La aprobación definitiva por el Congreso de la LOMLOE pone a la que será la octava ley de la democracia a un mes aproximado de su publicación en el BOE y entrada en vigor
La ley Celaá (Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación, Lomloe) ya ha sido aprobada por un Congreso dividido en la que será su versión definitiva, o casi. La nueva norma, que será la octava de la democracia para el sector, viene a sustituir a la Lomce de José Ignacio Wert, aprobada en solitario por el PP haciendo uso de su mayoría absoluta en 2013. El texto aún tiene que viajar al Senado, donde puede ser enmendado aunque la mayoría del PSOE en la Cámara Alta lleva a intuir que sufrirá pocos cambios, antes de su aprobación definitiva. El Gobierno espera que en aproximadamente un mes esté el nuevo texto publicado en el BOE y por tanto vigente, de manera que las partes organizativas y de gestión de la ley entren en vigor ya el próximo curso. Para los cambios curriculares habrá que esperar al desarrollo reglamentario por lo menos otro curso más.
La Lomloe trae novedades en muchos ámbitos. Reorganiza los estudios y modifica asignaturas, como la Religión o la Ética, cambia el reparto de asignaturas entre el Gobierno central y los autonómicos, elimina la referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza, limita la expansión de la escuela con conciertos (privada sostenida con fondos públicos) y rebaja su peso en el sistema dando un papel preponderante a la escuela pública, intenta repartir mejor al alumnado entre las dos redes para reducir la segregación, incorpora medidas para reducir la repetición, recupera un papel más fuerte de los Consejos Escolares e impulsa el primer ciclo de Educación Infantil, entre otras novedades. Además, introduce elementos de manera transversal a toda la educación, como la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
Además de estas novedades –y muchos otros cambios que ellos meterían– el profesorado echa en falta una rebaja por ley de las ratios de alumnos por clase, probablemente una de las principales reivindicaciones, si no la principal, de los docentes. Unidas Podemos intentó enmendar la ley en este sentido, pero lo hizo sin el apoyo del PSOE y la idea no salió adelante. Todo sigue igual en este aspecto: las ratios se mantendrán en un máximo de 25 alumnos por clase en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato (ampliables todas un 10% en situaciones excepcionales que a veces no lo son tanto). El Ministerio de Educación y el PSOE aducen que las cifras son un máximo y que en manos de las comunidades autónomas está bajarlas, si es su deseo.
Rebajar la repetición
La norma pretende abordar el problema que tiene España con la repetición de curso. Aproximadamente un tercio del alumnado de 15 años no está en el curso que por edad le correspondería, según datos oficiales, y además la repetición ejerce de elemento segregador: no todo el alumnado tiene las mismas posibilidades de repetir ni siquiera en condiciones de igualdad de competencias. La Lomloe establece que la repetición será un recurso «excepcional» y lo limita a lo largo del ciclo educativo: será posible como máximo una vez en Primaria y dos en el ciclo obligatorio (hasta 4º de la ESO). La repetición ya no estará sujeta necesariamente, como hasta ahora, a un número máximo de suspensos: el claustro decidirá de manera colegiada si el alumno está preparado o no para seguir avanzando por el sistema. «Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación», reza el texto.
Promoción de curso y titulación
El Gobierno pretende rebajar también el fracaso escolar y que haya más titulados al menos de Secundaria Obligatoria. Para ello, permitirá titular con algún suspenso, de nuevo bajo la premisa de que «obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa», sin más mención al límite de suspensos en 4º de la ESO que los referidos a la promoción de curso, y vuelve sobre la decisión «colegiada» del profesorado. La Lomloe también otorgará el título de la ESO a todos los alumnos que concluyan la Formación Profesionales Básica (hasta ahora se le otorgaba este título solo a algunos de estos alumnos).
En Bachillerato, se permite pasar de 1º a 2º con hasta dos materias suspendidas, que tendrán que ser cursadas en el siguiente curso. Los alumnos de Bachillerato podrán graduarse de manera excepcional con una asignatura suspendida «siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título». También aparece como novedad que quien tenga el título en Técnico en Formación Profesional y Técnico en Artes Plásticas y Diseño podrá obtener el título de Bachillerato si superan las materias necesarias para alcanzar los objetivos de la etapa.
Vuelven los programas de diversificación curricular en la ESO
La Lomloe recupera los llamados Programas de diversificación curricular (de momento se mantiene el nombre), que la Lomce eliminó. En la LOE, estos programas estaban destinados al alumnado que no fuera capaz de pasar de 2º de la ESO a 3º, tenían muy buena acogida en la comunidad educativa y la Lomloe ahora los recupera. «En este supuesto, los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes se alcanzarán con una metodología específica a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida con carácter general», explica la ley. Se trata de una vía diferente a la general para lograr que el alumnado con necesidades de apoyo educativo no deja los estudios y logre titular en Secundaria Obligatoria.
