Las únicas resistencias a la legalización de la eutanasia se dan entre la jerarquía católica y los dirigentes de los partidos mayoritarios.
Luis Montes es médico anestesista del Hospital Severo Ochoa de Leganés, y desde hace años impulsa la lucha por una muerte digna desde la asociación que preside, Derecho a Morir Dignamente. Acaba de publicar el libro Qué hacemos por una muerte digna, junto a los médicos Fernando Marín y Fernando Soler, y el periodista Fernando Pedrós.
Hay quien piensa que hoy la muerte digna no es una prioridad como debate en España, pues tenemos urgencias económicas y sociales por la crisis. ¿Toca ahora hablar de muerte digna?
Eso es sólo un aspecto más del discurso único neoliberal según el cual a la ciudadanía sólo le importan las cosas tangibles como el precio de los garbanzos o la prima de riesgo. La realidad es que la lucha por la muerte digna no sólo no choca con la lucha por una vida digna, sino que es una herramienta fundamental para conseguir ésta porque permite al ser humano tener el control de su existencia en toda su extensión. Conseguir el reconocimiento legal de la propiedad total de la propia vida tiene más relevancia para el avance en derechos ciudadanos que cualquier cuestión económica. Eso lo saben, y es lo que quieren evitar los que rechazan el debate de muerte digna como irrelevante ante tanto problema “importante”.
A veces el debate sobre la eutanasia encuentra resistencias incluso en gente totalmente ajena a la moral católica.
En mi experiencia las únicas resistencias a la legalización de la eutanasia se dan entre la jerarquía católica y los dirigentes de los partidos mayoritarios. En el caso del PP, porque comulga con la doctrina de la sacralidad de la vida según la cual la vida no nos pertenece porque es de dios, una concepción de la vida que ya no se da ni entre la mayoría de los creyentes ni tampoco entre la mayoría de los votantes o simpatizantes del PP. Respecto al PSOE y sus bandazos respecto a la eutanasia, o no tienen las ideas claras o les falta el valor para enfrentarse a la jerarquía católica. Otra cosa es que entre determinados colectivos como el de sanitarios exista algún grado de prevención sobre posibles abusos si se legaliza, pero ese temor se termina con una buena normativa.
¿Cree que la opinión pública es favorable a la eutanasia?
De eso no le puede quedar a nadie la menor duda. Hay acumulada bastante evidencia científica: cada vez que se le ha preguntado a la población española mediante encuestas con metodología científica, la respuesta ha sido muy mayoritaria a favor de la eutanasia. Ni una sola encuesta ha desmentido ese apoyo, que además se ha mostrado creciente. Por citar sólo la última, de 2009, realizada por encargo del Ministerio de Sanidad: el 75,7% de los encuestados estaba a favor de la eutanasia y solo el 15,6% se mostraba decididamente en contra. Las cifras son contundentes. Vale añadir que solo el 5% de los encuestados desconocía el significado del término eutanasia, la gente sabe de qué se habla. También es significativo que entre los que se mostraron a favor de la eutanasia, el 70% se declaraban católicos. Ya quisieran todos los derechos reconocidos legalmente tener este grado de aceptación ciudadana. El problema, como en tantas otras cuestiones, no es de la ciudadanía sino de los políticos, son ellos los que no parecen estar maduros.
Parece que todo lo relacionado con la muerte digna encuentra en ámbitos conservadores incluso más resistencia que otros asuntos como el matrimonio homosexual o el aborto. ¿Es como una última frontera a la que no están dispuestos?
Creo que coinciden varias circunstancias. La primera es la importancia que el control del tabú de la muerte y el más allá tiene tanto para los poderes fácticos como para los legítimos. Es la forma de mantener la sumisión. Cuando la ley permita que cada uno decida libremente cuándo y cómo morir y que, en caso de enfermedad sin solución, pueda recibir ayuda sanitaria para hacerlo, se habrá terminado con el chantaje y el tabú de la vida como propiedad divina y administrada por la jerarquía religiosa. ¿Qué forma de control de las voluntades les quedaría a los jerarcas católicos? Ninguno, porque la batalla del sexo-pecado hace rato que la perdieron. Es, efectivamente, su última frontera. Otra circunstancia que explica el porqué se ha avanzado menos en relación con la muerte digna es que es una causa mucho menos movilizadora de masas. No son imaginables hoy por hoy manifestaciones ciudadanas por las calles pidiendo la eutanasia. De hecho, no se han producido en los países de nuestro entorno que la han legalizado. Por último, hace muy poco que la medicina ha sido capaz de alargar (y amargar) la parte final de nuestras vidas. El problema de ser obligado a una existencia sin sentido es reciente y el rechazo a ello, también.
