El Parlamento del estado australiano de Queensland aprobó el martes 8 de septiembre una ley que exige a los sacerdotes violar el secreto confesión para denunciar casos conocidos o presuntos de abuso sexual infantil, o podrían enfrentar tres años de cárcel.
Las leyes de Queensland “crean un nuevo delito de no informar y no proteger a un niño del abuso sexual infantil institucional. Las nuevas leyes también aclaran que los sacerdotes no podrán confiar en el secreto de confesión para evitar denunciar abusos”, dijo la ministra de justicia de Queensland, Yvette D’Ath, según informó The Guardian.
El diputado Stephen Andrew dijo que se sentó un precedente peligroso para los líderes religiosos.
“Muchos sacerdotes y obispos han declarado públicamente que irán a la cárcel antes de obedecer estas leyes. ¿Cuán seguro puede estar el pueblo de Queensland de que vive en una democracia libre y abierta gobernada por el estado de derecho, donde el estado encarcela a sus obispos?”, expresó.
A principios de 2020 el Arzobispo de Brisbane y presidente de la Conferencia Episcopal Australiana, Mons. Mark Coleridge, aseguró a ABC News que ese requisito de información “no haría una diferencia para la seguridad de los jóvenes”, y que el proyecto de ley se basaba en un “escaso conocimiento de cómo funciona el sacramento en la práctica”.
Recientemente, los obispos de Australia entregaron al gobierno federal las observaciones del Vaticano a las 12 recomendaciones realizadas por la Royal Commission, tras el reporte que esta publicó en 2017 sobre abusos sexuales en instituciones del país. En su texto, la Santa Sede defendió el secreto de confesión y reiteró que este es inviolable.
La Royal Commission tuvo como tarea investigar acusaciones de abusos sexuales contra menores hasta 2017. Tras su labor emitió más de 100 recomendaciones.
Mons. Coleridge, indicó el 4 de septiembre que los obispos están “dispuestos a apoyar el diálogo actual sobre políticas, prácticas y protocolos que aseguren que los niños y otras personas en riesgo están seguras en nuestras comunidades. Eso está en el espíritu de las observaciones que han sido publicadas”.
Los fiscales generales del gobierno federal australiano y de los gobiernos estatales acordaron en noviembre de 2019 una serie de estándares para denunciar abusos y que exigen a los sacerdotes violar el secreto de confesión o las normas obligatorias de Australia para denunciar abusos.
Además, los sacerdotes no podrían usar la defensa de las comunicaciones privilegiadas en el secreto de confesión para evitar dar evidencia contra un tercero en procesos civiles o penales.
A inicios de diciembre de 2019, Mons. Coleridge, precisó que apoya cualquier medida para proteger a los menores, pero consideró que acabar con el secreto de confesión no sería útil para estos casos, pues “los abusadores no buscan confesarse y no buscarían la confesión si supieran que sus delitos serán denunciados”.
En su opinión, sería “contraproducente porque se perdería la inusual oportunidad que un sacerdote pueda aconsejar a los abusadores para que se entreguen y modifiquen su vida; e injusto porque establecería por ley una situación en la que un sacerdote no podría defenderse de una acusación formulada contra él”.
Victoria, Tasmania, Australia del Sur y el Territorio de la Capital Australiana ya han adoptado leyes obligando a los sacerdotes a violar el secreto de confesión; algo que no ha sucedido en Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Occidental.
Excomunión automática
El Código de Derecho Canónico establece en el canon 983 que el sigilo sacramental o secreto de confesión “es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo”.
Asimismo, el canon 1388 señala que “el confesor que viola directamente el sigilo sacramental, incurre en excomunión latae sententiae (automática) reservada a la Sede Apostólica”. Es decir que solo el Papa puede levantar la pena de la excomunión en este caso.
