Los numerosos privilegios de la Iglesia católica en la España del siglo XXI
La Transición transigió también con el mito de la católica España, a pesar del alejamiento de las prácticas religiosas que ya entonces se daba en la sociedad española (seguramente gracias a los excesos del nacionalcatolicismo que, paradójicamente, terminó con curas en la cárcel de Zamora y la amenaza de expulsión del país de un obispo). En 1978, cumplían con el precepto dominical en la católica España el 35% de los españoles.
Hoy menos de la mitad de los jóvenes, solo el 45% entre 14 y 25 años, se declara católico y únicamente el 15% de los españoles cumple con ese precepto dominical. Pero es que, además, lo que debiera ser la expresión más sólida de convicción religiosa, el hecho de poner la cruz en la declaración del IRPF para que se realice la contribución a la Iglesia, únicamente motivó en 2012 al 34,85% de los declarantes y ello a pesar de no suponer un coste añadido para éstos.
Es la propia jerarquía eclesiástica la primera en reconocer, como un problema desde su perspectiva, el carácter mayoritariamente laico de nuestra sociedad en la que, según una encuesta del pasado mes de mayo, el 65% pide que desaparezcan los privilegios reconocidos por el Concordato y sólo se muestra favorable al mantenimiento de los mismos un 22%. Hasta un amplio grupo de cristianos de base madrileños han dirigido recientemente una carta al presidente del Gobierno de Madrid solicitando la derogación del Concordato que aglutina los tres acuerdos suscritos el 3 de enero de 1979 y que determinaron el contenido de la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad religiosa.
Sobre esa base jurídica se ha ido construyendo un sistema en el que, en un Estado aconfesional como es nuestro, la Iglesia mantiene la mayor parte de los privilegios consolidados durante la dictadura franquista, con el único cambio de que alguno de ellos han sido extendidos al resto de las confesiones religiosas, pero sin que, en ningún caso, se haya superado la desigualdad entre creyentes y no creyentes.
Así, hay financiación pública a la Iglesia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. No se cumple por parte de la Iglesia católica el compromiso asumido hace treinta y cinco años de autofinanciación; al revés, cada vez se hace más laxo. Hasta hace seis años, la Iglesia católica no pagaba el IVA en nuestro país, lo que suponía una flagrante vulneración de la normativa que llevó a la Comisión Europea por medio de la apertura de procedimiento, a exigir España que la Iglesia católica empezara a pagarlo. En una negociación con el entonces presidente Zapatero, la Iglesia católica renunció, entre comillas, al privilegio de no pagar el impuesto, pero a cambio logró nuevas concesiones; entre ellas, que se devaluarla prácticamente hasta desaparecer ese compromiso de autofinanciación reflejado en el Concordato
Y se mantienen otros muchos privilegios, como la presencia en las instituciones públicas. En nuestro ejército profesional, en el que hay evangelistas, musulmanes, no creyentes, etcétera, sigue habiendo capellanes castrenses, como los hay en los hospitales, en las prisiones o en las universidades.
En la enseñanza obligatoria, el proyecto de LOMCE que ya aprobó el Congreso incentiva la elección de la asignatura de Religión. Se paga a los profesores de Religión, que no seleccionan las Administraciones Públicas, siendo el ordinario del lugar quien determina las personas que deben ser contratadas. Por otra parte, los conciertos educativos afectan en su mayoría a los centros religiosos. Hay en este momento centros religiosos concertados que imparten enseñanza a 1,3 millones de alumnos y por ello perciben unos 4000 millones de euros al año. Cuando en 1985 se legisló introduciendo los conciertos educativos, el argumento del Gobierno de entonces fue que era necesario reforzar el sistema educativo porque no era suficiente. Ahora que se recorta en la enseñanza pública, que "sobran" profesores en la enseñanza pública, se mantienen unos conciertos educativos, según los obispos porque son más baratos
Desapareció la exención del IVA pero se mantiene el resto de privilegios fiscales; exención del IBI sobre los 100 000 inmuebles titularidad de la Iglesia y del Impuesto sobre la construcción, instalaciones y obras.
Nada de ello tiene sentido en el siglo XXI. Hay que superar el anacronismo de un marco legal que no se corresponde con la realidad social, denunciar los acuerdos que conforman el Concordato y establecer la separación definitiva de la Iglesia y el Estado como expresión del principio de igualdad entre todos los ciudadanos.
Jesús Iglesias Senador de Izquierda Unida por Asturias
Archivos de imagen relacionados