¿Es posible avanzar sin antes resolver de una vez por todas la aconfesionalidad del Estado y la laicidad de instituciones y leyes?
Está claro que la aconfesionalidad del Estado español que declara nuestra Constitución está tan vacía de contenido como la libertad individual y la autonomía personal. Los obispos en España mandan mucho, que se lo digan al ministro Wert. Nuestro código penal sigue considerando ilegales algunas conductas simplemente porque la iglesia católica las considera pecado. La situación de dominio de la iglesia católica sobre el Estado es inaceptable pero cada vez queda más en evidencia. La gente sabe ya que esa iglesia que manda tanto no está contribuyendo a “apretarse el cinturón” y que, encima se está apropiando de bienes comunales de los pueblo. Al final, un partido que quiera ser alternativa de gobierno tendrá que dar pasos claros en la separación iglesia-Estado y el fin de los privilegios de la iglesia católica.
¿Nos resignamos a que sea un debate guadianesco, que aparece y desaparece siempre en función de casos particulares que reciben atención mediática?
La conciencia ciudadana sobre el derecho a decidir sobre la propia vida es firme y permanente, otra cosa es que el debate se haga presente en los medios a golpe de suceso. Se trata en general de situaciones tan límites que cobran presencia y relevancia, pero el debate y la pelea por los derechos que sí nos están reconocidos, como el rechazo a tratamientos aunque ocasione la muerte, se da a diario en nuestros hospitales y asilos. Cada vez más y cada vez con más éxito.
¿Quién niega ese debate a los ciudadanos e impide avanzar en la consecución de una muerte digna?
Creo que lo he dejado bien claro: la jerarquía católica, quienes actúan a su dictado y quienes, incomprensiblemente tiene una postura en la oposición y la contraria cuando tiene el poder. Cuando pueden tomar las decisiones, resulta que no estamos bastante maduros…
¿Qué tipo de reformas legales habría que hacer?
La primera, eliminar el articulo 143 del Código Penal y dejar de penalizar las conductas altruistas de ayuda a quienes no tienen otra forma aceptable de evitar el sufrimiento que dejar de vivir. Tras eso, tomar ejemplo de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. No se trata de abrir debates que ya están cerrados en esos países, se trata de que las leyes recojan como normal lo que los ciudadanos y ciudadanas consideramos normal.
¿Dejó pasar el PSOE la oportunidad de un mayor desarrollo mientras gobernaba?
No quiero pensar que la explicación sea que los muertos ni votan ni retiran el voto, pero lo cierto es que no ha mostrado el mismo coraje que respecto a otros derechos.
¿Hay muchas diferencias de unas Comunidades a otras en los derechos relacionados con el final de la vida?
En realidad, los derechos en relación con el final de la vida están contenidos en la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002 y las de Testamento Vital. Las leyes llamadas de Muerte Digna de Andalucía, Aragón y Navarra sólo añaden más claridad y definición de los derechos y más garantías de su cumplimiento, cosa que no es poco. Con esas leyes no habría sido posible la acusación falsa del consejero Lamela [ex consejero de Sanidad madrileño que denunció a Montes y a otros médicos del Hospital de Leganés acusándolos de sedaciones irregulares, causa que fue sobreseída por la Justicia]. O al menos le habría sido más difícil. El año pasado quedó bien en evidencia la utilidad de esas leyes. Mientras en Madrid, ejercer el derecho a renunciar a la alimentación artificial sólo encontró dificultades y rechazo, en Andalucía se tardó veinticuatro horas en hacer cumplir al centro sanitario privado la ley que se negaba a cumplir.
Las normativas que regulan el Testamento Vital, ¿son suficientes? ¿Garantizan una muerte digna en todos los casos?
Son herramientas muy importante porque el Testamento Vital permite a las personas plantearse su final y discutir sus valores con los suyos asumiendo en parte el control aun cuando no estén ya competentes. El problema es que no se ha hecho ningún esfuerzo institucional para extender este derecho y que tampoco permite la libertad de decidir el final. Ése sigue en manos de otros. En nuestro país no hay ninguna garantía absoluta de una muerte digna, uno se muere como le dejan y ello depende de qué médico le toque en suerte al final.
