Con una asistencia ambulatoria y hospitalaria que ha retrocedido al nivel de hace 60 años (por su masificación, baja calidad asistencial y falta de recursos), la presencia de curas católicos en los comités de ética podría parecer un asunto banal, acostumbrados como estamos a estas situaciones de claro privilegio a favor de la iglesia católica. Esta posibilidad se reconocía para el antiguo INSALUD, incluso en 1995, con el PSOE en el gobierno de la nación.
Pero el problema no es que haya curas católicos en el comité: el problema es que hay 546 curas católicos, en exclusiva, en los hospitales públicos españoles. Y el problema es que los paguemos entre todos los españoles, sean cuales sean nuestras creencias (de origen religioso o no). Sólo en la Comunidad de Madrid pagar sus sueldos en 2008 nos costará 766.000 € (127,5 millones de Ptas).
Esto es así por la existencia de esa fábrica permanente de desigualdad y discriminación que son los Acuerdos con el Vaticano de 1979 y la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Por el primero el Estado reconoce y garantiza la asistencia religiosa en los hospitales públicos y a la religión católica le reconoce regularlo de común acuerdo (art.IV). Por la segunda se obliga a los poderes públicos a adoptar «las medidas necesarias» para facilitar la asistencia religiosa en los hospitales, entre otros establecimientos públicos.
Ante una situación que precise de confortamiento o asistencia moral en un hospital, cualquier ciudadano (con creencias de origen religioso o no) debería tener el derecho de solicitar la ayuda que estime conveniente. Pero el privilegio actual a favor de las creencias religiosas en general, y católicas en particular, es indignante, gravemente discriminatorio y atenta contra la Constitución. Máxime si al capellán se le provee de sueldo, despacho y capilla estable. Así pues ¿por qué extrañarse de que se siente en un comité?
Por lo tanto, si el PSOE de Madrid desea acabar con esta situación, haría bien en «oponerse rotundamente» a la «auténtica barbaridad» de ambas leyes, en vez de enredarse en la cortina de humo de los comités de ética (aunque también haya que denunciarlo). Su Secretario General, Tomás Gómez, afirma que el gobierno de Aguirre «intenta llevar a la Sanidad pública madrileña un modelo moral que no es compatible con el modelo constitucional» ni con una España moderna. Pero el modelo moral ya lo tenemos implantado, merced a los Acuerdos de 1979, en la enseñanza pública, en los hospitales, en las cárceles, en el ejército, en la judicatura, en la política.
Por tanto propongo al PSOE de Madrid, y a sus militantes, que en vez de establecer un «frente social y político» contra la presencia católica en los comités de ética (que es un efecto), dirijan dicho frente contra los Acuerdos de 1979 y la Ley de Libertad Religiosa de 1980 (que son la causa). El movimiento por un Estado verdaderamente laico, a favor de la libertad de conciencia y por una verdadera separación iglesias-Estado se lo agradecería y resultaría de ello, una sociedad más justa y democrática.
