El TSJ valenciano informa que fue ingresado en la cárcel el pasado febrero tras la investigación policial y que en abril se denegó su petición de libertad provisional “por riesgo de reiteración delictiva”
El TSJ de la Comunidad Valenciana ha confirmado la información adelantada por el diario Levante-EMV de la prisión de un hombre que presuntamente violó a ocho niñas en una Iglesia Evangélica de Valencia. El juzgado número 4 de Mislata tiene abiertas estas diligencias previas desde junio de 2023 que son las que llevaron a la detención del sospechoso por la Policía Nacional como presunto autor de cinco delitos de agresión sexual contra menores de edad. La Policía ha presentado un nuevo atestado recientemente donde hacía constar la existencia de tres nuevas víctimas, con lo que el número total de éstas ascienden ya a ocho.
Según informa el citado rotativo se trata de un hombre de 30 años y nacionalidad paraguaya. Era el encargado del coro de la Iglesia e hijo de la profeta que dirigía la misma, quien a su vez, según varios de los denunciantes, ejercía una fuerte influencia sobre los fieles de esta comunidad religiosa en la que se realizaban prácticas espirituales, según esta información.
El pasado 9 de febrero de 2024, según el TSJ, “el nuevo responsable del órgano judicial, tras recibir declaración de dos de esas víctimas como prueba preconstituida, convocó una comparecencia de prisión conforme a lo que establece el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
El instructor también aprecia un evidente riesgo de fuga si se le deja en libertad
Tras esa comparecencia, a petición de la Fiscalía y la acusación particular, el juez decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado, al apreciar un evidente riesgo de fuga y de reiteración delictiva. También le impuso medidas cautelares de prohibición de aproximación y de comunicación respecto a los cinco víctimas contabilizadas en ese momento.
El pasado 12 de abril, el juez dictó un nuevo auto en el que denegó la petición de libertad formulada por la defensa del investigado, ya que entendía que persistía el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, riesgo que no podía conjurarse con medidas menos restrictivas que la prisión preventiva.
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