¿Qué países son modélicos, hacia qué ejemplos deberíamos dirigirnos?
Ya he dicho que Holanda, Bélgica (que a pesar de ser un país católico tiene una ley de eutanasia que se aplica incluso en los numerosos centros sanitarios de propiedad de la iglesia católica) y Luxemburgo. También en esto de la eutanasia está ya inventado casi todo.
¿Cuál es la opinión mayoritaria entre los médicos responsables en materia de eutanasia?
En la encuesta que encargó al CIS el Senado en 2000, realizada dos años más tarde, casi el 30% de los médicos declararon haber tenido alguna petición de eutanasia. El 59,9% consideraba que debería haber una ley que regulase la eutanasia y, lo que desmonta el argumento de que los cuidados paliativos son el antídoto contra la eutanasia, el 97,7% de los médicos encuestados cree que los cuidados paliativos no solucionan todas las demandas de eutanasia.
La ley, ¿deja margen suficiente para que el médico pueda interpretarla en beneficio del paciente?
Las leyes son fundamentalmente ambiguas: ¿que ayuda es necesaria y cual no? ¿Es una ayuda necesaria la que garantiza una muerte tranquila cuando el paciente puede poner fin a su vida tirándose por la ventana? ¿Es ético condenar a un paciente a un suicidio sangriento, terrible y sin garantías de éxito? El beneficio, el mejor interés del paciente debe ser la principal motivación del médico, pero, ¡ojo! El único que puede determinar cuál es el interés del paciente es el propio paciente o sus representantes si ya no es competente.
¿Están bien informados hoy los pacientes de sus derechos en relación con el final de la vida?
La administración incumple sistemáticamente su obligación de informar de sus derechos a la ciudadanía. Nuestra organización, Derecho a Morir Dignamente, hace más pedagogía de derechos sanitarios en una semana de la que han hecho las autoridades sanitarias estatales y autonómicas en los últimos cinco años, para vergüenza de esas administraciones.
Para los pacientes y familiares, ante la discrecionalidad que permite la legislación, ¿es buen camino la reclamación de sus derechos ante la justicia? ¿Se han conseguido avances así?
Cuando los derechos no se reclaman se convierten en papel mojado. El problema es que mal se puede reclamar un derecho que no se conoce. En algunos casos se tiene que llegar a reclamar el amparo judicial pero, aunque sea difícil de creer, los jueces no tienen gran información de estos derechos y tienen la tendencia a dejar en libertad de actuar al médico que, por tradición, se considera el garante de derechos de los pacientes. Cuando hay conflicto entre una familia que conoce sus derechos y se los reclama al médico, por más fundamentalista que sea, suele retroceder ante la amenaza de una intervención judicial y, más aun, mediática.
Y en cuanto a los cooperantes en la muerte de familiares y amigos, ¿cuál es la actitud habitual de la justicia? ¿Hay denuncias, hay consecuencias penales?
La justicia no suele actuar sin denuncia. Incluso en casos muy sonados como el de Ramón Sampedro donde era evidente la ayuda imprescindible, la justicia no ha puesto demasiado empeño en buscar “culpable”. El problema no está tanto en que se haya aplicado el artículo 143.4 como que puede aplicarse. Sólo se necesita un juez o un fiscal fundamentalista que tiene conocimiento de un caso de ayuda. El peligro existe.
¿Cómo afectarán los recortes y privatizaciones a temas tan sensibles como los cuidados paliativos?
Dada la tendencia manifiesta a poner la asistencia en manos privadas, es probable que los paliativos tengan un trato de favor. No en vano es la única parcela de la asistencia sanitaria que está ya mayoritariamente en manos privadas religiosas de las más fundamentalistas. El control del final de la vida es muy importante para la iglesia. En Madrid, un paciente tiene elevadas posibilidades de morir entre símbolos religiosos.
Hay una palabra fundamental en la lucha de asociaciones como la suya en todo el mundo: dignidad. ¿Es posible una vida digna plena sin una muerte digna?
A mi juicio, no. Sin libertad para diseñar la propia muerte, tanto como la propia vida, la autonomía personal es una estafa, una declaración formal sin contenido.
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