El Papa Benedicto XVI clausuró ayer la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, un encuentro que reunió a más de un millón de jóvenes católicos pero que no estuvo exento de polémica.
La controvertida visita del Papa Benedicto XVI a España ha concluido con un llamamiento al cierre de filas en torno a la Iglesia. "Seguir a Jesús en la fe es caminar con él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguirlo en solitario” afirmaba el pontífice en la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).
El encuentro ha estado salpicado por una gran controversia social en torno a su financiación, derivando en fuertes protestas laicistas y enfrentamientos entre peregrinos y manifestantes, así como cuestionables actuaciones policiales que están siendo objeto de investigación.
Las numerosas manifestaciones laicistas que se produjeron en Madrid durante la semana pasada reclamaban la ausencia total de financiación pública en una celebración que consideraban un acto privado.
Desde la organización de la JMJ, así como desde las autoridades, se señaló que las instituciones españolas no han aportado ni un solo euro al evento, asegurando que su financiación corrió a cargo de los peregrinos en un 80%, cubriéndose el 20% restante mediante la participación de empresas privadas.
Así todo, los críticos denuncian los costes derivados de la cesión de centros educativos públicos para la pernoctación de los peregrinos que han recorrido toda la geografía española desde días antes al comienzo de la JMJ.
Igualmente, censuraron los descuentos en los pasajes del metro de Madrid, la organización de uno de los mayores operativos policiales de la historia de España y la participación en los actos de cuerpos del ejército como la Legión y la patrulla aérea Águila, esta última suspendida por cuestiones meteorológicas.
Una visita polémica y controvertida, tanto como lo han sido las relaciones entre el Vaticano y el gobierno español desde el ascenso a la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Unas tensas relaciones que no han sido pasadas por alto por el pontífice que, en su interrumpido discurso del sábado en el aeródromo de Cuatro Vientos, atacó a las leyes que “ponen en duda la dignidad inestimable de la vida”.
Para Benedicto XVI "una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana”. Una crítica que, sin citarla, estaba claramente dirigida contra la legislación española en materia de aborto o de muerte digna, esta última aún en tramitación. Estas leyes son sólo dos de los muchos y profundos desencuentros habidos entre el gobierno de Zapatero y la jerarquía eclesiástica.
CRÓNICA DEL DESENCUENTRO
El primer gran choque entre Madrid y el Vaticano se dio en 2005 cuando el Congreso de los Diputados aprobaba la ley que reformaba el Código Civil español, permitiendo el matrimonio entre cónyuges del mismo sexo y todas las consecuencias derivadas del hecho matrimonial, es decir, la adopción conjunta, la herencia y la pensión de viudedad. En consecuencia, se producía una equiparación total entre el matrimonio heterosexual y homosexual. El Partido Socialista daba así cumplimiento a una promesa electoral que situó a España en vanguardia mundial en materia de igualdad de derechos del colectivo gay y lésbico.
Por aquel entonces, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, Director del Pontificio Consejo para la Familia, declaraba que la ley española “cambiaba y falsificaba la definición de matrimonio”, una institución que “se estaba destruyendo”. Igualmente, arremetió contra el derecho de adopción de las parejas del mismo sexo declarando que “destruye el futuro de los niños” que de esta manera “sufren violencia moral”.
Poco tiempo después, en ese mismo año de 2005, llegaría el segundo desencuentro, con la legislación que daría paso a lo que se conoció como “divorcio express”. Entre otras reformas, la nueva reglamentación para la ruptura matrimonial agiliza el proceso, eliminando la obligatoriedad de separación previa y reduciendo de un año a 3 meses el tiempo que ha de transcurrir desde la celebración de las nupcias.
Esta nueva reglamentación se enmarca dentro de la política contra la violencia de género, pretendiendo de esta manera eliminar situaciones potencialmente peligrosas para las mujeres maltratadas. Una legislación que para la Conferencia Episcopal Española traerá “más divorcios y más sufrimiento. Porque la Ley no parte de una buena concepción antropológica del matrimonio como institución social fundamental, sino más bien de una ideología individualista que lo reduce a un mero contrato entre particulares”.
En 2006 el gobierno aprobaba el texto del proyecto que en 2007 se convertiría en la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida por “Ley de Memoria Histórica”. A pesar de ser una ley muy criticada por las asociaciones memorialistas, calificándola alguna de ellas como una ley de punto final, tampoco dejó conformes a los sectores más conservadores de la sociedad española, entre ellos la propia Iglesia.
En la instrucción pastoral publicada entonces por la Conferencia Episcopal se declara que “una utilización de la memoria histórica, guiada por una mentalidad selectiva, abre de nuevo viejas heridas de la guerra civil y aviva sentimientos encontrados que parecían estar superados. Estas medidas no pueden considerarse un verdadero progreso social, sino más bien un retroceso histórico y cívico, con un riesgo evidente de tensiones, discriminaciones y alteraciones de una tranquila convivencia”.
