Los mexicanos estamos interesados en la preservación del principio constitucional de laicidad, “garante de la absoluta libertad de todo individuo en cuanto a la opción espiritual que decida seguir, así como de la estricta igualdad de trato de todas las opciones espirituales” (Peña-Ruiz y Tejedor, 2009).
Lo anterior debe quedarle claro a todos los políticos de México, quienes están obligados a cumplir la Constitución General de la República, la cual establece otro principio importante e histórico: el de la separación del Estado y las iglesias. Este principio impide que las iglesias intervengan en los asuntos del gobierno, y que éste tenga injerencia en la vida interna de las asociaciones religiosas.
La preservación de los principios constitucionales antes mencionados debe ser compromiso de los hombres y mujeres que aspiran gobernar nuestro país en el próximo sexenio, en el que los mexicanos esperamos el fin de las recurrentes violaciones al Estado laico por parte de una clase política que, en los últimos tres sexenios, ha hecho caso omiso del mandato constitucional en materia de laicidad.
La paz social sólo será posible con autoridades respetuosas de los artículos 3º, 40 y 130 de nuestra Carta Magna, en los que se garantiza el carácter laico del Estado y de la educación que en el marco del mismo se imparte.
Nuestro país no necesita servidores públicos que busquen en las autoridades de determinada religión su legitimación, tal como sucedía cuando México era un Estado confesional, en el marco del cual se concedía protección especial y una serie de privilegios exclusivos a los jerarcas de la iglesia numéricamente mayoritaria.
Gracias a esas prerrogativas, la Iglesia católica llegó a tener el monopolio de la educación y se convirtió en la institución más rica y poderosa de la Colonia, así como de las primeras décadas del México independiente.
Hoy, México necesita funcionarios públicos que, en caso de profesar determinada creencia religiosa, se abstengan de hacer pública dicha creencia por respeto a la creciente diversidad religiosa que se ha construido bajo un Estado laico, y que actualmente registra las siguientes cifras: 8,963 asociaciones religiosas registradas en la Secretaría de Gobernación.
Necesitamos, asimismo, un gobierno que combata los rezagos existentes en zonas con altos indicadores de pobreza, en lugar de destinar recursos económicos a la iglesia con más antigüedad y mayor número de miembros, tal como ocurre en España, donde cada día aumentan las partidas económicas destinadas a la financiación de la Conferencia Episcopal Española.
México clama por el fin de la discriminación e intolerancia religiosa en estados como Chiapas y Oaxaca, donde miles de evangélicos han sido expulsados de sus comunidades por no ser católicos. Estas prácticas delictivas se multiplican y arraigan cuando las personas y grupos intolerantes observan que los funcionarios públicos pasan impunemente por encima de las leyes, al grado de consagrar sus estados a deidades de determinada religión.
Nuestro país tampoco ocupa un gobierno que realice acciones de ecumenismo, un movimiento que intenta unir a las religiones, y acerca del cual enseña el documento Unitatis Redintegratio, el decreto del Concilio Vaticano II referente al ecumenismo:
“Entre nuestros hermanos separados ha surgido, por el impuso del Espíritu Santo, un movimiento dirigido a restaurar la unidad de todos los cristianos. En este movimiento de unidad, llamado ecuménico, participan los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y salvador, y esto lo hacen no solamente por separado, sino también reunidos en asambleas en las que conocieron el Evangelio y a las que cada grupo llama Iglesia suya y de Dios”.
México quiere gobernantes ajenos a la implementación de este tipo de acciones, y respetuosos del Estado laico, que contribuyan a la construcción de una sociedad consciente de que el respeto a la diversidad religiosa es indispensable para la convivencia social.
Armando Maya Castro
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