Dos hechos han marcado la agenda pública de Michoacán en los últimos días y en ambos casos ha quedado evidenciada la fuerte incidencia de un poder factico sobre el poder político: la visita de Salvador Jara al Vaticano y la designación histórica de un cardenal en Morelia. En ambos casos el visible protagonismo del titular del Ejecutivo estatal es un icono del desvanecimiento de facto del carácter laico del Estado mexicano.
Quizá un tanto estimulado por la orfandad respecto a la Federación en la que probablemente se asume el gobierno de Salvador Jara después de la salida de Alfredo Castillo de la entidad, o por un cálculo político que obliga al gobernador interino a ganar legitimidad en una sociedad eminentemente católica; Jara Guerrero se ha lanzado a los brazos de este poder de facto distrayendo incluso su atención de temas fundamentales en la vida de la entidad como la crisis económica o de inseguridad aún no solventadas por su administración.
Sin embargo, entre la obligación fríamente protocolaria a la que quizá obligaba la histórica asunción de un prelado michoacano y una actitud oficiosamente palaciega y ceremoniosa de parte de un representante del poder público, la frontera inquebrantable debe encontrarse en el marco de la ley.
En este sentido, el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas señala que las autoridades, en cualquiera de sus niveles, están imposibilitadas para intervenir en los asuntos internos de estas agrupaciones y que en los casos de actividades diplomáticas, la participación de las mismas se ceñirá estrictamente a la misión encomendada.
Así entonces, resulta un poco más que dudosa la legalidad del actuar del gobernador de Michoacán, dado que su participación en la ceremonia religiosa del nombramiento del arzobispo de Morelia como cardenal, no se dio en el marco de una misión diplomática puesto que la única instancia con dicha representación se encuentra en el servicio exterior mexicano, del cual no forma parte el gobernador de Michoacán.
Pero más allá del aspecto estrictamente legal al que debe ceñirse en sus funciones el gobernador y los demás representantes populares, por encima incluso del uso de recursos públicos en el viaje al Vaticano y de la nula explicación y transparencia sobre el empleo de los mismos y los beneficios que para la entidad han derivado de tal gira, incluso dejando de lado la evidente falta de perspectiva sobre las prioridades de la agenda de un gobernador que atiende reuniones con religiosos al igual que acude a dar clases a una primaria, mientras la sociedad que gobierna se debate en medio de una situación álgida en materia económica y de seguridad; llama la atención que un gobernante (más aún si se toma en cuenta el perfil científico de Salvador Jara) tome tantas atenciones hacia un poder de facto con el contexto social ya mencionado.
Comenzar a romper las barreras de la ley, por menores que parezcan estas vejaciones al marco jurídico, podría ser el inicio de un retroceso histórico de un proceso que ha cobrado muchas vidas y que permitió dejar sentada en claro la separación entre Iglesia y Estado, división que ha empezado a relajarse ante la permisibilidad de los diversos niveles de gobierno en distintas esferas para que la institución eclesiástica comience a intervenir en los asuntos públicos.
Abrazarse a la ley y estrictamente a ella no sólo es una bandera, sino una necesidad histórica de sobrevivencia del laicismo. Mientras tanto, el dilema (entendible o no) en el que se encuentra la orfandad política de Jara y su búsqueda de asideros, se retrata en la novela Baudolino, de Umberto Eco, en donde Federico Barbarroja refiere: “Ya hemos visto lo que pasó en Roma, si hago que me unja el Papa, admito ipso facto que su poder es superior al mío; si cojo al Papa por el cuello y lo arrojo al Tíber, me convierto en tal flagelo de Dios que Atila, que en paz descanse, no me llegaría ni al tobillo. ¿Dónde diablos encuentro a alguien que pueda definir mis derechos sin pretender estar por encima de mí?”. La respuesta la tiene el gobernador de Michoacán en la llana y simple ley.
