Los Reyes, con los representantes de las iglesias evangélicas, en una recepción del mes pasado
En España no se ha culminado la transición religiosa, se quejan los protestantes. Ponen un ejemplo. Pese a lo proclamado por la Constitución de 1978 («Ninguna confesión tendrá carácter estatal», dice su artículo 16.3), cada vez que se produce un suceso catastrófico, las autoridades civiles convocan duelos con el nombre de funeral de Estado. Son, en realidad, vistosas ceremonias en templos de la Iglesia romana, presididas por un alto prelado de esa confesión, sermón incluido y como único interviniente.
La reacción del resto de las religiones, que agrupan ya a varios millones de fieles, es siempre la misma: protestar sin acritud ante el Gobierno de turno. Nunca se les contesta.
«De los últimos 500 años, sólo en 50 ha habido libertad religiosa. Queremos revertir esa estadística y construir un nuevo escenario con mayor comprensión, tolerancia y concordia», manifestó el secretario ejecutivo y representante legal de las Iglesias protestantes, Mariano Blázquez Burgo, en la audiencia que el rey Felipe VI concedió la semana pasada a la Comisión Permanente de la Federación de Entidades Religiosas de España (Ferede) y a los organizadores del Congreso Evangélico con que los protestantes lanzaron la penúltima semana de julio los actos del 500º aniversario de la Reforma luterana.
Ni un sello conmemorativo
España lideró hace 500 años el combate contra Lutero y está en el furgón de cola en la conmemoración del quinto centenario de la Reforma, en cuyo lanzamiento, la primavera pasada en Suecia, participó el papa Francisco. «No nos han dado ni un sello conmemorativo, algo que ha hecho hasta el Estado vaticano», lamenta Pedro Tarquis, director del diario Protestante Digital. Han solicitado al Gobierno que declare festivo el 31 de octubre, la fecha en que Martin Lutero clavó sus famosas tesis en la puerta de la iglesia de Wittemberg (Alemania). La petición no ha tenido respuesta.
Los mal llamados funerales de Estado son solo un ejemplo de anormalidad religiosa en un país donde decrecen los fieles católicos y aumentan los de las otras confesiones. Lo constata la última comparativa de la práctica religiosa realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En España hay 23.000 lugares de culto católicos, 3.800 evangélicos, 1.500 musulmanes, 33 judíos y tres centenares más pertenecientes a otras confesiones, pero la práctica religiosa, según el CIS, constata un descenso constante de la fe católica (el 67,9% de los españoles dicen ser católicos, pero solo el 16,9% va a misa al menos una vez al mes).
La misma encuesta indica que hay 500.000 cristianos evangélicos que se congregan habitualmente en sus centros de culto, y otro millón de protestantes no congregantes; que hay 1,5 millones de musulmanes y que el 27,5% de los españoles se declaran agnósticos o ateos.
Este mapa de creencias cambia cada mes en el campo del protestantismo. Según el registro de confesiones abierto en el Ministerio de Justicia, hay 2.436 entidades evangélicas, la última inscrita el día 27 del mes pasado. En cambio, los organizadores del VIII Congreso Evangélico, también en julio, concluyeron que el número de sus congregaciones ronda las 4.000 (entre 3.800 y 4.000).
Son cifras que se pueden calificar de espectaculares si se tiene en cuenta que el protestantismo fue severamente perseguido durante la dictadura hasta que en 1967 Franco mandó tolerar algunas iglesias no católicas y relajar las persecuciones del resto, obligado a suavizar su enfermizo nacionalcatolicismo por mandato del Concilio Vaticano II y las exigencias de Estados Unidos.
Ocurrió en otoño de 1958. Dos senadores y un alto militar estadounidenses acuden al palacio del Pardo, en Madrid, para sondear a Franco sobre sus intenciones ante la visita a España del presidente de Estados Unidos, el general Dwight D. Eisenhower. ¿Cómo sería recibido, con qué intenciones? Franco, eufórico, promete liderar en Europa el combate contra la subversión comunista, aspira a afianzarse como reserva espiritual de Occidente, anuncia el exterminio de la masonería… Un senador le advierte: «Señor, el presidente Eisenhower es protestante, yo soy masón y mi colega en el Senado es judío. Los tres estaríamos en la cárcel en este país». Franco enmudeció.
Semanas más tarde, dio la orden de permitir la apertura de una iglesia protestante en Madrid y otra en Barcelona. La Junta de Metropolitanos, que es como se llamaba entonces la Conferencia Episcopal Española, mandó a su admirado Caudillo un severo comunicado de protesta.
