Avalando la tutela de un grupo de mujeres, la semana que pasó, la Corte Constitucional le ha ordenado al procurador Alejandro Ordóñez rectificar las opiniones y directrices que ha proferido el Ministerio Público con respecto del aborto, al considerar el alto tribunal constitucional que, en todo sentido, dichas declaraciones y actos administrativos del Procurador y procuradoras (¿ex?) violan el ordenamiento constitucional vigente y, adicionalmente, van en contravía de la sentencia de la misma Corte que, en el año 2006, señaló los tres casos en que practicar el aborto no transgrede la norma penal: malformación del feto, peligro de muerte de la madre y en caso de violación.
Coincide el pronunciamiento y regaño de la Corte al Procurador con la conmoción y desbarajuste que se suceden en el mundo musulmán. Por cuenta de una película en la que se dice maltratan al profeta Mahoma, rebajándolo a la humana condición de pecador (peor aún, de pedófilo), la intransigencia religiosa del universo musulmán ha dado rienda suelta a todo su belicismo y ánimo sectario, arremetiendo contra las embajadas de los Estados Unidos, apedreando funcionarios norteamericanos y arrasando con cuanta “pollera chatarra” (venta de pollo) encuentran a su paso. No conozco las virtudes de Mahoma –me imagino que son muchas, y tantas como las atribuidas al Mesías de los cristianos–, pero lo cierto, por muy insultante que resulte el celuloide de marras, es que los hijos del Profeta en esta tierra son de una inconmensurable, atroz intolerancia.
Ahora bien, si traigo a colación los dos sucesos, en cuyo trasfondo subyace el tema religioso, lo hago por cuanto que evitar intolerantes expresiones y sucesos como los que se viven en el universo musulmán, por una parte, y la confusión de lo público y estatal con las creencias y fanatismos particulares, entre otras, fueron razones de suficiente peso, junto con la coherencia con la letra de un texto garantista de la igualdad, que nos llevaron a consagrar, en nuestro texto constitucional (en la Asamblea Constituyente de 1991), la libertad de cultos y la separación del Estado de todo tipo de iglesias. La religión, como la dosis mínima, quedó en lo privado.
Sin embargo, asumir las consecuencias de la decisión constituyente de la separación de los asuntos del Estado de las “avemarías”, en un país sometido al talante de la religiosidad católica y de impúdicas relaciones de todo tipo entre Iglesia y poder político, no es un asunto fácil. El ‘disco duro’ de los que tienen el encargo del ejercicio de la función pública, desde los más encumbrados hasta los que realizan labores modestas, sin remedios, sigue apegado a viejos esquemas en los que priman tabúes religiosos, esoterismo y, a veces, ignorancia.
Por supuesto, lo del procurador Ordóñez y sus ‘beatas’ procuradoras, a decir verdad, es apenas una muestra de la negación a la coherencia con nuestra Constitución. Capillas en guarniciones militares, crucifijos en despachos judiciales, íconos religiosos en cuanta oficina pública, obligación a la asistencia a ritos de orden de una determinada religión, textos de ética marcadamente correspondiente a una ética religiosa, cátedras de sexualidad que incluyen admoniciones clericales, funcionarios de alta investidura que hacen apología de sus creencias religiosas (¿recuerdan al de los ‘rosaritos’ y las ‘misitas’, o a la pastora del ente acusador y su pastor descarriado?), intransigencia religiosa disfrazada de objeción, entre muchos paradigmas de incumplimiento de lo ordenado en la Carta.
Pero, en fin, aunque a algunos columnistas (dicen que admiradores de la ‘Falange’ consagrada a la Virgen) les incomoda la orden de la Corte Constitucional, le corresponde al Procurador cumplir o “irse con su misa a otra parte”, porque, entre otras, en Colombia rige un Estado laico. ¡Gracias a Dios!
