El profesor Fernández no fue despedido porque fuese cura casado, sino porque ese dato salió en un periódico local
El despido del profesor Fernández, mandado al paro por orden del obispo de Murcia, ocurrió en 1997. Es un largo pleito, sin duda, pero no concluye ahora. El caso sigue vivo con otras víctimas en esta España que se resiste a ser aconfesional o laica como manda la Constitución de 1978. Este docente de catolicismo no fue despedido porque fuese cura casado (que lo era –lo es- con todas las bendiciones de Roma), sino porque ese dato salió en un periódico local. El obispo, curso tras curso, lo había contratado hasta entonces sin problemas, ni laborales ni de conciencia. Incluso se dijo a veces su amigo y protector. Pero ¡ay la prensa!, ¡ay el qué dirán! El despido fue fulminante. El escándalo aún colea.
Así es España en materia de laicidad. Ni un paso al frente. Peor, se ha retrocedido. Apenas dos años después, el 26 de febrero de 1999, el entonces ministro de Educación, Mariano Rajoy, firmó junto al presidente de la Conferencia Episcopal Española, entonces el arzobispo Elías Yanes, debidamente autorizados por el Estado de la Santa Sede, un convenio que equiparaba a los docentes de catolicismo con el resto del profesorado estatal. Es decir, el Ministerio de Educación pasaba a ser empleador de catequistas católicos, aunque la selección seguía en manos de los obispos, que podían despedirlos cada año sin causa o por cualquier causa: casarse por lo civil o con un divorciado, irse de copas con los amigos, ser concejal de IU, caerle mal al delegado diocesano del ramo…
Desde entonces, las salas de Justicia regionales y el Tribunal Constitucional han resuelto muchos cientos de despidos religiosos y la Administración educativa ha pagado cientos de millones de euros en indemnizaciones por pisotear (o dejar que los prelados pisoteasen) derechos fundamentales de esos docentes. Ningún Gobierno se ha atrevido a atajar el origen del desafuero, es decir, a denunciar los llamados Acuerdos de enero de 1979, concordados en secreto en Roma, nada más morir el dictador Franco, entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Vaticano. Cuando en Madrid se concluyó la Constitución vigente, mediado el año 1978, la cuestión de la enseñanza del catolicismo en las escuelas ya estaba atada y bien atada.
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve a proclamar que la decisión de despedir al profesor Fernández fue "de naturaleza estrictamente religiosa". Eso se sabía por acá hasta la saciedad. ¡Es la religión, estúpido!, podría exclamarse parodiando otras circunstancias parecidas. Pero no es ese el dictamen que se espera del TEDH. Hace falta que un día el más alto tribunal europeo se pronuncie sobre si es legal que un Estado de la UE esté sometido sin remedio a códigos canónicos o acuerdos religiosos con un Estado ajeno a la UE, como es el de la llamada Santa Sede.
Por un voto, la Gran Sala dice que sí, que España sigue sometida mientras estén vigentes esos Acuerdos. Pero añade que los tribunales nacionales podrían sopesar si se están vulnerando derechos fundamentales cuando un ciudadano español pierde su empleo público por casarse y “salir en un periódico con su mujer y sus hijos”. Cosas como estas han ocurrido aquí cientos de veces, sin consecuencias. El papa Francisco legalizará (es un decir) el matrimonio de los curas católicos romanos antes de que en España se dé ese paso. La laicidad, siempre la laicidad.
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