José Antonio Fernández fue cesado como docente de Religión en 1997
Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo han escuchado hoy los argumentos del Estado español, por un lado, y del abogado de José Antonio Fernández, despedido como profesor de Religión en 1997, así que decidirán en las próximas semanas si se han vulnerado sus derechos a la privacidad y la libertad ideológica y de expresión. La razón por la que la jerarquía católica retiró a Fernández el visto bueno (Declaración Eclesiástica de Idoneidad, imprescindible para ser docente de Religión católica en institutos públicos) es porque se había hecho pública, al salir su foto en un periódico, su condición de cura casado, en realidad, excura, pues él había pedido su dispensa como sacerdote antes de contraer matrimonio, aunque la Iglesia no se la concedió oficialmente hasta 13 años después, cuando Fernández ya llevaba 12 casado, tenía cinco hijos y llevaba cinco cursos como profesor.
El abogado del Estado argumentó que la Administración debe ser neutral ante los criterios religiosos usados por la Iglesia para conceder o retirar la declaración de idoneidad, potestad que les dan los acuerdos firmados en 1979 entre España y la Santa Sede. Pero también defendió el abogado del Estado los argumentos presentados ante Estrasburgo por la Conferencia Episcopal Española, que, aunque no es la acusada en este caso, sí ha querido formar parte del proceso. Estos son que Fernández había defendido públicamente posiciones contrarias a la doctrina católica sobre el divorcio o el aborto, pues la reunión donde Fernández fue fotografiado en 1996 estaba organizada por el Movimiento Pro Celibato Opcional, algunos de cuyos miembros sí han defendido públicamente esas posiciones sobre el divorcio o el aborto.
El abogado de Fernández, José Luis Mazón, no solo negó rotundamente que su defendido hubiera manifestado públicamente esas opiniones, sino que se quejó al tribunal de que esos argumentos nunca se habían usado por parte del Estado o de la Conferencia Episcopal durante el proceso judicial seguido en España y que acabó en 2007 en el Constitucional, que respaldó el despido. Por eso, dijo Mazón, el Estado no puede llegar con alegaciones nuevas a Estrasburgo, cuyo cometido es revisar el proceso judicial seguido en España.
De cualquier modo, el caso está ya listo para sentencia, y los jueces -que han pedido aclaraciones a los abogados sobre las pruebas del Estado de las declaraciones públicas de Fernández sobre el aborto o el divorcio, sobre la naturaleza de la fotografía y de la información aparecida en el periódico en 1996 o sobre la relación contractual entre el profesor y la Administración- tomarán su decisión en las próximas semanas, pues el caso ha quedado listo para sentencia.
Si Estrasburgo considera que se han vulnerado los derechos de Fernández, quien tendrá que pagar es el Estado, que es el que finalmente contrata o despide a los profesores de Religión de los centros públicos, aunque sea siguiendo las indicaciones de la jerarquía católica. De hecho, el Estado es el que ha pagado la mayor parte de las indemnizaciones en los cientos de casos en los que los obispos han decidido el despido de profesores, por ejemplo, por casarse con un divorciado, ejercer el derecho a la huelga o salir de copas.