Dos años antes, en 1956, se había constituido de forma clandestina la Comisión de Defensa de las iglesias evangélicas, para atender a pastores y fieles encarcelados. El reconocimiento legal hubo de esperar hasta 1967, acuciada la dictadura por presiones desde el exterior, también del Vaticano. En ese año se aprueba una tímida ley de libertad religiosa. La primera entidad no romana en legalizarse fue la Iglesia Reformada presbiteriana de Barcelona (9 de mayo de 1968), y la segunda, el 17 de junio, la Comunidad Bahá’i. Un año más tarde había ya 105 inscripciones, casi todas protestantes, pero también de ortodoxos, mormones, musulmanes y judíos.
En diciembre de 1997 eran 1.600 las congregaciones protestantes registradas, y 10 años después sumaban 2.600. Las cuentas con motivo del VIII congreso, este julio pasado, elevan la cifra a casi 4.000. Madrid (+30%) y Cataluña y Andalucía (+20%) son las regiones en las que se produce un mayor crecimiento de fieles y lugares de culto. Pese a todo, los protestantes no lograron hasta 1992 un Acuerdo de Cooperación con el Estado con la Federación de Entidades Religiosas de España (Ferede) como interlocutor. Es quien coordina sus quejas y alegrías, y también los diferentes servicios comunes, incluida una potente red de 264 ONG de acción social agrupadas en Diaconía, que ayudan a más de un millón de personas. Contabilizándolo en conjunto, las evangélicas son la quinta ONG en España.
TRATADOS COMO SI FUERAN FARMACIAS
A George Borrow, famoso como Jorgito el Inglés, lo metieron en la cárcel en Madrid en 1838 por vender la Biblia en español, y al pastor Juan Antonio Monroy, que presidió FEREDE en 1999, le pusieron una pistola en la frente por negarse a hincar sus rodillas durante la misa de jura de bandera, a la que fue obligado a asistir como soldado raso. «Te arrodillas, Monroy, o te mato», gritaba el sargento. La democracia acabó con esas barbaridades, pero los protestantes insisten en el largo camino que hay que recorrer todavía para que se pueda proclamar con verdad que en España se respeta el mandato constitucional de la libertad religiosa y de culto.
Es innegable la hegemonía católica (menor de la que se presume: muchos dirigentes protestantes o musulmanes engruesan las listas de católicos por haber sido bautizados de recién nacidos), pero el Estado debe garantizar a las religiones minoritarias lo que el Estado les prometió en la Constitución: igualdad de oportunidades y que se remuevan los obstáculos que dificultan su práctica. «Aunque suene a cosa rara, España no es un país fanático», escribió Borrow en La Biblia en España, un éxito de ventas en su época y aún hoy. Su encarcelamiento duró lo que tardó en llegar de Londres la carta del mismísimo Rey de Inglaterra anunciando que suspendería un viaje previsto a Madrid si el pastor, anglicano como el monarca, seguía preso un minuto más.
Perseguidos de muerte muy pronto (Felipe II proclamó que prefería dejar de ser rey antes que permitir luteranos en su reino; él mismo presidió varias quemas de herejes), los protestantes cuentan hoy con iglesias en todas las grandes ciudades y pueblos de más de 5.000 habitantes, con la excepción de 31 poblaciones. Pese a todo, tienen un rosario de peticiones al Estado, por ejemplo el contar con su propia equis en las declaraciones de la renta (IRPF), como la Iglesia católica. El Tribunal Supremo debe resolver si ese es un privilegio exclusivo de los obispos romanos, como tantos otros. Así lo sentenció hace un año la Audiencia Nacional. También piden que las administraciones tengan de verdad en cuenta la pluralidad religiosa y cultural. «En España no tenemos aún tradición de libertad, tolerancia y gestión de la diversidad en materia religiosa. Muchos Ayuntamientos no muestren la suficiente sensibilidad al tratar los asuntos que afectan a las confesiones minoritarias», lamenta Blázquez Burgo, el líder de FEREDE. Entre sus ejemplos, la extravagancia del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz exigiendo una distancia mínima de 500 metros entre lugares de culto, como si fueran farmacias, lo que impide que las minorías puedan abrir sus locales, ya que el templo católico ha llegado siempre primero, con creces. Alcaldes hay que cuando les llega alguna denuncia por discriminación religiosa, consultan qué hacer al párroco católico.
Por arriba, los Gobiernos también aprietan incumpliendo incluso sentencias y leyes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció el 3 de abril de 2012 que los pastores evangélicos, que no pudieron cotizar antes de 1999 por la realización de su ministerio, prohibido durante décadas, tienen derecho a pensión de jubilación, como los curas ý los obispos católicos. Se trata de «una discriminación por motivos religiosos», dice el Tribunal en su condena a España. El Gobierno no hace caso. Igual discriminación se produce en la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, donde rara vez se informa a los padres o alumnos de los derechos que les asisten de recibir enseñanza de su confesión, o en la celebración de matrimonios civiles en forma evangélica. Muchas veces, el personal de los registros no está suficientemente informado o formado, y los hay que faciliten información inexacta, como que en España solo es posible el matrimonio civil o el canónico.