El castellano deja de ser vehicular
Es a la vez una de las modificaciones que más ruido ha provocado y que menos efectos reales va a tener a priori en las aulas. Una enmienda pactada por el PSOE, UP y ERC elimina la referencia a que el castellano sea lengua vehicular de la Educación (expresión que se inventó José Ignacio Wert, antes de su Lomce, en 2013, no existía). El nuevo texto reza: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable», junto al compromiso, no especificado en la forma, de que el alumnado dominará ambas lenguas donde las haya y si no, se tomarán medidas correctoras. Los conocedores del sistema de inmersión lingüístico catalán (modelo en el que se estaba pensando cuando se incluyó este cambio) destacan que esto ya funcionaba así de facto y que en cualquier caso los tribunales ya han establecido que las familias que así lo pidan tienen derecho a recibir un 25% de sus clases en castellano. Apenas un centenar de ellas lo solicita al año en toda Catalunya.
Religión y Cultura de las religiones
Otro de los elementos ruidosos pero que parece generar más debate a nivel social que en los propios colegios. La Lomloe mantiene la asignatura como de oferta obligatoria para los centros, pero optativa para el alumnado. La norma le resta peso en el sistema a la materia: no contará para la nota media final, como había introducido la ley Wert, y no tendrá asignatura alternativa como hasta ahora, lo que promete causar quebraderos de cabeza la dirección de los centros, que se verán forzados básicamente a ponerla al principio o final de la jornada escolar porque no puede haber alumnos sin clase en mitad del horario escolar.
Además, una enmienda de PSOE y ERC establece que «en el marco de la regulación de las enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones». No hay más información en la ley, y fuentes socialistas aclaran que se regulará posteriormente, que no será obligatoria ni tampoco ejercerá de alternativa a Religión.
Ética y filosofía
Descontados los cambios en Religión, la Ética es la materia de la que más se ha hablado en la última semana. El PSOE ha roto en la Lomloe el consenso que alcanzó el Congreso para recuperar el ciclo de formación filosófica (una sucesión de asignaturas en cursos consecutivos con un sentido conjunto) que rompió la Lomce, según denuncia la Red Española de Filosofía, que agrupa a profesionales de todo tipo relacionados con la Filosofía. La redacción de la nueva ley no prevé ninguna asignatura con estos contenidos en la Secundaria Obligatoria –las comunidades autónomas podrán incluir alguna optativa dentro de su margen de actuación–, pero sí una materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, «que prestará especial atención a la reflexión ética y se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible», etc. La materia tiene, a falta del desarrollo del currículo, un aire a la extinta Educación para la Ciudadanía y amenaza con provocar los mismos desencuentros que aquella, que la derecha tachó de ideologizante y adoctrinadora. La REF sostiene que, diga lo que diga el Gobierno, no es la materia de Ética que ellos piden.
La Lomloe sí recupera la obligatoriedad de dos asignaturas de Filosofía en Bachillerato, una en 1º y otra en 2º, que laminó Wert.
Agrupación de asignaturas por ámbitos
Otra de las novedades más puramente educativas que trae la Lomloe es que permitirá la agrupación de las asignaturas por ámbitos de conocimiento, de manera que no haya que impartir necesariamente una materia de Biología y otra de Física y Química, podrán ir juntas. «Los centros educativos podrán establecer organizaciones didácticas que impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito, de acuerdo con su proyecto educativo», explicita la ley. Esto supone darle carácter normativo a algo que se venía haciendo en ciertos lugares. Queda exento de esta práctica el 4º curso de la ESO.
Límites a la escuela concertada
La Lomloe incluye varias novedades respecto a la situación, extensión y rol de la escuela concertada en el sistema educativo. Algunas de ellas se han realizado pensando exclusivamente en ciertas prácticas que se han venido desarrollando en la Comunidad de Madrid por los centros privados sostenidos con fondos públicos, según explican fuentes socialistas y del Gobierno. Dos de las que más demandaban los defensores de la pública son la prohibición de ceder suelo público para la construcción de centros concertados y la prohibición de concertar centros que segreguen a su alumnado por sexo. La ley Celaá incluye ambas medidas, que había introducido la ley Wert. La plataforma Más plurales no ha dado la batalla especialmente con estos dos asuntos.
Además, el Gobierno quiere poner fin a esa práctica irregular pero asumida de que la escuela concertada cobre cuotas a las familias de manera más o menos transparente. Para ello, la Lomloe prohíbe introducir actividades complementarias dentro del horario lectivo (se cobran aparte y pone a las familias en el brete de pagarlas o ver cómo su hijo es excluido, a veces en mitad de la jornada escolar) y obliga a las administraciones educativas a controlar que no se paguen cuotas.
Reparto de alumnado, «demanda social» y segregación
El Gobierno también pretende reducir la segregación de alumnado en el sistema con varias medidas que también afectan a la escuela concertada agrupadas en dos ámbitos: la gestión de la oferta de plazas y el proceso de admisión y reparto del alumnado por los centros para evitar que los más favorecidos se junten en la escuela privada sostenida con fondos públicos y los más humildes se matriculen en las públicas. En cuanto a la oferta, la Lomloe retira de su articulado la expresión «demanda social», que se inventó la Lomce. José Ignacio Wert incluyó esta fórmula en su ley para determinar qué tipo de plazas debían ofrecerse a la población para garantizar el derecho a la educación que garantiza la Constitución, apelando a que si las familias querían escuela concertada habría que darles escuela concertada. El problema que encuentra el Gobierno es que esta fórmula al revés no funcionaba según dónde (de nuevo, con un ojo en Madrid). Las plazas en centros públicos no estaban garantizadas.
