No cesan las embestidas contra el Estado laico en México. La derecha militante, asociada al más encumbrado clero político teledirigido desde El Vaticano, intenta, una vez más, regresar al pasado. Las fuerzas democráticas del país deben reflexionar de manera conjunta y actuar al unísono a la vista de las renovadas agresiones al orden normativo de la República laica.
Como es bien sabido, hace más de un año la Cámara de Diputados aprobó, mediante holgada mayoría, la reforma al artículo 40 constitucional a fin de introducir en su texto una palabra decisiva, consolidadora de la soberanía del Estado mexicano. A partir de esa reforma nuestra República, representativa, democrática y federal, será definida también, y por su naturaleza intrínseca, como una República laica.
Con ese motivo se libró un debate, intenso y accidentado, cuyo producto legislativo consistió en el fortalecimiento de la esencia y de la misión del espíritu de laicidad intrínseco al moderno Estado mexicano.
La reforma llegó al Senado. En ese recinto el PAN ha recurrido a todo género de pretextos y ha acudido a subterfugios grotescos con el propósito de estorbar la minuta procedente de los diputados e impedir su dictamen, discusión y votación.
La embestida reaccionaria contra la reforma arriba aludida no ha cesado ni cesará. Ahora, esta vez en la Cámara de Diputados, se desfiguró la naturaleza del artículo 24 de la Constitución. Al cabo de un debate difícil y confuso se aprobó una reforma de ése artículo. Su nueva redacción, apresurada y poco rigurosa, otorga armas a la derecha y alienta al clero más encumbrado que, a partir de ahora, intensificará sus aviesas maniobras ocultas destinadas a desterrar de la vida nacional los principios rectores del Estado. No lo logrará. México es laico.
Los sectores regresistas de la clerecía, asociados con diversos grupos de la derecha, pretenden, a partir de la reciente reforma al artículo 24 constitucional, que nuestro Estado capitule para instaurar en México un modelo parecido al imperante en la España de hoy. En ese país la Iglesia Católica disfruta de prioridades y privilegios económicos, políticos y jurídicos imposibles en un Estado auténticamente laico.
En toda democracia moderna el Estado es neutral en materia religiosa, pero ejerce, a plenitud y sin duda, su incontrastable potestad soberana.
Con la adulteración del artículo 24 de la ley fundamental la derecha pretende abrir la puerta a la impartición de enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La Iglesia Católica también quiere que se le concesionen estaciones de radio y canales de televisión. Si se saliera con la suya, el Estado laico moriría. Retrocederíamos dos siglos.
Ayer 5 de enero se cumplieron 198 años del nacimiento de Melchor Ocampo. Recordemos al gran filósofo de la reforma liberal, al insigne amigo y colaborador de Benito Juárez, al redactor de las más importantes Leyes de Reforma bajo cuya égida nuestro país ingresó a la modernidad.
Los diputados y los senadores de hoy deberían leer algunos de los textos de Melchor Ocampo. Se convencerían de que se trata, sin duda, de una de las figuras políticas e intelectuales más atractivas y descollantes de nuestro siglo XIX y uno de los padres fundadores de la República mexicana, laica y secularizada.
El Estado laico esta nuevamente en peligro hoy. Vale decir: peligra la concordia entre los mexicanos. Los integrantes del Congreso de la Unión deben evitar un nuevo naufragio de nuestra democracia.
El Estado laico, sus leyes, instituciones y prácticas públicas son condición de la modernidad del país y garantizan su democracia. Si no fuera laica la democracia no existiría.
El deplorable episodio vivido en la Cámara de Diputados el 15 dediciembre de 2011 debe ponernos en guardia a los defensores del Estado laico. Ahora, en este enero de 2012, entrará en funciones la comisión permanente del Congreso. Al inicio de sus tareas se presenta una oportunidad a los diputados y a los senadores. Deben examinar a conciencia el desfigurado texto del artículo 24 constitucional y devolverle su pleno carácter laico.
Entre ellos surgirá uno o varios legisladores lúcidos capaces de proponer una adecuación urgente del precepto mencionado con el propósito de que en su texto se incluya una referencia explícita a la libertad de convicción filosófica. En diciembre pasado la reforma del 24 constitucional se hizo sobre las rodillas, irresponsablemente. Ahora puede y debe enmendarse ese dislate superlativo con verdadero ánimo democrático y progresista, con rigor jurídico, con sosiego en el ánimo.
