones sobre el bienestar animal, y el gobierno podría tomar otras medidas para reducir el sufrimiento animal, «sin violar la libertad de religión belga y la regulación europea con respecto a este asunto», señaló Joos Roets, un abogado que representa a una organización paraguas de instituciones islámicas.
En este panorama, los judíos serían una víctima colateral de la campaña antimusulmana de partidos como la N-VA (Nueva Alianza Flamenca), según afirma el presidente de la Confederación de Rabinos Europeos, Pinchas Goldsmidt. El rabino considera que, «con estas leyes antimusulmanas, Europa se adentra en una nueva ‘Edad oscura’ (en referencia a la Edad Media)».
«Los creyentes se verán obligados a elegir entre comer carne y violar sus creencias religiosas» escribe el abogado estadounidense Wesley J.Smith, del Discovery Institute’s Center on Human Exceptionalism, en un artículo titulado «Europa continúa reduciendo la libertad religiosa».
«Ese tipo de intolerancia religiosa solo aumentará en el futuro. Existe una gran presión, por ejemplo, para prohibir la circuncisión infantil, un requisito sagrado y absoluto de los judíos, que muchos musulmanes también practican como un deber religioso. También se están realizando esfuerzos para obligar a los médicos a participar en el aborto y / o la eutanasia, incluso cuando un médico considera que tales actos son un pecado grave que afecta materialmente sus propios destinos eternos», escribe el abogado.
Lo que no apunta el estudio del Pew Research es que la mayoría de estas limitaciones se han impuesto por motivos relativos a «consideraciones sociales legítimas», según algunos activistas y legisladores. Un ejemplo podrían ser las medidas adoptadas contra el burka (velo islámico que cubre todo el cuerpo, incluido rostro, de la mujer), cuya prohibición tanto en espacios públicos como en escuelas se ha sustentado en justificaciones relativas a seguridad o derechos de las mujeres.
Activistas prosecularización sostienen que la religión «es un asunto enteramente privado» que no debería ser parte de la vida pública o afectar las legislaciones estatales.
En la UE no existe un modelo único de relaciones Iglesia-Estado específico, y cada país ha desarrollado su propio equilibrio entre dejar hacer a la religión o acercarla al Estado. En países como Alemania, Grecia e Irlanda hay menciones específicas a Dios en la Constitución. Otros Estados miembros, incluidos Eslovenia, Portugal y Eslovaquia tienen un concordato con la Santa Sede. Francia sería el otro extremo: la laicidad es un hecho consagrado en su Carta Magna.