La jerarquía eclesiástica tampoco quedó indiferente ante las negociaciones abiertas entre el gobierno español y la banda terrorista ETA a raíz de la tregua declarada por ésta en el año 2006, que saltarían por los aires con el atentado de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Para Juan Antonio Martínez Camino, Secretario de la Conferencia Episcopal, "ETA no es una interlocutora legítima para nadie y no es moral que los asesinos puedan sentarse a una mesa como interlocutores políticos para negociar con representantes del Estado legítimo".
En ese mismo año se aprobaría la nueva ordenación del sistema educativo mediante la Ley Orgánica de Educación, que volvió a desatar la polémica en torno a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”. Esta asignatura pretende promover entre el alumnado “una sociedad libre, tolerante y justa”, siguiendo las orientaciones del Consejo de Europa. Pero para la Conferencia Episcopal “tal disposición implica una lesión grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos”.
En 2010 se producirán los episodios de mayor confrontación con los sectores más conservadores de la sociedad española liderados por la Iglesia, a raíz de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, una de las más avanzadas del mundo. Esta ley despenaliza totalmente el aborto durante las 14 primeras semanas de embarazo y hasta la 22 en casos de graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto. En el caso de mujeres de 16 y 17 años se recoge que podrán interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno e incluso sin informar a sus progenitores en caso de que pueda suponer un conflicto familiar. Además, se garantiza que la sanidad pública practicará o financiará en centros privados la interrupción del embarazo.
Esta ley desató las iras de la jerarquía eclesiástica como pocas veces se había visto desde el fin de la dictadura franquista. En la declaración -al respecto de la Conferencia Episcopal Española- podía leerse que esta legislación es un “serio retroceso en la protección de la vida” que “otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado”. Tal fue la preocupación de los obispos que no dudaron en participar e incluso convocar a una movilización por las calles de Madrid en contra de la nueva ley.
La jerarquía católica sí consiguió una victoria sobre el gobierno de Zapatero en la batalla en torno al proyecto de nueva Ley de Libertad Religiosa, que pretendía profundizar en la neutralidad religiosa del Estado. Una ley que el gobierno acabó por descartar ante la oposición de la Iglesia y la derecha política y que la izquierda consideraba insuficiente.
Hoy la confrontación continúa en torno a la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, actualmente en trámite parlamentario, que regulará el derecho de los pacientes terminales al uso de sedaciones y a la renuncia de tratamiento médico aunque esto pueda acelerar la muerte. Los obispos españoles se oponen a esta ley argumentando que "podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas".
Todos estos encontronazos llevaron al propio Benedicto XVI a declarar en 2010 que en España se estaba desarrollando "un laicismo, un anticlericalismo y un secularismo fuerte y agresivo" como el que se desarrolló "a partir de los años 30, cuando los católicos fueron perseguidos". Estas afirmaciones desataron un aluvión de críticas ante lo que se podría considerar como una justificación del levantamiento fascista contra la II República y la posterior dictadura franquista.
UN FUTURO MÁS CORDIAL
Pero no todo han sido desencuentros. A pesar del compromiso de autofinanciación de la Iglesia, la realidad es que hoy son 6000 millones de euros los que anualmente recibe la institución católica, sin vislumbrarse la concreción de la autofinanciación a corto o medio plazo. Es más, durante el gobierno de Zapatero, la asignación a la Iglesia en el impuesto de la renta aumentó en un 37%, cosa ampliamente criticada por la izquierda española y sectores laicistas.
En otro sentido, y al margen de la polémica sobre su financiación, la celebración en España de la Jornada Mundial de la Juventud es un ejemplo más del acercamiento entre Madrid y el Vaticano. Es evidente que sin la colaboración de las administraciones públicas españolas el acontecimiento jamás podría haberse producido. Y en este marco podrían haberse establecido las bases de unas futuras relaciones más cordiales entre el gobierno español y la Iglesia Católica.
De hecho, el Ministro de la Presidencia español, Ramón Jáuregui, aprovechó la ocasión para iniciar con el Secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone, la negociación sobre el futuro del Valle de los Caídos. La basílica, símbolo de la represión franquista y lugar dónde residen los restos del dictador Francisco Franco y del fundador del fascismo español José Antonio Primo de Rivera, es gestionada por una comunidad de monjes benedictinos. El gobierno, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, pretende exhumar los restos de ambos y convertir el conjunto monumental en un espacio para la memoria. Pero anhela hacerlo de manera consensuada, evitando así un nuevo y polémico enfrentamiento con la Iglesia.
Benedicto XVI y la jerarquía eclesiástica son perfectamente conscientes de que no sólo estamos asistiendo a los estertores del gobierno de Rodríguez Zapatero, sino muy probablemente al final del Partido Socialista en el poder. Si en la cita electoral de Noviembre sucede lo que todas las encuestas anuncian, la derecha conservadora tomará las riendas del país bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, con quien el Papa Ratzinger también se ha reunido en estos días. A partir de ese momento se recuperará la casi perfecta sintonía de antaño y sólo quedará por descubrir el grado de compromiso del Partido Popular para recular en las legislaciones más polémicas. Hasta la fecha, el líder conservador ha anunciado que un hipotético gobierno con él al frente derogaría el matrimonio homosexual, la actual ley de aborto y la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Está por ver si la sociedad española se lo permitirá.
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