El Gobierno quiere potenciar la escuela pública en la Lomloe. Para ello, ha introducido varios cambios en el articulado. Además de retirar la expresión «demanda social» –una de las medidas más criticadas por los defensores de la concertada, que acusan al Gobierno de restringir la libertad de elección de centro y han realizado una campaña contra la norma que incluye el uso de menores–, se establece por ley que la garantía de que exista una oferta de plazas suficientes corresponde a la escuela pública, mediante fórmulas como que esa garantía se articulará «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» o que «las administraciones educativas programarán la oferta de modo que garanticen la existencia de plazas públicas», además de promover «un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».
La otra pata de las políticas para reducir la segregación es el reparto del alumnado por los centros. Los cambios fundamentales en este sentido, para deshacer los que introdujo la Lomce, son primar en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que también recogía la ley Wert, pero no priorizaba: «Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales», dice la Lomloe. La otra medida es establecer «áreas de influencia» de los centros para hacer efectiva la aplicación de los criterios de proximidad y dar a las Comisiones de garantía de escolarización, encargadas de dirimir disputas cuando hay más demanda que oferta de plazas en un centro, el mandato de «evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de cualquier otra naturaleza».
Cambios en la educación especial
Otro de los aspectos que más ruido ha hecho, bajo acusaciones al Gobierno de que «los centros de educación especial van a desaparecer». La polémica se centra en torno a la disposición adicional cuarta de la Lomloe. Este apartado fija la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada por España en 2008, como marco de referencia (al ser una convención internacional ratificada por el país es obligatorio, en el rango jerárquico está solo por debajo de la Constitución) y establece que todos los niños tienen derecho a una educación inclusiva en un centro ordinario.
La disposición cuestionada no llega a tanto. Establece que «el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años [aquí va la referencia a la Convención] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad». Esta es la parte que desde la patronal se entiende como una amenaza a su existencia. Más adelante, en referencia a los centros de Educación Especial, la ley añade: «Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios». Además, el articulado de la ley establece que se escuchará a las familias a la hora de matricular al alumnado con necesidades educativas especiales en unos centros u otros, con el fin de evitar situaciones como las que se dan de que las administraciones educativas deciden unilateralmente y luego la justicia corrige la decisión, pero varios años después. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han establecido que los menores con discapacidad tienen derecho a ser escolarizados en centros ordinarios.
El reparto competencial
La Lomloe modifica también el reparto entre Gobierno y comunidades autónomas sobre el currículum educativo y sustituye el método que instauró Wert (por el que el Gobierno central decretaba un número de asignaturas comunes para toda España y daba a las autonomías capacidad de introducir unas pocas optativas) por uno de porcentajes. Así, tras enmendar el texto original, el Ministerio de Educación se ocupará del 60% del currículo, porcentaje que caerá al 50% en las comunidades con lengua cooficial. También se añade en la ley que los centros educativos «desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas en uso de su autonomía». Algo más de libertad para los centros.
Colegios e institutos también ganarán algo de autonomía respecto a la Lomce. El articulado de la Lomloe recupera el papel de los Consejos Escolares, disminuidos en la ley Wert en favor de la dirección de los centros. La nueva norma establece que «la comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su Consejo Escolar».
Impulso a la Formación Profesional
No es exclusivo de la Lomloe porque vendrá con una ley propia, pero también vienen cambios en la FP. Ya se ha mencionado que titular en la etapa básica, para alumnos de 15 años que tienen problemas para seguir el ritmo en Secundaria, otorgará directamente el título de la ESO para que este alumnado pueda seguir progresando por el sistema o al menos tenga una titulación obligatoria. También habrá una especie de másteres de la FP, para la especialización al modo de los universitarios, y se flexibilizan los estudios para que no tengan que durar necesariamente todos lo mismo, como sucede ahora.
Más plazas públicas en la etapa 0-3
El Gobierno quiere impulsar la Educación Infantil, que no es obligatoria pero sí prácticamente universal en el segundo ciclo (3-6 años) aunque flojea en el primero (0-3 años), con una oferta de plazas «pública, suficiente y asequible». El objetivo que se quiere alcanzar, expone la ley, es «atender todas las solicitudes de escolarización» en la etapa inicial. También se recupera parte del carácter educativo de la etapa, que la Lomce laminó por otro más asistencial.
El profesorado podrá ser apartado
La Lomloe incluye una disposición adicional nueva, la cuadragésima octava, que no ha gustado mucho a los sindicatos porque entienden que corresponde al ámbito del Estatuto docente, aún pendiente de negociar. Es de carácter disciplinar sobre el «cambio de las funciones del personal docente», y dice así: «Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición, podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado. La remoción ha de ser consecuencia de un expediente contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección educativa».
