La llegada de los nuevos mandatarios a las alcaldías y gobernaciones de todo el país revivió un viejo debate. En San Vicente del Caguán (Caquetá), Julián Perdomo, recién inaugurado burgomaestre, expidió el primer decreto de su administración entregándole las llaves de la ciudad a Jesucristo. El escándalo que despertó llevó a que se echara para atrás el acto, pero no es la primera vez, ni será la última, que algo así ocurra en Colombia. ¿Por qué es habitual ver este tipo de actos y qué tienen de malo?
El Decreto 001 de 2020 dice: “Hágase entrega de las llaves del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, al único y verdadero Dios Jesucristo, en honor y honra para que su presencia permanezca eternamente entre nosotros”. En las consideraciones se cita el preámbulo de la Constitución, que menciona a Dios, y el artículo 19, que garantiza la libertad de culto. Por eso el primer artículo del decreto establece “que el señor Jesucristo será, a partir de hoy, el Rey y Señor de nuestro territorio”.
En el cubrimiento de lo ocurrido en San Vicente del Caguán, Noticias Caracol entrevistó a un sacerdote católico de la ciudad. “Jesucristo es el rey del universo y que una persona de fe involucre a Cristo en sus deberes y responsabilidades me parece muy positivo”, dijo. Como él, muchas voces, en este país de mayorías creyentes, se preguntaron qué tenía de malo el actuar del alcalde Perdomo.
Hay que diferenciar el ámbito privado y el público. La protección de la libertad de cultos, uno de los pilares de nuestra Constitución que ha sido reiterado y protegido en numerosas ocasiones por la Corte Constitucional, es a menudo mal interpretado. El propósito de ese artículo es garantizar que todos los colombianos puedan profesar la religión que deseen sin ser sujetos a presiones ni persecuciones por parte del Estado. Eso implica, necesariamente, que las instituciones públicas no preferencien un culto sobre los demás.
¿Significa esto que los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados deben abandonar sus creencias religiosas? Por supuesto que no. Lo que sí deben entender es que tan pronto juran cumplir la Constitución, se convierten en representantes de todos los colombianos, no solo de aquellos que comparten su misma fe religiosa. Es una medida necesaria para garantizar la igualdad de los ciudadanos y la independencia del Estado de cualquier tipo de injerencia. Esa es la naturaleza del laicismo del Estado colombiano.
Es claro que estamos en el ámbito de lo simbólico, pero en los aspectos que conciernen a la conciencia, cada gesto es de suma importancia. Un decreto oficial de una alcaldía que dice que en su ciudad hay un “rey y señor”, y se refiere al dios de una religión particular, está irrespetando las creencias de quienes tienen cosmovisiones diferentes. No se trata de negar que el catolicismo y el cristianismo han sido históricamente acogidos por una mayoría de los colombianos, sino de proteger y valorar el hecho de que nuestro país también es hogar de personas con una pluralidad de credos (y algunos que no creen en ninguna religión, también). El Estado no puede ni debe entregarse a un dios, solo debe garantizar que los ciudadanos puedan hacerlo libremente.
