El expolio del patrimonio público por parte de la Iglesia católica entra por fin en la agenda política española gracias al trabajo de las plataformas ciudadanas.
En el número de octubre de 2017 de Contracorriente, en un artículo titulado «El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia católica», denunciábamos lo que, a nuestro entender, ha supuesto la mayor apropiación privada de patrimonio público en nuestro país desde 1946 a 2015.
Como recordaréis, la Iglesia católica, en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria reformada en 1946, ha estado facultada para inmatricular bienes a su nombre, en los registros de la propiedad, sin necesidad de acreditar la propiedad de los mismos. Este privilegio se amplió en 1998 bajo el Gobierno
Aznar, mediante el Real Decreto 1867/1998, permitiendo también la inmatriculación de lugares de culto, hasta entonces expresamente prohibida. Así se ha mantenido hasta la Reforma de la Ley Hipotecaria de 2015 que elimina esta prerrogativa, tras la sentencia de 2014 del TEDH que condena a España a pagar una indemnización de 615.000 euros por una «violación continuada y masiva» de derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Como ningún gobierno promovió la inconstitucionalidad de los privilegios contenidos en el citado artículo 206, todo el expolio que se ha realizado ha quedado consolidado. Pero, a lo largo del último año, la magnitud del escándalo, la sensibilización ciudadana y el trabajo realizado por asociaciones de todo tipo integradas en la Coordinadora Recuperando ha comenzado a dar sus frutos.
En cuanto a su difusión, el tema de las inmatriculaciones ha pasado de ser una información que solo tenía cabida en medios críticos y alternativos a estar presente en medios de comunicación a nivel estatal e internacional. Hemos podido leer multitud de artículos bajo titulares como «La burbuja inmobiliaria de la iglesia», «Inmatriculaciones de la Iglesia: ¿cómo recuperar nuestro patrimonio cultural?», «España,propiedad de un Estado extranjero vía inmatriculaciones », «¿Quién soluciona ahora los “errores” de la Iglesia?», e incluso «Madrid souhaite rendre publique la liste des biens appartenant à l’Église», en prensa francesa de inspiración católica.
En cuanto a las posturas del Gobierno al respecto, también ha habido cambios fundamentales. El Gobierno de Mariano Rajoy mintió por dos veces al afirmar: primero, que no tenía competencias ni medios paraobtener la relación de bienes inmatriculados; segundo, que no disponía de dicha información. Se ha podido comprobar que los registradores de la propiedad remitieron dichos listados al Ministerio de Justicia. El Gobierno de Pedro Sánchez admite que dispone de dicha información y se ha comprometido a hacerla pública en plazo breve.
¿Qué es, entonces, lo que procede ahora exigir?
En primer lugar, que la información que se publique sea veraz y completa.
Veraz significa que no lleve a engaño; que si una finca incluye bienes muebles o inmuebles en su interior, se explicite; que si un bien inmueble está incluido en una determinada finca, se indique claramente. La experiencia nos ha demostrado que los listados se prestan a múltiples confusiones como las citadas; por ello, es necesario poder disponer de las notas simples registrales de todos los bienes inmatriculados.
Completa significa que no queden bienes excluidos u ocultos a esa información pública. La Iglesia católica viene realizando inmatriculaciones sin aportar titulo de propiedad alguno desde 1946. Lo ideal sería disponer de la información completa desde esa fecha. Pero es que, además, desde la aprobación de la CE de 1978, esas inmatriculaciones han sido ilegales por vulnerar los principios de igualdad y de seguridad jurídica en el acceso al Registro de la Propiedad, tal y como señala la sentencia del TEDH de 2014. Por lo tanto, es exigible que la información que se presente y haga pública se remonte, al menos,a 1978. Completa significa también que se ajuste a la realidad. El propio responsable de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barriocanal, admitió hace unos meses en una entrevista en la cadena SER que habrían realizado unas 30.000 o 40.000 inmatriculaciones y, por el contexto de las declaraciones, probablemente se refería únicamente a las realizadas con posterioridad a la reforma hipotecaria del Gobierno Aznar (1998). Es decir, sólo estamos empezando a vislumbrar la punta del iceberg de este gran escándalo inmobiliario y la información que se publique debería ser total, dejarlo por completo al descubierto y permitir conocer la verdadera magnitud del problema.
En segundo lugar, que se establezcan mecanismos globales de recuperación.
Lo ideal sería que se revierta el proceso a la situación anterior a las inmatriculaciones; o lo que es lo mismo, que todas aquellas inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica sin aportar títulos de propiedad se anulen y tengan que ser revisadas. Al menos, las realizadas desde 1978, en las que se puede considerar su inconstitucionalidad y aplicable la sentencia del TEDH. Y es el Gobierno quien tiene el deber y la responsabilidad de buscar los mecanismos para que esto sea posible. De no hacerlo así, estaría abandonando su deber de proteger el patrimonio público (de todos los ciudadanos) en favor de los intereses de una entidad privada, la Iglesia católica. Esta es la vía fundamental que defendemos y es la que vamos a seguir exigiendo al Gobierno español.
Pero, además, caben otras actuaciones que no se pueden olvidar:
• La vía judicial ejercida por administraciones locales, autonómicas o estatales sobre bienes concretos, amparándose en la sentencia del TEDH y en la forma de acceso al Registro de la Propiedad que vulnera los principios citados al inicio del artículo.
• La vía legislativa que defina como bienes de dominio público especiales todo el patrimonio histórico y cultural de nuestro país, explicitando que son propiedad del Estado, independientemente de cual su uso.
• La vía constitucional y/o de acuerdos internacionales que, al estilo francés o portugués, blinda la pertenencia al Estado de los monumentos nacionales y otros bienes de interés (la catedral de Notre Dame en París o la de Lisboa, por ejemplo).
En todo caso, ha de quedar muy claro que la defensa y recuperación del patrimonio público es una cuestión de Estado; y que la compleja tarea de recuperación de todo lo que ha sido indebidamente expoliado por la Iglesia no puede recaer solo sobre particulares o ayuntamientos sino que debe ser abordada de forma prioritaria desde el Gobierno estatal y de manera general.
Andrés Valentín González es miembro de la Plataforma Navarra para la Recuperación del Patrimonio. José María Rosell Tous es miembro del Grupo Inmatriculaciones Asturias y de la ejecutiva de Asturias Laica. Ambos forman parte de la ejecutiva de la plataforma Estatal Recuperando.
