La reunión del consejero de Cultura y el portavoz de los Obispos del Sur revela la necesidad de una normativa para la apertura de templos que son reclamos turísticos de primer orden.
"Al adquirir su entrada, contribuye al mantenimiento del templo, que no podría permanecer abierto todo el día para las visitas a no ser por la aportación de los que llegan a él". Éste es el mensaje que recibe al visitante a la entrada de la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, una de las principales joyas arquitectónicas del Renacimiento Andaluz que, tras una tortuosa restauración de 28 años que culminó en 2011, ha reabierto sus puertas al público… previo pago.
Edificado en 1234 sobre una antigua mezquita aljama, el templo se había convertido en el tesoro oculto para las generaciones de ubetenses que han asistido a una restauración que ha durado casi 30 años. El estado de ruina en que se encontraba obligó al Obispado de Jaén, titular del inmueble, a cerrar sus puertas al culto y las visitas en 1983. Fue en 1986 cuando la Junta inició una restauración a la que se ha destinado más de seis millones de euros procedentes en su totalidad de las arcas andaluzas. La aparición de restos arqueológicos, la polémica por la construcción de nuevas cubiertas y la dependencia de los presupuestos públicos -en la última fase con la crisis como gran protagonista- dilataron de manera extraordinaria las obras de un edificio que hoy, como reza su web, "ha comenzado una nueva andadura en la que se conjugan las celebraciones cristianas y las visitas turísticas", unas rutas, estas últimas, gestionadas por Palacios y Museos, especializada en gestión de Instituciones Culturales. Esta empresa se reparte al 50% con la iglesia de Santa María los ingresos por las entradas, según Juan Serrano, portavoz en la Comisión de Cultura por IU, y el parlamentario que elevó a la cámara andaluza la queja de los más de tres mil firmantes contra esta suerte de copago patrimonial.
La pregunta de Serrano motivó la comparecencia en el pleno de Luciano Alonso para presentar la propuesta de diálogo con la Iglesia en relación al acceso de los ciudadanos al patrimonio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Una intervención que, a la postre, ha reactivado a principios de este mes, la comisión mixta, con la participación del arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, portavoz de los prelados del sur, para el estudio de éste y de cuantos casos de naturaleza similar existen en Andalucía.
El debate viene de antiguo pero es ahora, en estos tiempos de arcas vacías en todos los estamentos, cuando unos y otros echan mano de la calculadora. La Junta cifra en más de 70 millones de euros la inversión destinada en la última década (desde 2002 a 2011) a actuaciones de conservación y restauración de diferente calado de bienes inmuebles y muebles, como retablos, lienzos, esculturas, azulejería, platería y tejidos, pertenecientes al numeroso, complejo y valiosísimo patrimonio que la Iglesia Católica tiene en Andalucía. En total, en la última década la Administración andaluza ha acometido intervenciones de distinto calado, muchas de ellas contando con los profesionales del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en 387 inmuebles religiosos, de los que 162 tienen el máximo nivel de protección legal y están declarados BIC. Y no sólo en las capitales -acaso el más conocido por el gran público- sino por toda una geografía plagada de singularidades y escasez de medios, no sólo económicos, sino también de religiosos al frente de templos y ermitas. Por regla general, defiende la Consejería de Cultura, los inmuebles sobre los que se ha realizado una intervención pública -sea o no BIC- abren sus puertas sólo en horarios relacionados con el culto.
Y es aquí donde radica la necesidad de entendimiento. En declaraciones a la prensa en Sevilla, a principios de septiembre, monseñor Asenjo quiso poner en valor el esfuerzo de la Iglesia por mantener el patrimonio religioso. "Este trabajo no es fácil, porque una parte es lo que invierte la diócesis como tal con cargo a sus presupuestos, y otra parte mucho más notable es la que invierten las parroquias, que son entes autónomos que se gobiernan a sí mismos, con los propios presupuestos parroquiales y con la ayuda inestimable de los fieles". Y defendió el cobro de entrada en algunos templos con una pregunta retórica: "¿Quién paga después a los guías, la seguridad, a los sacristanes, a las personas que abren y cierran los templos, a las personas que los custodian durante las visitas?"
