La Obra Pía de los Santos Lugares depende del Ministerio de Exteriores y cuenta con un patrimonio inmobiliario de 273 viviendas y locales repartidos por Jerusalén, Turquía, Roma y Marruecos.
Las Cruzadas fueron una ofensiva bélica instigada por la Iglesia católica a partir del siglo XI y replicada por los países cristianos occidentales para recuperar Tierra Santa del dominio islámico. Los monarcas aragoneses, primero, y castellanos, después, participaron activamente desde el siglo XIII en la defensa y protección de los templos de culto cristianos radicados en toda la línea de colisión con el islam en el Mediterráneo. En ese contexto nació la Obra Pía de los Santos Lugares, que en 1772 fue regulada formalmente por la Corona española y en 1854 se adscribió al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Siete siglos después, y en el marco de un Estado oficialmente aconfesional, la Obra Pía sigue formando parte del entramado administrativo público. La entidad fue regulada por el dictador Franco en una ley promulgada el 3 de junio de 1940, en cuyo enunciado sostenía que España «no podía abdicar de su pasado histórico e influencia en Oriente Medio en los órdenes político, comercial, cultural y religioso».
Con el paso del tiempo y la aprobación de la Constitución de 1978, la función y naturaleza de la Obra Pía de los Santos Lugares fueron quedando desdibujadas, aunque la entidad se enquistó en el aparato institucional. Actualmente, y según los últimos datos disponibles, el organismo cuenta con un patrimonio inmobiliario de 273 viviendas y locales, distribuidos por Jerusalén, Roma, Marruecos y Turquía. Gran parte de los inmuebles se encuentran vacíos y sin destino alguno. Y el resto son de uso religioso, cedido a órdenes católicas para el desarrollo de actividades litúrgicas o humanitarias, tal como se formalizó en un acuerdo firmado entre el Estado español y la Santa Sede en 1994. El Estado no contaba siquiera con un catálogo de bienes inmuebles de la Obra Pía antes de la llegada al poder de Zapatero
Hasta la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno, la Obra Pía estuvo sumida en un letargo administrativo, sin un objetivo claro y presa de una situación caótica. José María Contreras, director general de Asuntos Religiosos entre 2008 y 2012, asumió la responsabilidad de poner en orden la entidad. Por entonces, no existía ni siquiera un catálogo de los bienes inmuebles propiedad del Estado español, muchos de ellos en situación de abandono. «Su naturaleza jurídica no estaba clara, no existía una comisión de seguimiento y solo tenía designada una persona encargada de la gestión», señala Contreras, hoy catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
De facto, la Obra Pía estaba dividida en dos entidades independientes: una gestionaba los bienes de Roma y otra el patrimonio inmobiliario de Oriente. El embajador español en la capital italiana actualizó el listado de inmuebles y los regularizó. La mayor parte de ellos fueron alquilados. Los bienes españoles de Jerusalén, Marruecos y Turquía, en cambio, se encontraban fuera de control. «Cuando llegué yo nadie sabía nada y España no ejercía ningún tipo de poder sobre ellos», afirma Contreras. «Sí recuerdo que había algún problema con un hospicio y algunas posesiones en Turquía y nos amenazaron con quitárnoslas».
Muchos de los inmuebles se utilizaban como lugares de culto u hospedaje para los cristianos, indica el ex director general de Asuntos Religiosos, y su custodia está delegada a la Iglesia católica a través de las órdenes establecidas en Tierra Santa desde hace siglos. «No eran patrimonio cultural ni patrimonio real o nacional. Era muy complicado determinar su naturaleza jurídica», explica. Público contactó con la Obra Pía a través de su correo electrónico, que remitió a la Oficina de Información Diplomática y esta, a su vez, al gabinete de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al cierre de este reportaje, ninguna fuente ministerial había contestado a la media docena de cuestiones planteadas por este periódico.
El BOE de 28 de marzo de 2006 publicó las cuentas de la Obra Pía, cuya misión estaba ligada a la «presencia de España en Tierra Santa» para servir a la «cooperación religiosa y humanitaria«. La resolución establecía un patronato presidido por el ministro de Asuntos Exteriores y entre sus miembros figuraban dos franciscanos expertos en cuestiones relacionadas con los Santos Lugares y Marruecos. Ya entonces estipulaba que su principal actividad era el sostenimiento de la Iglesia-Museo de San Francisco el Grande, en Madrid, y el desarrollo del acuerdo de 1994 entre la Santa Sede y el Estado español sobre temas de «interés común en Tierra Santa, en especial la ordenación del patrimonio».
Hasta el año 2014 no se abordó la modificación de la ley de 1940 para actualizar los fines, establecer su régimen patrimonial y definir un nuevo estatuto. En 2016 se publicaron las cuentas anuales, que ascendían a 32,5 millones de euros. Y en 2019, el entonces senador Jon Iñarritu se interesó por la situación de la Obra Pía en una pregunta parlamentaria. El Gobierno informó escuetamente en un folio escaso donde admitía un «patrimonio inmobiliario propio de origen histórico». Según indicaba, varios pisos y locales de Jerusalén estaban arrendados, mientras que otras propiedades eran cedidas con «fines asistenciales» y el resto «no tienen uso«. Por entonces, el terreno de un antiguo cementerio de Jaffa estaba en venta. La cifra global que facilitó el Ejecutivo ascendía a 273 inmuebles.
La existencia de una entidad religiosa vinculada históricamente con las Cruzadas bajo la tutela de la Administración pública es fuente de controversia. «Un Estado aconfesional, donde hay separación con la Iglesia, no tiene por qué tener este tipo de competencias sobre una entidad de carácter religioso», argumenta Isabelo Herreros, presidente de la Asociación Manuel Azaña y autor del libro Por la gracia de su católica majestad. El poder de la Iglesia católica en España. Herreros denuncia que el caso de la Obra Pía es similar al del Valle de los Caídos, en cuyo recinto hay insertada una institución religiosa dedicada a velar por Franco. «No se ha hecho un tránsito hacia un Estado mínimamente aconfesional»
«No se ha hecho un tránsito hacia un Estado mínimamente aconfesional», protesta. ¿Por qué? «Habrá que preguntar a los gobiernos, que se escudan en los Acuerdos de 1979, que no son acordes con la Constitución porque se firmaron con las Cortes ya disueltas y sin que el Parlamento tuviera conocimiento». El escritor, historiador y periodista sostiene que «nunca hubo voluntad» por parte de los principales partidos, lo que ha permitido la polémica de las inmatriculaciones y la expansión de los conciertos educativos de carácter religioso.
Isabelo Herreros cree que el Estado debe desprenderse de la Obra Pía, ya que, si tiene encomendada la custodia de los Santos Lugares, «no se compadece con un país moderno y aconfesional». El ex director de Asuntos Religiosos, José María Contreras, muestra ciertas reservas sobre el destino de una institución de esta naturaleza. «¿Qué hacemos con todo esto?», se pregunta. «Es nuestra responsabilidad gestionarlo. Se trata de una situación medieval que ha llegado hasta nuestros días, posesiones españolas en el extranjero sin una misión clara», reflexiona. «España no es protectora de los Santos Lugares pero no puede lavarse las manos con toda esta cuestión»
Muchos de los bienes de Jerusalén han sido reclamados por Israel, en respuesta a la desidia histórica mostrada por las autoridades españolas a lo largo de los siglos. Algunos estaban en un estado de avanzada ruina. «Desde luego, es un asunto que suena a anacrónico. España no es protectora de los Santos Lugares ni tiene encomendada esa función hoy día. Pero no puede lavarse las manos con toda esta cuestión», concluye.
