Cuando en julio de 1859 el Presidente Benito Juárez expidió, desde el Puerto de Veracruz las Leyes de Reforma que incluían la Ley referente a la desamortización de los bienes del clero, la creación del Registro Civil, la secularización de los cementerios, el decreto sobre fiestas públicas laicas y más adelante, en el plan general de las Leyes de Reforma, la libertad de cultos tema latente en todas las leyes expedidas; no imaginó siquiera que en pleno siglo XXI el debate en torno a la laicidad del Estado mexicano tendría que volverse a dar ante la permanente violación y agresión que en la última década han venido vulnerando al Estado laico.
Tuvo por esto que reeditarse la lucha dada en el siglo XIX, diputadas y diputados federales de la legislatura anterior en 2004 convocaron al Foro "Situación y Desafío del Estado Laico en México" cuya conclusión fue incorporar la defensa del Estado laico como un tema estratégico de la reforma del Estado, producto de ello presentaron una Iniciativa para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano, impulsada por las entonces diputadas Martha Tagle Martínez, de Convergencia, Marina Arvizu Rivas, de Alternativa; Elsa Conde quien la propuso del Partido Alternativa Socialdemócrata; Rosario Ortiz Magallón y Rafael García Tinajero del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alfonso Izquierdo Bustamante (PRI), Enoé Uranga, María de los Ángeles Moreno y Beatriz Pagés, por mencionar algunos.
Sin embargo los grupos conservadores de este país continuaron sus intervenciones, la Iniciativa no se concretó, tres años después con el trabajo y respaldo de especialistas en el tema de religiones como Roberto Blancarte de El Colegio de México, con el apoyo de activistas de Afluentes, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Demysex, Foro Intereclesiástico Mexicano, Frente por la Cultura Laica, Libertades Laicas, iglesia La Luz del Mundo y con la suma del grupo "República laica" que agrupa a hombres y mujeres de todas las ideologías políticas; la defensa de los preceptos y valores de un régimen jurídico político que nació hace 150 años se logra.
Presentada nuevamente una Iniciativa en la actual legislatura por los diputados Víctor Hugo Círigo del PRD, y César Augusto Santiago del PRI se aprobó la reforma al artículo 40 de la Constitución General de la República estableciendo la laicidad como uno de los ahora cinco principios rectores de toda la organización del orden constituido (republicanismo, democracia, representatividad, federalismo y, ahora, laicidad).
Con las modificaciones aprobadas por mayoría de diputadas y diputados integrantes de las siete bancadas, el artículo 40 quedaría de la siguiente manera: "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en un federación establecida según los principios de esta ley fundamental".
El concepto de "Estado Laico", surgió históricamente de la separación iglesia-Estado en Francia a finales del siglo XIX. Los laicistas consideran que su postura garantiza la libertad de conciencia, además de la no imposición de las normas y valores morales particulares de ninguna religión.
En base a ello consideramos que la laicidad del Estado supone mucho más que la separación del Estado e iglesias, "significa el respeto por parte del poder público, de los derechos humanos; la libertad de conciencia; la no discriminación y el pleno reconocimiento de la pluralidad que se expresa en una sociedad democrática".
La laicidad se opone a los fundamentalismos y al fanatismo; al autoritarismo religioso y político; a la exclusión social y a la injusticia; a la imposición de una visión única de la realidad, defiende la autonomía de lo político frente a lo religioso; la equidad y el trato justo, implica una autonomía real frente a cualquier doctrina religiosa y la implementación de políticas públicas basadas en evidencias científicas e información objetiva, suficiente, y no en dogmas religiosos.
Esta es la importancia de esta reforma a la Constitución, ahora corresponde al Senado de la República avalar el dictamen para sus efectos constitucionales y con ello consolidar el principio de laicidad defendido hace 150 años por Don Benito Juárez García.