Incapaz hoy de hacer frente con sus propios medios a grandes y costosas rehabilitaciones en sus edificios, la Iglesia ha confiado a la Junta la restauración de edificios que, a su vez, son vendidos por el Ejecutivo andaluz como reclamos únicos para un turismo que supone el 11,5 del PIB en Andalucía (con 15,5 millones de euros de ingresos en 2011 de la Consejería de Turismo). "Si se restaura con dinero público debería existir una normativa consensuada de visitas porque, como BIC, son reclamos de primer orden". Así se manifiesta Antonio Garrido, portavoz de Cultura por el PP en el Parlamento. "Hay que estudiar caso por caso y en aquellos en que no se pueda aplicar una normativa general, tendrá que valorarse a fondo su complejidad", opina. Y si bien Garrido celebra que se haya convocado esta mesa de diálogo, critica la tardanza "de años" en retomar una comisión que, con todo, asegura, se reanuda ahora por parte del PSOE "forzado, como está, a satisfacer a su socio de Gobierno, que defiende un discurso absolutamente trasnochado". Serrano, por su parte, no esconde sus intereses ideológicos: "Defendemos que todo aquel patrimonio que ha sido financiado con dinero público sea del pueblo, no de la Iglesia, que demasiado bien tratada está por la sociedad, que le exonera del pago del IBI y otros impuestos".
Ideología aparte, lo cierto es que diversas asociaciones vecinales y líderes municipales han protestado por la instauración de la tarifa turística a iglesias restauradas con dinero público, como por ejemplo la Iglesia del Carmen en Antequera, tras ser restaurada con un coste de tres millones se abre a las visitas a razón de dos euros la entrada.
Aunque no existe un registro como tal de los templos, conventos e iglesias que aplican la tarifa turística, Garrido cifra en unos 40 los inmuebles eclesiásticos en los que media el cobro de una entrada. "Para casi todas las catedrales de España y Europa, se paga una cantidad que se destina a la propia conservación del edificio, pero hay que ser transparente en las acciones. No es un problema ideológico, sino una cuestión que garantiza, además del culto, el aprovechamiento de estos recursos para la economía andaluza", opina. En cualquier caso "siempre hay alternativas, como entrada libre a los vecinos y cobrar al turista, como ocurre en otros monumentos, caso del Alcázar de Sevilla".
El historiador Joaquín Egea, portavoz de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), considera que para exigir la apertura de todas las iglesias tendría que diseñarse un plan de trabajo entre la Junta, la Iglesia e investigadores y expertos que redactaran unos mínimos para la apertura de los edificios catalogados de acuerdo a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Es decir, una normativa consensuada para garantizar las condiciones de una visita, como "guías o grupos comprometidos de voluntarios para la realización del recorrido, seguro de robo y daños, folletos explicativos…". De hecho, por esa falta de mínimos, hoy están cerradas al turismo iglesias que han necesitado de una inversión millonaria pero que carecen de un plan de desarrollo posterior, caso de la Iglesia de los Descalzos de Écija (Cultura sufragó 5 millones en solitario) o el convento de los Agustinos de Huécija en Almería, con 1,4 millones públicos.
Respecto al cobro de la entrada, acaso el aspecto que ha subrayado la Junta como brecha con la Iglesia, Egea no rechaza la medida "siempre que los ingresos sean destinados a la conservación del edificio", y tratándose el coste de la entrada "muchas veces testimonial". "Se aprovecha la anécdota para hacer demagogia. Si una empresa organiza unas visitas y ofrece un servicio, es lógico que cobre por ello, lo que no debe permitirse es que se invierta una millonada en una rehabilitación y no se mantenga el edificio y dentro de 30 años haya que rehabilitar de nuevo", resume.
De hecho, la Catedral de Sevilla (con la restauración del Giraldillo), la de Málaga, la Mezquita de Córdoba han recibido generosas inversiones y aplican una tarifa para la visita y contemplación de sus fondos, porque son edificios para la oración pero también atractivos que trascienden nuestras fronteras, una naturaleza que si bien se aplaude en el marco religioso despierta recelos. En la reciente celebración en Sevilla de los 25 años de la declaración de la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Asenjo defendió el papel evangelizador frente a la faceta cultural y turística y reclamó que no se "ahogue ni desvirtúe la esencia religiosa" del templo, ya que de ser así la Catedral "se convertiría en un simple museo".
Límites y sensibilidades que separan el arte de la fe.
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